La operación encubierta de la Fiscalía General en la captura del fiscal de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acompañada del abuso flagrante de los fondos de los contribuyentes, la incapacidad de liberarse de las interferencias políticas en su toma de decisiones y la desigualdad de armas durante el proceso entre víctimas y victimarios, así como la designación de magistrados viciada por un visible elemento de carácter partidista y sin los antecedentes, la trayectoria pública y el prestigio necesario para ocupar el cargo y la demora injustificada en el juicio incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia, parecen condenar a este máximo tribunal JEP a una lenta como imprevista agonía. Seamos francos. La lista de decepciones y fracasos durante el ejercicio de esta JEP es demasiado larga, así como los precarios e inestables malabarismos entre la necesidad de paz y la necesidad de justicia y la de promesas e iniciativas sin cumplir. Temo que la JEP debería poder responder efectivamente por lo menos a cuatro tipos de crisis: de legitimidad, de capacidad, de identidad y de finalidad. Discutamos esta cuestión por separado, pero ahora hablemos de la doble crisis en la que está sumida.
El actual sistema de administración de justicia o proceso de justicia transicional en Colombia sufre de una doble crisis de legitimidad y está plagado de lagunas y debilidades, a saber, deficiencia para realizar eficazmente su labor, o incluso inexistencia de la buena gobernanza, de un genuino contrato social entre la denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la sociedad civil e inefectividad en el incremento de la integridad y responsabilidad, junto con una falta de transparencia, seriedad profesional y la suma de estrechas ambiciones personales, es decir, completamente desbordado y sin capacidad para administrar justicia e imponer el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos humanos, emprender la lucha contra la impunidad y la corrupción. Este proceso sui generis ha perdido en cierta medida su credibilidad y se pone en entredicho cada vez más debido a una serie de escándalos repetidos y continuos relativos a su mala gestión, al despilfarro, al fraude y la corrupción; una institución en que reinan la burocracia y la tecnocracia, los costes elevados y un excesivo centralismo y que ahora enfrenta a acusaciones que alegan falta de legitimidad, equidad o eficacia en sus decisiones. El resultado es una creciente desconexión entre la “legalidad” del aparato JEP y su “legitimidad” a los ojos de la gente ordinaria. Pero es precisamente todo esto lo que está provocando una falta evidente de prestigio y credibilidad necesaria para cumplir con su rol fundamental de administrar justicia de manera adecuada, hacer frente a atrocidades en gran escala, o a violaciones que son particularmente características del conflicto o enfrentarse con las múltiples violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario e imponer el cumplimiento de la ley en forma equitativa e independiente y salvaguardar y proteger el ejercicio y goce de los derechos humanos.
Si la JEP carece de la confianza de los ciudadanos y de control (incluida la lucha contra la corrupción), de arraigo popular y de una base ética y moral, no podrá funcionar debidamente ni administrar el sistema de justicia penal, a fin de fomentar un clima de reconciliación nacional. Sin inspirar confianza y credibilidad en los ciudadanos resulta extremadamente difícil, casi imposible, cumplir su deber de juzgar los crímenes más graves según el derecho internacional y juzgar a los responsables de estos crímenes, aplicar los principios del estado de derecho, conferir previsibilidad y legitimidad a sus acciones y poner fin a la impunidad o promover y garantizar el respeto de la igualdad de derechos de todos, así como la capacidad para el enjuiciamiento de los delitos internacionales en virtud de los compromisos internacionales asumidos y el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas. Sin credibilidad, perderán también su eficacia y sin ésta, su labor carecerá de credibilidad. De hecho, las estadísticas dicen que la JEP no inspira a la población y a las víctimas la confianza necesaria para que sus resultados sean aceptados. Esto crea en la comunidad internacional un clima de temor y desconfianza y legítima preocupación o que está condenada al fracaso. La opinión pública, incluida la sociedad civil, sólo creerá en la legitimidad y el futuro de la JEP —a la que pueden recurrir las víctimas que tienen derecho a esperar verdad, justicia y reparación— si se transmite credibilidad y confianza y si no está enmarañado en la burocracia y está libre de corrupción, cuenta con un equipo de funcionarios altamente capacitados, formados y entrenados, tanto a nivel nacional como internacional, garantiza que sus decisiones contarán con un apoyo más amplio de la comunidad internacional, y si se adecua sin demora su legislación interna y sus prácticas nacionales a los principios, jurisprudencia y estándares internacionales que regulan la protección de los derechos humanos y un sistema financiero más ético, robusto y responsable.
¿Qué podemos hacer ahora?
Es hora de enfrentarse al hecho de que nadie está contento con esta JEP, las promesas han sido más retóricas que reales. Sospecho que lo que se esconde tras esto es el hecho de que todavía no podemos ponernos de acuerdo sobre cómo nos vimos realmente metidos en este desastre. En realidad, los acuerdos se alcanzaron a puerta cerrada, en un escándalo absoluto que no provocó ni una protesta en el Congreso, y esa es precisamente una de las razones por las que existe tanto escepticismo sobre la JEP. En consecuencia, nuestros ciudadanos no sólo han perdido la confianza en las instituciones de transición, sino también sus esperanzas y entusiasmos. Estamos experimentando una crisis en la justicia y una crisis en materia de legalidad; los juicios a puerta cerrada a vista constituyen una violación grave del derecho a la verdad de las víctimas. Necesitamos un cambio de dirección en la JEP. Le juzgaremos teniendo esto en cuenta. La situación del sistema judicial depende de la existencia de instituciones eficaces para administrar justicia. Administrar justicia constituye una función esencial del estado de derecho. Resulta urgente, sin duda, la adopción de profundas reformas en el sistema de la JEP, de conformidad con los criterios internacionales mínimos de independencia y eficiencia en un sistema de gobernanza democrática. Este asunto está en las manos del presidente Duque, que tiene un deber administrativo y constitucional de actuar y es su sola responsabilidad el revisar la constitucionalidad de la ley u objetar la inconveniencia en los ámbitos de la excepcionalidad, especialmente cuando los bajos niveles de institucionalización de la autoridad, la falta de control del gobierno o los organismos de control y la persistencia de elementos de cultura política autoritaria y burocrática conllevan la ausencia de adecuadas estructuras de control público y auditoría social. Muchas gracias.
