40,000 son los niños y niñas a los cuales una educación de calidad les ha sido negada de manera abyecta, tras la decisión del Concejo de Bogotá de no prolongar por tres años más las vigencias futuras para los colegios en concesión de la capital. Seis cabildantes, con sus sendos votos en contra, se encargaron de enviar al traste el gran proyecto educativo.
Los colegios en concesión se establecieron gradualmente desde 1999, y a la fecha son 25 las instituciones dotadas por parte del distrito con infraestructura, aulas inteligentes y una loable planta docente, las cuales son gestionadas por prestigiosas instituciones educativas. Esta modalidad de cariz mixto, no dista mucho del sistema finés, el cual si bien es financiado a cabalidad por el Estado, permite una gestión autónoma por parte de los municipios, las directivas, y los profesores, quienes contratan libremente y diseñan sus propios planes curriculares, con una exigua intervención gubernamental. La gestión privada de estas instituciones educativas es diametralmente opuesta a la de los sistemas de educación igualitaria por los que aboga la izquierda, los cuales en extremos, terminan propiciando un culto al Estado y a sus gobernantes. Basta avizorar el caso cubano o el venezolano.
Dos factores fueron claves a la hora de tumbar las prórrogas para los colegios en concesión. Por un lado, se utilizaron las trabas burocráticas de marras, aduciendo que no es posible asignar un presupuesto a un mayor plazo que el del actual mandato. Lo anterior raya en lo absurdo, y es prueba fehaciente de cómo los intereses políticos se acomodan a la ley en este país. Estos intereses utilizan la burocracia a su favor para preservar lo que realmente les importa, el factor ideológico. La izquierda se encargó de enfocar el debate sobre los colegios en concesión hacia un derrotero dogmático y abstracto que prevalece ante las realidades.
Esta abstracción demuestra los limitados argumentos que tiene la izquierda para desafiar el modelo de concesión. Según ellos, la gestión privada de la educación pública es una ignominia, es caer en las fauces del neoliberalismo "puro" y del interés privado. La izquierda se vale de lo único que le queda, sus palabras peyorativas preferidas (capitalismo, privatización, neoliberalismo), para obliterar los colegios en concesión. Recalcitran ante los excelentes resultados del modelo y asumen que el ánimo de lucro es el que está detrás de estos colegios, cuando son las más destacadas instituciones educativas las que los administran. Sí, doctores Robledo y Aurelio, me refiero a esas mismas instituciones por las que ustedes pasaron, al igual que muchos miembros de su camarilla. De igual manera, la enemistad personal con el alcalde Petro por parte del Polo y sus colegas en la Asociación Distrital de Educadores ADE, azuza la ideologización de este debate y lo acotan al juzgamiento de ¿quién está actuando de acuerdo al deber ser de la izquierda? Según ellos, el alcalde se sale de este planteamiento por defender las concesiones.
Los enemigos de los colegios en concesión esbozan dos argumentos principales para eliminarlos. Aducen que las concesiones fomentan la desestabilización laboral para los maestros bajo el prejuicio de que el modelo le entrega la educación al neoliberalismo. En ningún momento consideran que la magra condición de nuestros maestros se extiende a lo largo y ancho del modelo público de educación (en concesión o no), y mientras no se dignifique esta profesión, el estatus del maestro seguirá siendo el mismo. Las instituciones por concesión presentan excelentes resultados, lo cual refleja la disposición y calidad de los docentes. Por otra parte, se percibe como una afrenta a la educación publica el que se necesite una menor inversión en los colegios por concesión que en los del distrito. Y sí, mientras que en un colegio distrital la inversión por estudiante es de $3.696.991, en un colegio por concesión es de $1.802.358. Para la izquierda, esto no es más que otra "estocada neoliberal" como diría María Antonieta Cano, pues su lógica es la de que a mayor gasto, necesariamente habrá mayor calidad. Paradójicamente, Finlandia invierte menos que Noruega y Suecia en educación y obtiene mejores resultados. Aquí la cuestión no es cuanto gastamos sino cómo lo gastamos.
En su afán ideológico, los enemigos del modelo por concesión ignoran sus extraordinarios resultados. Pese a que solo el 6% de los colegios públicos en Bogotá son en concesión, y que todos están en áreas periféricas y vulnerables de la ciudad, 22 de los 25 obtuvieron un nivel alto o superior en las Pruebas Saber 11 del año pasado, y solo 3 colegios quedaron en el nivel medio. Por otro lado, más de la mitad de los colegios distritales alcanzaron un magro nivel medio o bajo en las pruebas, sin contar los casos de violencia e insalubridad que presentan. Es preciso destacar aquí la labor de la Alianza Educativa, la cual gestiona 5 colegios, de los cuales 3 están en el top 5 de colegios distritales. Conozco el caso de primera mano, pues el colegio del cual me gradué (San Carlos), pertenece a la Alianza y adelanta una encomiable labor pedagógica con estas instituciones públicas. 7 colegios en concesión están entre los 10 primeros. Inclusive, el peor ubicado ocupa el puesto 131, de 410 colegios en total.
A fin de cuentas, los resultados van más allá de la ideología. A la izquierda poco le interesa esta cuestión. Peor aún, ignoran el clamor vehemente de los padres de familia y estudiantes, organizados en la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios en Concesión, para preservar el modelo. La izquierda pertinaz como siempre, se arroga los asuntos creyendo tener la verdad salomónica. En el Concejo de Bogotá, la imagen no puede ser más risible. La ADE y el Polo con carteles en contra el modelo, mientras los estudiantes y sus padres gritan "¡sí a las concesiones!"
@jdesign9615
