¿Qué pasa cuando el sistema judicial de un país no funciona como debería? ¿Qué consecuencias tiene para la sociedad y para la democracia? Estas son algunas de las preguntas que muchos colombianos se hacen ante la evidente crisis que atraviesa la justicia en Colombia. Un sistema judicial penal que se supone que debe aplicar la ley para garantizar los derechos de los ciudadanos, proteger a las víctimas y sancionar a los culpables, se ha convertido en un ciclo vicioso de impunidad, corrupción y violencia.
El ciclo empieza con una demanda o una denuncia penal, que por mandato de la Constitución Nacional, debe ser atendida por la Fiscalía por mandato 250 de la Constitución Nacional. La Fiscalía tiene la obligación de hacer la indagación, la investigación y la acusación para demostrar quiénes son los autores, cuál es la conducta delictuosa y qué daños produjo a las víctimas. Sin embargo, muchos casos se quedan en el limbo por falta de acciones, de voluntad o de ética de los fiscales. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2023, el 90% de los delitos en Colombia quedan en la impunidad. ¿Cuántos fueron por falta de indagación? ¿O falta de investigación? O falta de acusación...
El ciclo continúa con el juez, que es el encargado de juzgar a los autores y sus hechos, y de dictar una sentencia condenatoria o absolutoria, según corresponda. El juez también debe imponer una pena a los responsables y ordenar la indemnización a las víctimas. No obstante, muchos jueces se ven presionados o amenazados por grupos armados, políticos o grupos económicos que buscan influir en sus decisiones. Otros jueces se dejan sobornar o manipular por los abogados de la defensa, que muchas veces recurren a testigos falsos, documentos falsos o pruebas falsas para desvirtuar los hechos. Según la encuesta de Transparencia Internacional de 2023, el 80% de los colombianos considera que el poder judicial es corrupto o muy corrupto.
El ciclo termina con la víctima, que es la que más sufre las consecuencias de este sistema judicial fallido. La víctima se ve sometida a un proceso largo, tedioso y frustrante, en el que no recibe la atención, la protección ni la reparación que merece. La víctima se siente desamparada, desconfiada y desesperanzada ante la falta de justicia. La víctima se convierte en un ciudadano descontento, indignado y desilusionado con el sistema de gobierno democrático que con bombos y platillos le hizo creer que le creo la ley que le otorgó el derecho vulnerado, y qué hay una justicia que aplica la ley para restablecer sus derechos vulnerados, obligar al delincuente a indemnizar los perjuicios por los daños ocasionados y le impondrá la pena al criminal. Según el estudio de la Universidad Nacional de Colombia de 2023, el 70% de los colombianos no confía en las instituciones del Estado
Este es el ciclo vicioso de la justicia en Colombia, un ciclo que se repite una y otra vez, y que afecta a todos los niveles de la sociedad. Un ciclo que se debe romper cuanto antes, si queremos construir un país más justo, más pacífico y más democrático. Para ello, se requiere de una reforma profunda y urgente del sistema judicial, que garantice la independencia, la eficiencia y la transparencia de los operadores de justicia. También se requiere de una mayor participación y vigilancia de la ciudadanía, que exija y defienda sus derechos, y que denuncie y rechace cualquier acto de corrupción o violencia. Solo así podremos salir de este ciclo vicioso y entrar en un ciclo virtuoso de justicia, paz y democracia. ¿Estás dispuesto a hacerlo?
