Las desesperadas salidas en falso del senador Uribe Vélez, que tratan de capotear todos los lances de la justicia contra él y contra muchos de sus colaboradores, han tratado de promover la satanización de la JEP, con diatribas retóricamente adornadas, las cuales calan en una masa inerme, resultado del poder hipnotizador del discurso de su líder por su líder. Pero no toda la culpa es de dicha masa socarrona, camandulera, fervorosa hasta la violencia y, últimamente gritona e “insultadora”. No, también hay que darle crédito en este despropósito al descrédito ganado por gran parte de las instituciones públicas, principalmente las de la administración de justicia, las cuales, como lo dijera Ramiro Bejarano hace poco en una entrevista con Martín de Francisco y Santiago Moure, Alvaro Uribe se encargó de llenar las altas cortes de abogados de quinta y remedos de juristas, asegurando así, no solo la puerta giratoria a su camada de peones leguleyos, el control de la burocracia en esta rama, sino además un marco de impunidad de tal nivel que solo con la escasez de noticias sobre el conflicto por fin se comenzó a destapar los “pecados” de dichos togados, aplicándoles Uribe aquello de “quien tiene rabo de paja, que no se arrime a la candela”.
Se puede entrever entonces la difícil situación por la que atraviesa el expresidente y ahora senador Alvaro Uribe Vélez, de la cual está consciente, pero que sus leales seguidores no quieren percibir. La salida del exgeneral Rito Alejo del Río de la cárcel directo a la JEP y la caída del velo de la enorme corrupción que hay en todos y cada uno de los estamentos del país y que ha terminado incubado en la sociedad, casi como parte de su folclore, han abierto un frente para que la verdad comience a discurrir logrando salir de las negras selvas del conflicto y la violencia en Colombia, promovida por aquellos poderes oscuros de la nación que desde hace más de 200 años han sostenido el monopolio de la verdad y la versión oficial de los hechos, construyendo así un concepto de nación a su amaño, cuestión que también aplica al actual presidente y su manto de impunidad.
El expresidente y aquella élite rural que bien representa saben que su última jugada para salir avante ante la adversidad que trae para ellos el fin de la guerra es ganar la presidencia de la república, no importa en cabeza de quien. Al fin y al cabo, quien llegue por parte de ellos no será más que una incubadora para que el expresidente gobierne, por fin, en cuerpo ajeno, tratando, no de “recuperar la patria, ni tampoco refundarla, sino más bien de recuperar los hilos del poder que a poco están de romperse y soltarse de las manos de quienes han ostentado el control social, político y económico de Colombia en sus más de 200 años de existencia republicana. La presidencia, desde siempre, ha sido la mejor jugada de quienes pretenden soslayar la mano de la justicia y salir avante ante los graves señalamientos de diferente índole que han recaído en esa clase dirigente, que no ha sido capaz de gobernar más allá de la 7ª con 7ª en Bogotá, atrofiando la autonomía de los territorios consagrada en la constitución política actual y desfigurando ese Estado Social de Derecho del cual nos jactamos y al cual bien saben deshonrar aquellos que manipulan la constitución a su antojo.
La JEP se convirtió en “el chucho” para todos aquellos empeñados en que la verdad sobre el conflicto y la corrupción en Colombia no se conozca. ¿Qué se debe saber?, ¿qué se trata de ocultar?, ¿a quiénes se busca proteger del ejercicio de la ley, la constitución y la justicia? Los hechos, la historia y la memoria serán quienes comiencen a dar respuesta a todas estas incógnitas, que por muchos años la cruenta guerra y su desenfrenada violencia convirtieron a la versión de los vencedores, la verdad oficial, en la mejor estrategia para la impunidad. En plaza pública, señalando, vociferando, atacando, vituperando, deslegitimando a diestra y siniestra a todas las instituciones públicas, instancias de poder y personajes, de cualquier sector político que, aunque no esté en contra de él, tampoco esté a su favor, siendo esto al fin y al cabo para el ex presidente lo mismo, convirtiéndose en la mayor demostración de sus desesperadas acciones.
En Chile, cuando el "sí" venció al "no" en el plebiscito del 88, muchos de los opositores de Pinochet esperaban su caída en desgracia ante la justicia inmediatamente dejara la presidencia; tuvieron que pasar 8 años para que esto se diera. Pinochet se convirtió en senador Vitalicio, bajo esa figura premeditadamente creada por reformas constitucionales del saliente dictador, que le permitiría mantenerse activo en la vida pública y política chilena, asegurando que el olvido no se convirtiera en catalizador de la acción de la justicia en su contra. Si Augusto Pinochet hubiese sido capturado en 1990 seguramente la polarización en la que estaba sumida la sociedad austral, hubiese llevado a una crisis social violenta y un choque de poderes. Sin embargo, para el 98 ya los ánimos estaban calmados y muchos de los seguidores del general ya habían muerto o se habían olvidado de “las bondades” de la dictadura tras la arrolladora bondad de las políticas posteriores implementadas en la democracia reestablecida. ¿Acaso esa situación se les asemeja en alguna republiqueta bananera de la actualidad?
