Han pasado más de 70 años desde la aciaga época de la violencia partidista que dividió al país y que terminó por implantar la práctica política de clasificación social a partir de diferencias como la religión, posición económica, color de piel, lugar de nacimiento, ideología y partido político, estos dos últimos no son necesariamente complementarios el uno con el otro, al menos en Colombia. Lo que debería ser la mayor riqueza en una democracia, la diferencia, en nuestro país es el mayor bien de la politiquería, adaptable a las necesidades de cada realidad temporal y es utilizada de manera estratégica por sectores políticos a los cuales deja enormes réditos, pues se suma esto al desconocimiento y la desinformación de la población. Actualmente, tenemos la oportunidad histórica de comenzar a construir verdaderos caminos de reconciliación, cimentados en la verdad, la reparación y la no repetición, con un mecanismo probado y aprobado a nivel internacional y con experiencias realmente exitosas: el modelo de justicia transicional, ajustado a las condiciones propias de nuestro conflicto armado.
En los tiempos actuales, la manipulación de la información que se entrega a través de la comunicación de masas, pasa por la extensa vía de las redes sociales, vía esta que garantiza la mayor cobertura con el mínimo control de veracidad del contenido, por lo que cada palabra escrita desde canales masivos, reconocidos y aceptados según los intereses de cada segmento poblacional o clasificación política, son tomados casi como órdenes y verdades inapelables. Y es que en Colombia, ya no hay lugar a discursos y discusiones ideológicas, basta con producir un mensaje en una red social desde el perfil de una de esas figuras mesiánicas que han surgido en Colombia, para que se convierta en fundamento ideológico y base teórica de un pensamiento político gaseoso y estéril. Solo imagínense qué hubiera sido de Stalin, Hitler, Pol Pot o Mao con redes sociales.
En Colombia estamos atravesando una verdadera tragedia generacional, teniendo en cuenta que, a pesar de ser todos nosotros hijos de una violencia constantemente reciclada e inane, no tuvimos más opción que afrontarla desde la perspectiva de los diferentes gobiernos de turno. Sin embargo, a partir de la decidida apuesta de Juan Manuel Santos por la paz, tenemos la posibilidad de brindarle una alternativa diferente a las nuevas y futuras generaciones de conocer un país, sino en paz, al menos violento que el que tuvimos nosotros. Sin embargo, los áulicos de la guerra, los enemigos de la paz, que existen y no son mito urbano pareciera que se oponen radicalmente a esta loable posibilidad. Todo lo anterior, contrariando lo que dice la periodista Salud Hernández, quien considera que ni siquiera la JEP sino el proceso de paz no tiene enemigos sino críticos. ¿Pero acaso quien critica no tiene la responsabilidad empírica de conocer aquel objeto que es blanco de disputa? La Jurisdicción Especial para la Paz merece al menos un mínimo de coherencia en las críticas que se le hacen, diseccionadas de mentiras, banalidades, pero sobre todo de odios e intereses personales.
La periodista española es una reconocida nostálgica del franquismo español, aquel régimen criminal y terrorista del siglo XX en España y que, bajo el yugo vigilante de Francisco Franco, abrogó en su gobierno la tutela la potestad de delimitar todos y cada uno de los derechos y libertades individuales y colectivas de cada ciudadano español, sistema este tan llamativo para aquellos figurines que se auto designan refundadores de la patria y los valores morales y éticos de una nación, desconociendo cualquier forma de diferencia u oposición que, tras sus horrendos crímenes, tejen ordenamientos jurídicos que garantizan su total y abnegada impunidad, los mismos que tratan de sostener después de tener que dejar el poder, a través de interpuesta persona o sistema. El modelo de justicia transicional en Colombia tiene un año de creado, mas no de funcionar, pues ni siquiera la obtusa mentalidad de quienes la critican y se oponen a ella ha permitido aprobar la ley estatutaria que la reglamenta, la normativiza, lo que daría la chispa inicial al sistema.
