En medio del murmullo de las conversaciones, uno a uno fueron llegando las figuras más representativas de la justicia: José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Linares, presidenta de la JEP; Gloria María Borrero, ministra de Justicia, Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional; Germán Bula, presidente del Consejo de Estado; pero fue más alto el murmullo de quienes buscan la justicia en una constante puja con el Estado: el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad; Doris Salcedo, la autora del monumento con las armas de las Farc que ha incomodado; Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado y uno se los arquitectos de la JEP desde la sombra; Marino Córdoba, representante de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados y Olga Esperanza Rojas, esposa del Sargento Vicente Rojas, desaparecido hace más de 25 años.
¿Y el partido Farc? conformado por exguerrilleros con la alta responsabilidad en el sufrimiento de miles de colombianos durante el conflicto, deja un sinsabor en la rendición de cuentas, en donde les volvieron a exigir un compromiso real con la justicia y la verdad del conflicto.
"El contramonumento es diferente porque tenemos una urgencia de conocer la verdad. Las armas generan dolor y muerte, y no deberían ser enaltecidas. Este es un espacio equitativo y libre, donde se recogen voces antagónicas. Salvemos lo que ha fracasado en el pasado", dijo Doris Salcedo al iniciar el evento.
Son cinco los grandes casos que ya están en marcha en la JEP, en donde además ya fueron involucradas más de 32.000 víctimas, un número que tiene un rostro en cada una de las mujeres y hombres que han entregado su testimonio.
La JEP es un espacio de reconciliación y justicia, pero también uno de pujas y enfrentamientos jurídicos. Así lo dejaron claro los presidentes de cada una de las salas y secciones del tribunal, que dieron un paso al frente para para explicar las minucias de una nueva justicia que marcha en el país. Julieta Lemaitre, Xiomara Balanta, Pedro Díaz, Camilo Suárez, Alejandro Ramelli, Jesús Ángel Bobadilla y Eduardo Cifuentes son apenas una pequeña muestra de la pluralidad del tribunal, que además está compuesto en un 53% por mujeres.
El tribunal es una moneda de dos caras: en donde son llevados a cabo los juicios dialogados de quienes reconocieron responsabilidad en el conflicto, y los juicios de quienes llegaron a la JEP para limpiarse de cualquier responsabilidad, como es el caso del General Montoya, quien durante sus audiencias insistió en su inocencia.
Sin embargo, cuadriculadamente y con distancia, los magistrados de la JEP parece que les hubiesen rendido cuentas a sus colegas juristas, a los representantes del Estado, y no a las personas ajenas al mundo de las leyes. ¿De quién esperan recibir la aprobación?
En silencio, los asistentes iban y venían entre las intervenciones. Entrevistas a los medios, llamadas de suma urgencia, o un descanso para las piernas atravesado por un café, urgían en medio del frío del suelo-contramonumento. Solo cuando Marino Córdoba, sobreviviente de la tenebrosa y sangrienta Operación Génesis, comandada por el general Rito Alejo del Río –acogido a la JEP– y los paramilitares, tomó la palabra en un segundo momento, el suelo retumbó ante la memoria viva del testimonio. “Acá la responsabilidad es de todos. La indiferencia de un pueblo nos quitó nuestros sueños”.
El compromiso de los magistrados de la JEP, que están seguros de aportar en un proceso histórico, tiene que superar la apatía de una sociedad responsable de lo que sucedió. “¿Quién le dio la orden a Rito Alejo del Río de matarnos? Yo quiero saber la verdad antes se morir" sentenció Marino Córdoba.
Las víctimas no empezaron a reclamar justicia cuando el tribunal fue creado. Son años de insistencia y el resultado será evaluado con base en unos resultados concretos, no solo pronunciamientos periódicos cargados de legalismos. Así lo dejó ver Olga Esperanza Rojas, quien fue muy clara a la hora de pedir ayuda y verdad frente a la desaparición de su esposo, y la exigencia de una oportunidad para participar en el debate público y real.
Por encima de las sentencias y el señalamiento de quienes quieren ver a los responsables pagando por sus pecados, están las personas que pagaron con su vida y su historia las ambiciones del poder de la guerrilla, los paramilitares, los empresarios y el Estado. Esta es la Jurisdicción Especial Para la Paz.