La justicia transicional incorporada al sistema jurídico colombiano a partir de los acuerdos de paz suscritos en 2016 gradualmente se abre paso con sus decisiones y acciones para aterrizar en la sociedad colombiana y en el Estado el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
En reciente entrevista a la presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, quedó claro el sentido de su acción y la perversa intención de las falacias de sus contradictores políticos de la ultraderecha uribista que presionan para que no se sepa la verdad de lo ocurrido a lo largo del conflicto armado colombiano.
El Centro Democrático, liderado por el cuestionado expresidente Álvaro Uribe y sus aliados en el gobierno de Iván Duque, sigue en su empeño por hacer trizas la JEP. Se les volvió el coco y cada uno de sus pasos siembra el pánico a través de sus filas de claro tinte fascista, mas cuando esta entidad nacida con la construcción de la paz anunció recientemente que abordará la situación de casi nueve millones de víctimas del conflicto.
En efecto, una de las grandes tareas que debe asumir esta jurisdicción es la apertura de nuevos casos. Ya existen siete, tres de ellos enfocados en territorios y otros cuatro en fenómenos criminales. La pandemia ha retrasado el cronograma, pero se espera que a más tardar a finales de este año se conozcan los nuevos capítulos que juzgará la JEP. Las líneas de investigación van avanzando y, de acuerdo con fuentes dentro de la jurisdicción, hasta ahora llevan la delantera desplazamiento y violencia sexual.
Ese trabajo es realizado por el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP, encargado de sistematizar y analizar los informes que entregan las organizaciones sociales y entidades del Estado, además de los datos suministrados por la academia, las decisiones judiciales y los análisis del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Todo esto para apoyar a los magistrados en sus decisiones de priorizar un caso o contrastar información.
El drama del desplazamiento forzado de campesinos en Colombia.
Respecto de los casos de desplazamiento forzado el GRAI marcha a un buen ritmo. Ha procesado cifras de la Unidad de Víctimas y la Fiscalía General de la Nación y ahora está a la espera de gestionar los datos de la Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada.
Se ha avanzado en la investigación sobre cómo se ha juzgado este delito en otras jurisdicciones. Ha sistematizado 350 sentencias que han sido representativas para comprender el desplazamiento forzado y el despojo: 281 de Restitución de Tierra y 69 de Justicia y Paz.
“La premura también parte del llamado de varias organizaciones sociales, que han expuesto la necesidad de que la justicia transicional se preocupe por este delito que, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, ha dejado ocho millones de víctimas en el país”.
Las víctimas de la megaminería
Una de los temas de mayor prioridad es el de las víctimas de la megaminería asociada con la política de clara matriz neoliberal denominada locomotora minera que impulsó el gobierno conservador de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018) y las dos administraciones narcoparapolíticas de Uribe Vélez (2002-2010).
Son miles las víctimas afectadas por la gran minería en el país realizada por poderosas multinacionales. Eso sin olvidar que muchas de empresas se aliaron con sanguinarios bloques y frentes paramilitares, a los que les fueron entregado millones de dólares para expulsar y despojar a millares de campesinos mediante masacres, desapariciones, desplazamientos, chantajes y prescripciones administrativas de títulos de reforma agraria.
Esta cruel situación amerita que la JEP abra un caso especial con las víctimas de la gran minería en Colombia.
Actualmentem se elabora un derecho de petición en ese sentido ante la JEP con la firma de varias organizaciones sociales y sindicatos vinculados a esta actividad en el país. Se espera que esa jurisdicción proceda con la celeridad y diligencia requerida, como lo ha hecho hasta ahora con los otros siete casos especiales focalizados.
Hay denuncias penales contra Drummond y Glencore en la justicia ordinaria colombiana (mismas que están estancadas) y ante las cortes judiciales de Alabama (que tampoco avanzan), promovidas por la organización Pax Holanda, sustentadas con estudios muy rigurosos de los daños perpetrados como el que se incluye en el libro El lado oscuro del carbón.
