Es motivo de estupor e indignación la clara evidencia de una justicia corrupta e inoperante ante los presuntos actos viciados de corrupción. Aún más grave es que vamos por un camino muy oscuro y difícil, si las autoridades no se pronuncian ante el persistente aumento de los desalojos de nuestras viviendas, generando desplazamiento interurbano forzado de miles de familias con el beneplácito, aprobación y complicidad de presuntos jueces corruptos que imparten justicia en el centro de Bogotá.
La familia que nos ocupa en el tema está al borde del desalojo y ha cumplido 17 años de lucha continua. Todo empezó con la crisis del Upac, el 31 de diciembre de 1999. Luego de eso, mes a mes, sin perder de vista la defensa de su vivienda ante el juzgado siguieron buscando qué hacer. Esta crisis en su momento les permitió reflexionar, revisar y evaluar las condiciones pactadas en el pagaré. Con gran sorpresa saltaron a la vista las inconsistencias de ilegalidad en el número de unidades Upac pactadas versus el número de unidades pagadas hasta la fecha. Ahí estaba el meollo de la trampa de los bancos, pero al nacer la nueva unidad denominada UVR, la Superintendencia ordenó reliquidar, reestructurar y aliviar. La diferencia al reliquidar fue el valor que mal llamado que se denominó EL ALIVIO, pues era un ahorro del cliente que legalmente debía ser restado. Sin embargo, los bancos falsearon y torcieron la orden y en vez de restarlo lo sumaron al saldo, otra trampa audaz de los insignes banqueros.
Así ha descubierto y denunciado en detalle el fraude por los bancos y en los procesos las vías de hecho ejercido por los jueces, ligados a la violación de debido proceso hipotecario. Han acudido y solicitado nulidades por falta de competencia funcional del Juzgado 5º Civil del Circuito de Ejecución por la desviación y manipulación del reparto de los procesos. Lo anterior como primer eslabón de corrupción y luego han pasando por alto las Sentencias recientes de obligatorio cumplimiento y en su actuar al fingir sobre el desconocimiento de la copiosa y nutrida jurisprudencia con más de 150 sentencias. Incluso estos jueces inducen en error introduciendo falsas afirmaciones en los escritos de las tutelas, actuando en presunto favorecimiento a los carteles del remate de las viviendas y cometiendo acciones de prevaricado, delitos que han denunciado e interpuesto oportunamente ante la Fiscalía General de la Nación y numerosos escritos disciplinarios en su contra ante el CSJ-Consejo Seccional de la Judicatura y los organismos de control con la flagrante violación a los DD. HH. Consagrados en nuestra Constitución Nacional y suscritos en la Declaración de las Naciones Unidas. Denuncias que se han adelantado y que nuestras autoridades y jueces evaden y guardan silencio como una clara evidencia con justa causa señalados presuntamente de “corruptos cínicos y violadores de los DDHH.”
Es de interés que este flagelo llegue y toque al interior de los órganos de control: La Fiscalía, La Procuraduría, La Contraloría, La Consejería Presidencial para los DDHH de la Presidencia y del Senado de la república. A ellos les exigimos actuar con firmeza inmediata y sin tregua, lo cual será la pieza fundamental en la lucha contra la corrupción. Queremos que se investigue el actuar de los jueces, donde se evidencia y percibe la presunta corrupción en contubernio con la mafia de los Carteles del Remate de las viviendas que operan a las puertas y alrededores de los juzgados en el centro de Bogotá. Pareciera que por su cercanía formaran parte del coletazo del denominado Bronx que las autoridades intervenieron.
Con dolor de patria y del sentimiento a las puertas del desalojo de esta familia y muchísimas más les traslado estas denuncias de corrupción como un deber y obligación del ciudadano del bien. Que se conozcan en Colombia y el mundo por los organismos internacionales en DDHH. Aquí al interior de Colombia las autoridades son ciegas, mudas y sordas, permitiendo una clara violación a los DDHH y no pasa nada.
Ha sido una lucha de 17 años a las puertas del desalojo. La esposa se enfermó ante el agravio causado por la juez y funcionarios. No superó la angustia de perder la casa desde el momento del secuestre del inmueble. Ella murió a los seis meses y su familia se desintegró. Actualmente él se encuentra enfermo, sin seguridad social, y vive con su hija y su nieto. Desde hace 4 años tiene pocas posibilidades de trabajo. Dedicó toda su vida a la exploración sísmica con la esperanza de tener algún día su pensión, pero también los jueces laborales manipularon las pruebas y le negaron habiendo demostrado el tiempo con más de 20 años. Aquí en Colombia no se tiene un control de las compañías que entran y se van dejando los pasivos laborales y sociales a expensas de la justicia que se corrompe ante al mejor postor.
Se preguntan, ¿qué van hacer? No saben. A estas alturas de su vida él tiene más de 70 años de edad. A lo largo de su vida contribuyó en la bonanza generando riqueza a nuestro país, pero eso no le sirve de nada. Cuando interpuso una demanda por la reclamación de su pensión no resultó nada. El juez laboral desconoció sus derechos con talanqueras y trampas en los procesos jurídicos laborales. Sin embargo, esto no solo le pasó a él, también a cientos de trabajadores. ¿Dónde está la protección del Estado?, ¿qué pasó con la seguridad social?
Esta familia está previendo el inminente desalojo y desplazamiento forzado interurbano, a pesar de haber seguido las recomendaciones de protección de los siguientes organismos de control, quienes se movieron como una bola de ping pong:
- Consejería Presidencial para los DDHH. origen del pin pong
- Defensoría del Pueblo, de allí la dirigieron la Procuraduría
- Procuraduría General de la Nación, luego todas las bolas saltaron y chocaron aquí
- Del Ministerio de Justicia a la Procuraduría y finalmente luego de pasar por más de cinco funcionarios, un desconocimiento total desconocen las funciones y los pasos a seguir deciden archivarlo, que pena es una vergüenza total! Desconocen que son los DDHH.
- El 9 de marzo de 2017 el CSJ-Consejo Seccional de la Judicatura ordena al Juzgado 5o C.C. Ejecución le alleguen copias de todo el expediente (1600 folios) se confirma su envío el pasado 5 de abril, la toma de desiciones tardara por lo menos 6 meses.
- Pero entre tanto el Señor Juez 5º C.C.de Ejecución, un tanto preocupado o sabe que no va pasar nada, resuelve el pasado 15 de Mayo de 2017 ordenar el Despacho Comisorio No 847 con destino a la Alcaldía Local ordenando la entrega del inmueble, para consumar el desalojo!
- Esta es una prueba flagrante que el señor juez es dispensador de justicia al mejor postor. ¿Cómo les parece la historia?
- Finalmente la buena noticia: La Fiscalía General de la Nación abre investigación en contra de los jueces de Colombia por presunta corrupción y complicidad frente a los desalojos de los cuales genera desplazamientos forzados. Esta fue remitida a la Unidad Gestión de alertas y clasificación.
CIDH celebra la entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, 16 de diciembre de 2016, la cual fue suscrita el 15 de junio de 2015 en la Asamblea General de la OEA.
Articulo 17 de la declaración universal: “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”
