Hay un sabor agridulce en la carta que el exministro de Seguridad Social Diego Palacio dirigió a Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo del Justicia Especial para la Paz, donde solicita ser incluido en esta jurisdicción y otorgarle el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, con el argumento de que fue condenado por hechos relacionados con el conflicto armado.
Hasta aquí lo que dice parece correcto. Se somete de manera voluntaria a la JEP; dice que la Corte Suprema lo condenó por el delito de cohecho para “comprar” la reelección de Uribe, y que esta tenía el propósito de darle continuidad a la política de Seguridad Democrática con la cual se esperaba derrotar a las Farc.
Lo que no dice es, tal vez, la parte más complicada: No reconoce culpa y solo llama la atención sobre lo inequitativo que sería pagar 80 meses, mientras otros actores del Estado y miembros de las Farc podrían quedar amnistiados o en libertad condicionada de manera inmediata y luego recibir como máximo penas de 5 años, sin un día de cárcel.
Palacio pide que le den los beneficios, pero sin aportar verdad. De esto se pega inmediatamente el expresidente Uribe para tuitear que no hay reconocimiento del cohecho, por lo tanto, no hay delito y él mismo quedaría limpio de cualquier acusación. Al parecer lo que se busca es simplemente la libertada inmediata utilizando la puerta expedita de la JEP.
No se puede negar que su solicitud está bien estructurada, hecha seguramente con la asesoría de un buen abogado, que le permite deslizarse cuidadosamente por las aguas bravas de la JEP, sin lastimar a su exjefe o sin vincularlo al delito por el que ya fue condenado. Pero es una línea de argumentación muy delgada y peligrosa.
Reconocer que ha sido condenado por comprar la reelección, es implicar sin querer queriendo, al expresidente Uribe y la JEP podría o debería a partir de esta solicitud y una vez entre en operación, convocarlo como principal beneficiario de este cohecho. Es decir, Álvaro Uribe podría quedar directamente vinculado al proceso al que no lo vinculó la Corte Suprema, por no tener jurisdicción sobre la dignidad presidencial. Pero la JEP si la tendría, supongo, en este caso.
Ahora, el que esté bien sustentada desde el punto de vista jurídico, no deja de demostrar la intencionalidad, que no es otra que gozar de los beneficios, sin declararse culpable y “volarse” de la cárcel a la que lo condenó la Corte Suprema. Así quedará inaugurará la puerta de escape para todos los que, como agentes del Estado, estén condenados o en proceso por delitos que se relación con esos 8 años de Álvaro Uribe.
Finalmente la JEP será una especie de indulto colectivo
a todo un período oscuro y tenebroso de la política estatal,
el de la Seguridad Democrática.
Los parapolíticos, todos, pretenderán salir por esa misma puerta y quedar habilitados de nuevo para el ejercicio político. Los militares, que ya entendieron los privilegios que van a obtener si se acogen a esta jurisdicción y finalmente la JEP será una especie de indulto colectivo a todo un período oscuro y tenebroso de la política estatal, el de la Seguridad Democrática.
Ese es el sapo que sirve en bandeja Diego Palacio, a delincuentes de todos los pelambres. Estaría bien si se tratara de contar la verdad, pero muy, muy peligroso, si sólo sirve para escapar de la cárcel, sin aceptar responsabilidades.
Tendría el tribunal especializado que ser muy riguroso y solicitar copias a la Corte Suprema, para que pueda indagar al señor Palacio y controvertir su posición. Porque recordemos que, aún acogiéndose a la JEP, si no se dice la verdad se pierden los beneficios. En este caso el señor ex ministro volvería a prisión y se llevaría en los cachos al ex presidente Uribe. ¿Será eso lo que produce tanto miedo en el Centro Democrático y de ahí que vayan a recoger firmas para revocar la JEP?
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