Los países con los más elevados índices de desarrollo humano se han apoyado en el fortalecimiento de los sectores relacionados con la educación, la investigación y la innovación para alcanzar el bienestar social. Por ejemplo, en Finlandia, aproximadamente el 11 % del presupuesto público-estatal se destina para financiar la educación. Sin embargo, en Colombia, aunque la educación se utiliza como caballito de batalla discursivo para superar el conflicto armado, el gobierno de turno ha incrementado los recursos transferidos para financiar la guerra a la vez que ha impuesto la regla de hierro de la “sostenibilidad fiscal” a la inversión en el sector educativo, lo cual, de suyo, desincentiva la producción intelectual.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2016 evidencia que, bajo el sofisma de la “austeridad inteligente”, el recorte orientado a equilibrar los gastos del Estado con la disminución de los ingresos proyectados (debido a la caída de los precios del petróleo, entre otros factores) se concentrará en los rubros de siempre. El gasto en la cartera de defensa y seguridad es intocable, pero la educación, la ciencia y la tecnología son relegadas a un segundo plano. Para la muestra un botón: sólo dos billones del Ministerio de Educación Nacional (MEN) se salen del rubro de los gastos de funcionamiento de la cartera; un estrechísimo margen de maniobra para invertir en todos los niveles de la educación, uno de los supuestos pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
En ese contexto, la investigación universitaria se encuentra entre la espada y la pared, teniendo que navegar entre dos aguas turbulentas que amenazan con hacer naufragar el barco. Por un lado, debe enfrentarse a los requisitos burocráticos que estimulan una concepción mercantil, comercial y pragmática de la investigación, lo cual la vincula a la ideología productivista del progreso, desecha su dimensión hermenéutica y comprensiva y margina áreas enteras de conocimiento (como las ciencias sociales, las humanidades y las artes). El afán de capturar rentas en el mercado termina por reducirla a la función instrumental de construir conocimiento para la circulación de capitales económicos y no para contribuir al desarrollo social del país. El ánimo de lucro se impone ante el interés general, rompiendo el vínculo creador entre universidad y sociedad.
Por otro lado, incluso pese a lo anterior, el recorte sistemático al presupuesto de entidades responsables de promover la investigación, la ciencia y la tecnología como Colciencias da cuenta de la complejidad del problema. Solo entre 2015 y 2016, se prevé una disminución del 20 % en los recursos destinados para la ciencia y la tecnología, que representan sólo el 0.2 % del PGN. “Hacer más con menos” parece ser la fórmula nefasta con la que el Gobierno Nacional le pone la soga al cuello a la investigación universitaria, en un momento en que debe ajustarse para corresponder a las necesidades apremiantes de un país que se prepara para construir la paz. No sobra decir que los efectos de esta medida son especialmente nefastos en la universidad pública, asfixiada presupuestalmente por el abandono estatal.
Recuperar la voz protagónica de la universidad pública en la definición de los asuntos más relevantes de la vida nacional no sólo es justo, también es urgente y necesario. Los fines misionales de la universidad no pueden seguir siendo deformados en el afán de conseguir recursos propios para evitar el colapso financiero de las instituciones públicas. Un gesto para avanzar en esa dirección sería establecer el compromiso del Gobierno, a través del MEN, con asegurar una financiación adecuada para la investigación así como de los órganos directivos de las universidades con la garantía de un gasto responsable y transparente de los recursos. Con el conflicto armado a punto de clausurarse definitivamente, es claro que el momento es ahora. A fin de cuentas, es la calidad educativa lo que está en juego.
