La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) celebra un año de funciones. A su cargo, están una serie de tareas claves en la consolidación del acuerdo de paz. No ha sido un año fácil, los 38 magistrados que la componen han tenido que sortear diversos obstáculos para poder avanzar en su tarea. Desde que la firma del acuerdo se concretó en noviembre de 2016, inició el tránsito de la JEP, como componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, cuya finalidad es la de administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, en concreto sobre las conductas consideradas como graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o sobre violaciones a los Derechos Humanos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.
A un año de trabajo, la JEP presenta un balance positivo, aunque no carente de tropiezos. Hasta el momento un total de 11.675 personas se han comprometido a colaborar esclareciendo actos violentos, de ellos 9.687 pertenecieron a las Farc – EP, 1.938 han sido miembros de las fuerzas militares, 38 han sido miembros del estado, diferentes a las fuerzas de seguridad, 12 participantes de la protesta social.
Según el portal Colombia 2020, la JEP tiene en este momento 5 grandes casos que deben ser aclarados y que se encuentran en la Sala de Reconocimiento de la Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. El primero se refiere a los secuestros perpetrados por las Farc–EP entre 1993 y 2012 en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Meta. En este caso, hay registrados en la JEP 4.132 excombatientes implicados en este caso, 68 sentencias contra exjefes del Estado Mayor y un total de 8.163 víctimas. El segundo caso se refiere a la situación en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas generado por las FARC–EP y la fuerza pública entre 1990 y 2016. Se trata de 1.446 hechos victimizantes y de 1.259 víctimas identificadas. En estos hechos hay implicados 114 excombatientes y 53 integrantes de las fuerzas militares. El tercer caso, es el que aborda los hechos denominados como falsos positivos, o muertes ilegitimas que fueron presentadas como bajas en combate por agentes del estado. Antioquia, Meta, Casanare, Norte de Santander son los departamentos donde existen las mayores investigaciones. Se trata de 2.248 víctimas, 45 % de las cuales eran campesinos de Cesar y Huila. Hay aproximadamente 1.750 comparecientes implicados y 2.100 procesos judiciales abiertos. El cuarto caso hace referencia a hechos ocurridos en Urabá por parte de la Fuerza Pública y las Farc–EP entre 1986 y 2016. En este caso hay detectadas 787.000 víctimas aproximadamente, hay 174 comparecientes ligados a 221 víctimas, 3.523 registros con hechos relacionados en el informe de la Fiscalía con 478 víctimas, también hay 12 sindicatos y otros sujetos colectivos. Los hechos afectaros a 10 municipios, 4 pueblos indígenas y 8 consejos comunitarios. El quinto caso se refiere a los hechos ocurridos en Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suarez, Morales, Caloto, Corinto, Toribio, Caldono (Cauca) por las FARC – EP y la Fuerza Pública. De estos hechos hay identificadas 12.147 víctimas de homicidios, 7.936 de hostigamientos y ataques. Por estos hechos hay actualmente 42 investigaciones y procesos judiciales.
Cinco casos son piezas que ilustran
solo una parte del cruel rompecabezas de violencia
que ha estremecido a Colombia en las últimas décadas
Estos cinco casos son piezas que ilustran solo una parte del cruel rompecabezas de violencia que ha estremecido a Colombia en las ultimas décadas. Si bien todos ellos han ido avanzando a buen ritmo, el que muestra mayores adelantos es el que se refiere a los asesinatos de jóvenes colombianos por parte de miembros de las fuerzas militares para luego hacerlos pasar por bajas en combate para así ganar prebendas, ascensos y generar la impresión en los medios y por ende en la sociedad que la guerra contra el “terrorismo” estaba siendo ganada por el Estado.
Por otra parte, un paso importante de la JEP tiene que ver con que a ella han acudido actores diversos, nombres que tienen una deuda con la sociedad por su rol en actos violentos contra la sociedad, como los generales (r) Mario Montoya y Henry Torres Escalante, y el exsenador Jorge Visbal Martelo. Si estos hombres cumplen y dan su testimonio sobre los hechos de los que han sido protagonistas, sería un paso muy importante para avanzar hacia la verdad y la reconciliación que urge al país.
Si bien, el trabajo de la JEP ha sido positivo su segundo año se plantea desafiante, uno de ellos es la necesidad de integrarse de forma efectiva al trabajo que adelantan las demás entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Se trata de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, si logran trabajar de forma fluida y eficaz, se convertirían en el bastión para lograr un país que reconoce y conoce su pasado violento, lo acepta y lo usa para construir una sociedad más justa y equitativa con lo cual se garantiza en buena medida la no repetición. La violencia, el conflicto por las armas, nunca puede volver a ser una alternativa en Colombia, ese debe ser nuestro compromiso.
Para lograr esto, es clave que estas entidades lleguen al corazón del conflicto, a los lugares más recónditos y maltratados por el abandono histórico del Estado, semilla de toda nuestra historia de dolor. Asimismo, es imprescindible que en este proceso de reconstrucción se incluyan a las víctimas con todas las garantías. Su participación hasta ahora, ha sido fundamental para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
De igual manera, un reto de la JEP, en su primer año fue superar los obstáculos que trataron de impedir su creación desde el punto de vista jurídico. Estos fueron superados cuando se crearon las normas que le permiten funcionar. El proceso se completó cuando la Corte Constitucional logró su blindaje en la Carta Política, sin embargo, el despacho del presidente Duque aun no sanciona la ley estatutaria. A pesar de lo cual, la JEP cuenta con Ley de Procedimiento, reglamento interno y la Ley de Amnistía e Indulto. ¿Por qué el presidente aún no actúa en consecuencia con lo señalado por la Corte? Es bien sabido el partido del presidente Duque nunca estuvo de acuerdo con la JEP y puede que el presidente aún mantenga esa línea de pensamiento, pero ahora debe responder ante un país y ante la comunidad internacional y no a su partido político. La Casa de Nariño debe ponerse al día y realmente mostrar que respalda y apoya la labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, porque hasta ahora no ha estado a la altura de las circunstancias. La consolidación de la paz en Colombia debe ser una prioridad para el Estado colombiano y nosotros sus ciudadanos debemos estar atentos, activos y decididos a exigir que así sea.
