El Congreso de Perú destituyó por “incapacidad moral permanente” al presidente Martín Vizcarra acusado, con base en testimonios todavía en investigación, de haber recibido sobornos cuando era gobernador, entre 2011 y 2014.
Cómo explicar que los congresistas de un país puedan destituir a un jefe de Estado sin que existan pruebas sobre lo delitos de los que se le acusa. La respuesta para el caso peruano reside básicamente en un vacío legal que da lugar. Aunque la Constitución en su artículo 113 consagra la posibilidad de que el Congreso declare la vacancia del presidente por su incapacidad moral o física, el delito en sí mismo no está tipificado, explica el jurista Ítalo Carella Saco Vertiz.
“Al no estar definida, la incapacidad moral puede ser todo y nada. Es decir, que puede estar basada en percepciones subjetivas de los congresistas sobre hechos reales o no” explica a Radio Francia Internacional, Carella quien, por su experiencia como asesor en el Congreso peruano, conoce los juegos políticos y jurídicos que se dan entre el ejecutivo y el legislativo del país andino.
Si no hay definición del delito penal poco importa que no existan pruebas que apoyen la incapacidad moral del jefe del Estado. Con la voluntad del Congreso expresada en votos basta para declarar vacante al presidente. De hecho, en el caso de Vizcarra no existen dichas pruebas que demuestren la veracidad de los delitos de los que se le acusa y por los que fue destituido.
“El Presidente Vizcarra tiene razón cuando denuncia que no existen pruebas en su contra porque no hay nada probado. Sin embargo, la decisión del Congreso es legal: basada en actos de corrupción que no han sido probados, y que se da en el marco de un vacío jurídico que los congresistas han aprovechado y han sometido a votación. En el fondo, se trata de un asunto de mayorías parlamentarias. Los congresistas lograron conseguir los 87 votos exigidos para que la vacancia fuese aprobada”.
En efecto, la declaratoria de la vacancia al presidente Martin Vizcarra por incapacidad moral se ajusta a derecho. Sin embargo, es una decisión en la que por encima del derecho primó la voluntad política. Carella precisa que todo este asunto está determinado por el calendario electoral y un Congreso con varios miembros en la mira de la justicia por diversos delitos.
“Recordemos que Vizcarra es un presiente transitorio que asumió funciones luego de que su antecesor Pedro Pablo Kuczynski fuese destituido. El mandato de Vizcarra debía llegar hasta las elecciones de marzo próximo. Y los miembros del Congreso, empezando por su presidente, Manuel merino, quien ha asumido la jefatura del Estado, tienen varias investigaciones en la Fiscalía por diferentes delitos”.
Para el abogado y ex asesor del congreso peruano el dictamen es claro: “esto es un golpe de Estado Político del Congreso para hacerse con el peor antes de las elecciones de marzo”.
Brutalmente golpeado por la pandemia, Perú se consume en una tragedia social y económica. Ahora, se suma la inestabilidad política agenciada desde el congreso pese a la voluntad popular que hace una semana expresó mayoritariamente en una encuesta (80% de los votos de los interrogados) su rechazo a que se declarase vacante al presidente Vizcarra.
No hay que olvidar, insiste el jurista, que antes de que el congreso peruano aprobara en votación la vacancia al presidente de la República, el jefe del legislativo, Manuel Merino, contactó a los comandantes del Ejército para que le ayudasen en al futura transición del poder. Un acto que desde diferentes sectores – (incluso de las Fuerzas armadas) fue denunciado como un intento de sedición.
