Degradante lo que padece actualmente en nuestra rama judicial, y, no es para menos cuando observamos la mayor manifestación de miseria acontecida recientemente en la Fiscalía General de la Nación —con el fiscal anticorrupción corrupto— y en la Corte Suprema de Justicia —con dos magistrados vendidos—. La situación es deplorable, pues no comprendemos cómo Luis Gustavo Moreno llegó a ejercer dicha dignidad, ni mucho menos cómo logró armar un entramado criminal con dos reconocidos magistrados, que sin pudor alguno, se prestaron para ello.
Escándalos anteriores en la Corte Constitucional, en el tribunal del Meta y ahora en la Corte Suprema, resultan suficientes para deducir que el déficit corrupto se ha tomado el sistema en su totalidad; no hay credibilidad en las instituciones y, lo peor, es que hasta ahora no hay quien se preocupe por proponer una reforma de fondo a todo este desastre. Particularmente, consideramos que el sistema mejoraría si el mismo se reformase de fondo a través de una modificación estructural que permita despolitizar la elección de magistrados y la postulación de cargos relevantes, verbigracia como el que ostentaba Luis Gustavo Moreno.
Los colombianos que, por razones obvias, anhelamos un sistema jurisdiccional serio, imparcial e independiente, concebimos en la actualidad que ello no es más que una burda utopía. Si en las altas Cortes no tienen reparo en vender tutelas, aceptar sobornos y prevaricar, ¿qué podemos exigirles a los jueces de inferior jerarquía que esperan en algún momento acceder a tan magnas dignidades?
Nada bueno debe resultar cuando se presentan estas crisis, pues es inconcebible desde cualquier punto de vista que nuestros más altos dignatarios del Estado tengan la osadía de incurrir en actos de corrupción. Es una burla de los mismos frente a la democracia, por tal razón, es que merecen ser castigados con total implacabilidad.
Los señores Luis Gustavo Moreno, Leónidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino defraudaron la integridad del aparato jurisdiccional, y ello no lo debemos pasar por alto; el país debe memorizar sus nombres y señalaros incansablemente para que sujetos semejantes eviten incurrir en los mismos actos.
Consideramos apropiada la decisión de extraditar a Luis Gustavo Moreno, pero teniendo presente que dicho acto debe estar condicionado a que manifieste previamente todo lo que sabe, pues de lo contrario, los colombianos nunca conoceremos la verdad del reciente escándalo. A este señor, hay que exigirle que diga toda la verdad, no para que obtenga beneficios legales sino para que nos permita capturar a todo aquel que este inmerso en esta misma situación.
Finalmente, creemos que el fiscal Néstor Humberto Martínez tiene la obligación de manifestar por qué y bajo qué criterios nombró a Luis Gustavo Moreno en dicho cargo. Los colombianos queremos saber qué lo motivó a tomar dicha decisión. Solo así podremos pasar la página en esta situación macabra.
