Admito, para los puristas, que “derecha” e “izquierda” son conceptos esquivos, debatidos y cambiantes con el contexto nacional y con la época. También admito que en América Latina hay bastante discusión sobre qué significa la izquierda y hasta dónde se extienden sus límites.
La explicación más obvia de esta anomalía es nuestra otra gran anomalía: una historia inacabable de violencia política. Desde Rafael Uribe Uribe o Jorge Eliécer Gaitán hasta Pardo Leal, Carlos Pizarro o Bernardo Jaramillo, en Colombia los líderes de izquierda han sido sistemáticamente asesinados.
Los dirigentes campesinos, los sindicalistas, los voceros de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, los desplazados que aspiran a recuperar sus tierras, suelen ser silenciados con la muerte, con la amenaza o con el exilio.
Para que la izquierda llegue a representar una verdadera opción alternativa de poder, lo primero que habría que cuestionar es su relación con las instituciones. Existe tradicionalmente una tendencia fuerte dentro de la izquierda colombiana a denegar la política “típica”, a desestimar las elecciones y a desconfiar del aparato estatal. Si bien es cierto que la política no se reduce a las elecciones y al ejercicio de gobernar, estos representan etapas imprescindibles, por lo menos en el sistema político actual, para poder incidir en los cambios de la sociedad. En otras palabras, es claro que no todos los problemas se pueden resolver desde el Estado, sin embargo muy pocos encuentran soluciones a largo plazo fuera de éste. Lo que plantea la necesidad de aprender a adaptarse al sistema vigente, con todas sus imperfecciones, en aras de acceder a las instituciones y tener la oportunidad de cambiarlo desde ahí.
Debería parecer evidente que el camino hacia el poder pasa por una apertura hacia amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, se puede seguir observando una fuerte propensión dentro de la izquierda a dirigirse ante todo a sus propios adeptos y seguidores, en vez de hablarle al país entero. Hay una tendencia a observar la sociedad y sus dinámicas internas de manera distorsionada y a pegarse a modelos teóricos rígidos. En otros términos, a tomar sus deseos por la realidad y a no adaptar sus análisis en función de los movimientos que atraviesan al conjunto social. Hasta existe un cierto “vanguardismo” que se manifiesta en la creencia de que, por pertenecer a una organización de izquierda, se sabe mejor que el mismo pueblo lo que éste quiere, y por lo tanto que no hay necesidad de escucharlo sino de orientarlo hacia la concretización de una supuesta “revolución”. De la misma manera, algunos siguen creyendo en una clase “centinela” que abriría el camino para el resto de la sociedad o en la imagen de un pueblo mitificado, cuya “naturaleza” progresista sólo habría que revelar. Se hace necesario, por el contrario, representarse los sectores populares como son, en toda su complejidad y sus posibles contradicciones, y dirigirse al conjunto del país.
Se puede decir con fundamento que el último gobierno con una agenda social fuerte, sin que fuera de izquierda, fue el de Alfonso López Pumarejo en 1936, y puede decirse también que la resistencia de parte del establecimiento político y económico a sus reformas sociales habría contribuido para que el país se sumiera en la violencia partidista de mediados del siglo pasado.
No se sabe qué hubiera pasado si Gaitán hubiera sido elegido presidente —aceptando con flexibilidad que sus propuestas eran socialistas— o Luis Carlos Galán, un hombre de ideas liberales aunque no de izquierda, o alguien como Carlos Gaviria, que es lo más cerca de llegar al poder que ha estado la izquierda en Colombia, pero sí puede afirmarse que el rezago de la llamada agenda social no se hubiese discutido en la Habana si algún proyecto de izquierda hubiera prosperado.
Si bien ha habido gobiernos locales de izquierda en Bogotá, y en alguna medida en Cali con Ospina y Pasto con Navarro, sus resultados han estado por debajo de las expectativas en materia social. Si a esto se suma el ambiente de corrupción que rodeó al gobierno de Samuel Moreno y la impredecible y errática gestión de Petro, la construcción de un escenario en el que los ciudadanos puedan apostarle a un proyecto de izquierda en lo nacional parece bastante lejano.
En todo caso, mientras el problema central de Colombia sea la violencia, la agenda social será un pie de página en la discusión pública y un factor poco determinante en la elección de los gobernantes, y así las cosas, la derecha tiene todo para seguir en el poder.
