Parece que poco importa tanto para los medios de comunicación nacional como los de provincia y a los respectivos gobernantes de turno la situación en materia de seguridad y riesgo en los que se encuentran los líderes sociales del país. La situación sigue empeorándose, las amenazas persisten y lo que es peor, el asesinato impune y el silencio cómplice de la sociedad en general.
A esta situación que viven los líderes sociales en varias zonas del país sumémosle a los del departamento del Magdalena que denuncian ser víctimas de amenazas de grupos que bien pueden llamarse posparamilitares, en un departamento que fue golpeado por esa mano negra violenta y auspiciada por políticos y mafia. ¿Será que ese poder de relación diabólica entre políticos, terratenientes y criminales asueldo se había terminado? ¿Qué acciones de parte de la gobernación del Magdalena se han adelantado para contrarrestar dichas amenazas?
Según el informe presentado por la Organización Somos Defensores el asunto es preocupante y latente, hay una desaparición sistemática sobre estas personas y no se descarta repetir las tristes noticias de masacres, violación de derechos humanos y desplazamiento.
Según el informe “agentes desconocidos” siguen asesinando sin que sus casos y el considerable aumento en los homicidios causen mucha alarma. Tan es así, que ni siquiera existen cifras unificadas, por lo menos por parte del Estado, que den cuenta de la magnitud del fenómeno y permitan ver qué está pasando con los liderazgos en zonas en las que, en su mayoría, el conflicto armado se transformó luego de la firma del Acuerdo Final de Paz con las Farc y hoy por hoy son otros grupos los que buscan el dominio.
La minería, el extractivismo desenfrenado, el narcotráfico, la lucha por la tierra, los crímenes de odio y la corrupción son algunos de los muchos problemas que se viven en esos contextos en los que, de acuerdo con Somos Defensores, los líderes son vistos como personajes incómodos, sobre todo “para quienes tienen las armas, controlan las economías ilegales, ejercen el poder político de manera corrupta, continúan con la tenencia de la tierra a gran escala o estén detrás de grandes intereses económicos en las regiones”.
Resultado de imagen para asesinatos de lideres sociales en colombiaLa radiografía muestra 560 casos de defensores y defensoras que —entre enero y diciembre de 2017— fueron víctimas de agresiones que no solo pusieron en riesgo su vida e integridad física, sino que también obstaculizaron sus labores. Poniendo la lupa sobre esa cifra, el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos revela que hubo además un aumento desproporcionado de los homicidios y atentados contra líderes que suman 156 casos (106 homicidios y 50 atentados). Eso sin contar los otros cuatro tipos de agresión que contempla el informe: amenazas (370 casos), detenciones arbitrarias (23), uso arbitrario del sistema penal (9) y robos de información (2). En 2017 hubo un incremento del 32,5 % de casos respecto a 2016, siendo el pico más alto de homicidios por año registrados por el sistema de información de agresiones desde 2002, cuando comenzaron a documentarse. En los primeros tres meses de este año, fueron asesinados en el país 45 líderes sociales; en el mismo periodo de 2017, es decir de enero a marzo, perdieron la vida 19 líderes y en el 2016 fueron asesinados 14, en dicho trimestre, ¡el aumento es significativo!
“En 24 de los 32 departamentos de Colombia se presentaron tales homicidios, lo que significa un 70 % del territorio nacional. El documento destaca además la existencia de una tendencia marcada de asesinatos de líderes comunales —cargos directivos de juntas de acción comunal (JAC) o juntas administradoras locales (JAL)—, comunitarios y campesinos, un panorama que refleja “cómo la violencia se focaliza sobre personas dedicadas a la defensa de la tierra y el territorio, y todos los derechos conexos a esta; refuerza esta tesis el ataque sistemático también a líderes indígenas y afrodescendientes, cuyos registros por homicidios siguen siendo altos y su liderazgo se caracteriza por la defensa de la tierra y el territorio”.
¿Pero el Estado? La respuesta estatal ha sido bastante ambigua, igual que la de los medios de comunicación. Los gobiernos de turno de los últimos 20 años han hecho todo lo posible por ocultar la violencia sistemática que sufren los líderes sociales de Colombia, una situación grave cuyo panorama para el Magdalena como para el resto del país no hay cambiado, “los agentes desconocidos” como los llaman técnicamente ahora y que son los posparacos de siempre, buscan seguir imponiendo el terror y el miedo en Colombia con la complicidad de los políticos de siempre.
