El cirujano Francisco Sales Puccini a quien la periodista Lorena Beltrán denunció por haberle practicado un mal procedimiento quirúrgico en sus senos dejándola afectada y con complicaciones estéticas y de salud quiere limpiar su nombre y contrató una empresa especializada en intentar forzar a los medios de comunicación a borrar toda la información relacionada con su cliente. Apelan a una figura jurídica llamada el ‘Derecho al Olvido’ y piden que se borre toda referencia su nombre, en el caso de Las2orillas, frente una nota publicada el 7 de junio de 2016 en la que se mencionaba su nombre: "Contraataque del cuestionado cirujano Francisco Sales Puccini". La Fundación Para la Libertad de Prensa FLIP realizó un comunicado rechazando la movida del cirujano cuyo caso sirvió para destapar a otros más que habían conseguido de forma fraudulenta la convalidación en el ministerio de Educación de sus títulos universitarios.
COMUNICADO FLIP:
La Ley de Protección de Datos no justifica la censura
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las presiones ejercidas sobre los periodistas y medios de comunicación que se han referido al asunto de las irregularidades en la práctica de cirugías plásticas y en la validación de títulos los cirujanos. Las solicitudes de eliminación de los contenidos relacionados con estos temas, fundamentadas en el llamado “derecho al olvido”, constituyen un acto de censura y no están contempladas en la legislación colombiana.
La FLIP ha tenido conocimiento de que Francisco Sales Puccini, uno de los médicos acusados de irregularidades, ha contratado los servicios de la empresa españolaEliminalia, a través de la cual solicita a distintos periodistas y medios de comunicación que eliminen los contenidos en los cuales se le vincula a dicho asunto. Específicamente, la FLIP ha conocido que solicita la eliminación de, por lo menos, los siguientes artículos:
- Los Carniceros, de Catalina Ruíz-Navarro.
- Contraataque del cuestionado cirujano Francisco Sales Pucinni, de Las2orillas.
- No sólo en consultorios de garaje hay complicaciones con la cirugía plástica, de Fucsia.
De acuerdo con Eliminalia, los artículos deben eliminarse debido a que (i) se publican datos personales sensibles de Sales Puccini, asociados a su actividad médica, sin su consentimiento; (ii) la información es perjudicial, falsa y obsoleta; (iii) la información genera temor en los futuros clientes del cirujano; y (iv) no hay un proceso judicial, policial o administrativo en su contra. Justifican la solicitud en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2016).
Resulta preocupante que haya personas que pretendan que se elimine de Internet información sobre asuntos de tan alta relevancia, cobijándose en una ley relacionada con el manejo de la información contenida en bases de datos y que no tiene como fin el de ocultar hechos noticiosos u opiniones.
Respecto de estas solicitudes de eliminación de estos contenidos periodísticos, la FLIP manifiesta que:
1. El “derecho al olvido” no existe en Colombia. No existe norma constitucional o legal que obligue a los periodistas y a los medios de comunicación a eliminar artículos por solicitud de las personas a las que estos se refieren, fundamentadas en el solo hecho del paso del tiempo. Por el contrario, los resultados del trabajo periodísticos no tienen fecha de caducidad.
En caso de que se haya publicado información distorsionada, desactualizada, inexacta o errónea, lo que procese no es una solicitud de eliminación de la información, sino una solicitud de rectificación a través de la cual se corrija o actualicen notas que se refieran a hechos. En el manual “Información al derecho”, la FLIP explica los requisitos que, de acuerdo con la Corte Constitucional, deben cumplir las solicitudes de rectificación.
2. Respecto de la Ley de Protección de Datos Personales, fundamento de la solicitud de Sales Puccini, debe señalarse, en primer lugar, que la misma ley establece que ella no será aplicable respecto de archivos de información periodística y otros contenidos editoriales. Así, la ley no puede ser aplicada respecto de noticias o notas de opinión. Aplicar esta ley a los artículos periodísticos implicaría cargas tan desproporcionadas como que los periodistas soliciten autorización de cada una de las personas a las cuales se refieren en sus trabajos.
Por otra parte, debe aclararse que no se requiere autorización para el uso de datos públicos como el nombre de una persona o aquellos relativos a su profesión u oficio.
Los artículos periodísticos que Sales se refieren a hechos de conocimiento público y no tratan información sensible del cirujano sino de pacientes, quienes voluntariamente expusieron sus casos.
3. En la solicitud de eliminación de los artículos, Eliminalia sostiene que la información publicada es perjudicial, obsoleta y que genera temor entre los futuros clientes. Al respecto, debe decirse que ninguno de estos es un factor relevante en cuanto a la publicación de noticias y opiniones, especialmente en asuntos de esta importancia y que han recibido tanta atención por parte de la ciudadanía.
Además, no es cierto que la información sea obsoleta, ya que estas denuncias alcanzaron su máximo cubrimiento hace tan solo algunos meses. En todo caso, los periodistas y los medios de comunicación no tienen por qué eliminar artículos por el solo paso del tiempo.
4. Los periodistas no están limitados a informar y opinar sólo sobre casos que hayan sido llevados ante la justicia. En ese sentido, para efectos de la publicación de los artículos no es relevante, como expone Eliminalia, si existe o no un proceso en contra de Sales Puccini, como sí lo es la posible existencia de irregularidades en el trabajo de un cirujano plástico. Adicionalmente, según lo contó Noticias Uno, a la fecha sí existen investigaciones contra esta persona.
5. El hecho de que existan oficinas de abogados que ofrecen eliminar todos los contenidos negativos de personas en Internet genera desinformación, ya que, como se ha explicado, en Colombia no existe el derecho al olvido. Además, la promesa de resultados positivos y el inicio de actuaciones y demandas sin fundamento son faltas a los deberes del abogado, en los términos de la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado). Lo anterior puede acarrear sanciones que van desde el reproche público hasta la cancelación de la tarjeta profesional de abogado.
Estas solicitudes de eliminación de contenidos buscan deshacer injustificadamente el trabajo periodístico y generan un efecto intimidatorio sobre los periodistas, quienes pueden preferir eliminar los contenidos a tener que enfrentarse a acciones legales. La FLIP hace un llamado a los jueces y a la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad de protección de datos, para que no se conviertan en censores en caso de tener que resolver demandas que buscan que se eliminen contenidos periodísticos con fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales
