En un país donde toda la clase política quiere y cree que puede ser presidente es importante que las altas cortes, los organismos de control y la Fiscalía no sean caminos viables para nuestros numerosos e ilustres presidenciables. Existen amplias oportunidades en el Ejecutivo, Legislativo y en el sector privado para exaltar sus capacidades. La justicia tiene que ser política, pero no puede estar llena de políticos dedicados a la politiquería.
Lo que no es político es que los magistrados de las altas cortes participen en los nombramientos del fiscal, procurador, contralor y de otros magistrados. Eso es un problema de diseño constitucional que abre las puertas a la politiquería, el clientelismo y la corrupción. Ahí nace la puerta giratoria. Los magistrados estudian y se entrenan para decidir casos complejos de gran relevancia para la estructura de la sociedad. Se les paga por su conocimiento del derecho y su capacidad para tomar decisiones difíciles. No se les debería pagar por nombrar a sus colegas y a sus contrapesos. Sin desconocer la complejidad del tema, el primer paso para erradicar el clientelismo estructural generado por nuestro diseño constitucional es quitarles las facultades nominadoras a las altas cortes. Que los magistrados se dediquen al ejercicio del poder Judicial sin dedicarle tanto tiempo al ejercicio de los poderes administrativos de la justicia, cuna de la politiquería.
En cuanto a la politiquería, su vínculo con la corrupción es evidente. Basa su accionar en el intercambio de votos y apoyos por puestos, favores y contratos, mediante el uso de presiones indebidas e incluso ilegales; favorece la opacidad en actuaciones que por su esencia deberían ser públicas, y se estructura en torno a redes que se apropian de bienes y servicios públicos y capturan la institucionalidad estatal para beneficio particular. El caso más emblemático y grave es el de la alimentación escolar, donde redes de políticos, funcionarios públicos y contratistas se aliaron para hacerse a millonarios contratos a costa de la salud y la vida de miles de niños. Esta es sin duda la peor forma de corrupción porque el daño social causado es de incalculables proporciones y viola derechos fundamentales. Por eso las víctimas deben ser reparadas y los culpables sancionados sin contemplaciones.
Los partidos se han ido convirtiendo en una vergüenza. Ninguno se salva de tener integrantes metidos en corruptelas. En algunas de esas formaciones todo el que puede mama mermelada y a la menor oportunidad se avienta sobre el erario.
Qué pena decirlo, pero esas organizaciones en general se transformaron en cuevas hediondas, entelequias sin filosofía ni sustancia. Tanto es así que gran parte de los candidatos a la presidencia están buscando su inscripción por el sistema de firmas, tratando de sacar toda la distancia posible de aquellas ollas podridas.
La jornada política electoral equivale a una gran millonada de pesos colombianos, miles y miles de millones de pesos despilfarrados en papelería, en publicidad y en la compra y venta de votos ciudadanos.
Prevenimos a los ciudadanos colombianos a no apoyar ni votar por estos malos elementos que le han hecho mucho daño a la comunidad y que después de delinquir se reincorporan de nuevo como la mala hierba a engrosar los partidos políticos y tradicionales de siempre con otros nombres y con otras figuras.
