Hace unos días tuve la posibilidad de visitar el asentamiento Santa Helena, En Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, y conocí de primera mano, la difícil realidad de lo que se ha llamado “la invasión más grande de Colombia”. Más de 5000 ciudadanos han invadido la Finca Santa Helena desde marzo pasado, buscando una solución desesperada a su situación.
Este lote de 378 hectáreas ha sido dividido en parcelas de 6x12 metros, donde se han trazado rudimentarias vías. Las personas que han ocupado este terreno son víctimas del conflicto, desplazadas, desempleadas o trabajadoras informales. Para ellas, esta invasión es una expresión de esperanza, no un delito como algunos han querido catalogarlo.
Estas personas reclaman una vivienda digna y propia. Los acuerdos de paz en Colombia establecen que la tierra debe ser entregada a quienes la necesitan y no la tienen. Sin embargo, la realidad para muchos es que estos compromisos aún no se han materializado. En Santa Helena, las voces de estos ciudadanos resuenan con la esperanza de que el Estado cumpla con su promesa de proporcionar tierra y vivienda.
La situación en el Bajo Cauca antioqueño es crítica. Con una población de más de 300,000 habitantes, donde el 57% vive en áreas urbanas y el 43% en zonas rurales, la pobreza y la miseria son realidades cotidianas. El 19.74% de la población vive en la miseria y el 57.79% está por debajo de la línea de pobreza. Además, el 68.1% de la población no tiene empleo formal y el 65.5% posee un bajo nivel educativo. La minería de oro, que representa el 80% de la economía regional, no es suficiente para sustentar a miles de familias.
La invasión de la Finca Santa Helena es un grito de auxilio de una comunidad históricamente excluida y afectada por el conflicto. Estas personas buscan una oportunidad para desarrollar e implementar su proyecto de vida en paz y con dignidad. La concentración de la tierra en pocas manos y la falta de titularidad de predios han perpetuado la injusticia social. La bonanza de la coca y la falta de implementación efectiva del acuerdo de paz han agravado la situación, dejando a muchas comunidades sin apoyo estatal.
El Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) ha enfrentado sobrecostos, demoras y corrupción, lo que ha afectado a las comunidades que abandonaron los cultivos ilícitos con la esperanza de recibir apoyo. Las comunidades étnicas y campesinas, especialmente las indígenas y afrodescendientes, enfrentan dificultades adicionales en la tenencia de la tierra. Gran parte del territorio está bajo Ley Segunda, lo que limita el desarrollo de infraestructura y proyectos productivos.
El gobierno del cambio se comprometió a gobernar para los más pobres, y entre ellos están los ocupantes de Santa Helena. Estas personas han seguido las instrucciones del gobierno de organizarse para tener acceso a la tierra, y ahora esperan que el gobierno cumpla con su parte del trato. Necesitan que el Ministerio de Vivienda llegue a Santa Helena para resolver la cuestión de la vivienda, que el Ministerio de Salud brinde atención médica, que el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación ofrezcan oportunidades para el desarrollo integral de esta comunidad.
La invasión de la Finca Santa Helena es más que una ocupación de tierras; es una manifestación de la necesidad urgente de justicia y dignidad. Es un llamado al gobierno y a todas sus entidades a reconocer y actuar sobre las promesas hechas. La paz y la justicia social solo serán posibles si todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, tienen acceso a los recursos básicos necesarios para vivir dignamente. En Santa Helena, esta lucha continúa, con la esperanza de que el gobierno finalmente cumpla con sus promesas y brinde a estas personas la oportunidad de un futuro mejor.
