En Colombia, la reconstrucción de la memoria histórica fue encomendada inicialmente a la Academia Colombiana de Historia creada en 1902 y, a sus correspondientes regionales como órganos de carácter oficial y cuerpos consultivos del Gobierno, lo que ha constituido el financiamiento con dineros públicos de sus actividades en la también denominada “sociedad de elogios mutuos” por algo más de 100 años.
Se debe a las academias en gran medida la historia colonial colombiana, dada la afición de varios de sus miembros por los estudios genealógicos y el arribismo social y político, causa real de su pérdida de credibilidad en el campo de la producción intelectual.
Como dato curioso por inconsecuente, concluido el proceso de la independencia y puestos los esfuerzos en la reconstrucción institucional de la nueva república, la élite del país comenzó la búsqueda frenética de sus antepasados hispánicos como medio para legitimar su derecho a ocupar cargos de autoridad en el poder, pretensiones aún vigentes en nuestra rancia sociedad mestiza.
La historia en Colombia ha tenido a grandes rasgos dos afluentes a partir de la fundación en 1963 del departamento de historia en la Universidad Nacional. La historia oficial, patriotera, aficionada y estática y la historia contemporánea, reflexiva y contra hegemónica, producto de la investigación científica, nunca terminada y siempre en constante transformación.
La evidente incapacidad conceptual de las academias de historia oficial en las diferentes regiones del país para abordar la memoria histórica a la luz de las nuevas corrientes historiográficas, dio paso a la creación de nuevas organizaciones como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en 2008, el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2011, la Comisión Asesora del Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la Historia de Colombia en 2015 y la futura apertura del Museo Nacional de Memoria que se espera para 2022.
Pero la controvertida y desafortunada designación de Darío Acevedo como Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, debería ser repensada por el gobierno Duque, como ha hecho con algunos de sus ministerios, o por el mismo Acevedo, quien tiene como alternativa la renuncia como un acto de grandeza, podría declararse impedido por conflicto de intereses y sesgo político e ideológico manifiesto por ejemplo, en su artículo “La gran cacería contra Álvaro Uribe Vélez”, publicado en El Espectador el 30 de julio de 2018, entre otras declaraciones que ponen en duda la objetividad y la neutralidad de dicha institución.
Cada vez es más contradictoria la posición de Acevedo que, por un lado, se empeña en negar la existencia del conflicto armado interno y por otro, le propone a José Félix Lafaurie, Presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, la firma de un convenio interinstitucional para escribir la historia de los ganaderos víctimas del conflicto armado interno de Colombia, a partir del trabajo de la congresista María Fernanda Cabal, titulado “Acabar con el olvido”.
En este punto, cabe subrayar que la memoria no debe ser convertida en un trofeo político para ganar réditos electorales, bajo ningún punto de vista, debe predominar la ética profesional y una conciencia pluralista que nos permita a los colombianos escuchar las voces de las víctimas y los victimarios.
La reconstrucción de la memoria histórica requiere principalmente de la voluntad política y del compromiso de los investigadores con la paz y la reconciliación para que todos los sectores involucrados en el conflicto, sin discriminación alguna, tengan la oportunidad de contar su versión de los hechos, sin favoritismos, el país necesita saber la verdad, ya no más manipulación.
