Uno no se explica, cómo Colombia, en los años 70, famosa por la “Punto rojo”, la marihuana más apetecida del mundo cultivada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y con tierras aptas para su producción en casi todo el país, llegó tarde al negocio del cultivo y procesamiento para uso “recreativo, industrial y farmacéutico” de la estigmatizada ‘yerba maldita’, cuando en Europa y Norteamérica la legalizaron progresivamente convirtiéndose en un negocio que paga cuantiosos impuestos a los gobiernos, moviendo además miles de millones de dólares, que a Colombia podrían compensarle los que pierde por la decreciente, antiecológica y devaluada producción de petróleo y carbón.
Eso, sin contar múltiples beneficios, que antes que legalicen la coca en Norteamérica, por su gran potencial de uso alimenticio y farmacológico podríamos obtener del cultivo y procesamiento de esta planta usada por los pueblos indígenas para su alimentación y comunión espiritual con sus ancestros y la naturaleza.
Aunque la cocaína ya era usada desde el siglo XIX, a principios del XX, era vendida libremente en las farmacias y entre sus usuarios contaba además de ricos empresarios, artistas a personajes como Freud.
En Colombia su producción arrancó a inicios de los 60, cuando jóvenes ingenieros químicos de “los Cuerpos de Paz” de los Estados Unidos, les enseñaran a campesinos del sur del Cauca, a procesar la hoja de coca y refinarla para obtener el costoso ‘postre de ñatas’ de la cocaína aceleradora de endorfinas y pasmadora de las borracheras a poderosos, celebridades y ciudadanos del mundo ‘civilizado’. La mayoría de esta coca era comercializada entre Popayán y Cali, antes de distribuirla al resto del país y el exterior.
Jaime Caicedo, del barrio San Nicolás, más conocido como El “Grillo”, posteriormente muerto en un enfrentamiento con la Policía en su grill “El Patio”, fue de los primeros mafiosos conocidos en el suroccidente colombiano, antes que a mediados de los 70 e inicios de los 80, surgieran las mafias de los carteles de Medellín y Cali, que en macro-laboratorios como el de Tranquilandia, ‘industrializaron’ el proceso con base de coca aerotransportada desde Bolivia e importaron semillas para regar el cultivo por todo el país, apoderándose de paso del negocio ilegal, armando sus ejércitos privados pioneros del paramilitarismo y penetrando el comercio, la industria la construcción, el deporte, los bancos que les ayudaron a lavar los dineros y reclutando políticos, altos funcionarios de la Aerocivil para que les expidieran licencias para sus aeronaves y pistas privadas y de otras entidades públicas, al igual que congresistas y oficiales de las fuerzas armadas para que les garantizaran leyes favorables y complicidad suficiente para que el negocio ilegal funcionara sin mayores contratiempos.
La irracionalidad de políticas aplicadas a rajatabla, a pesar de que en la práctica demuestran su inutilidad escondiendo otros intereses, se evidencia en la lucha contra las sustancias ilícitas, tal como sucedió en los Estados Unidos , cuando el 17 de enero de 1920, prohibieron el alcohol y prosperaron Al Capone y las violentas mafias de Chicago y New York, y posteriormente la emprendida en junio de 1971 por el presidente Nixon, al declarar que “la adicción de las drogas es el enemigo público número 1 de los Estados Unidos”, ante el ascenso de la criminalidad, el incremento del número de adictos, y según algún analistas, para contar con una herramienta legal que permitiera judicializar a los líderes de las hacinadas comunidades negras, donde el consumo se había extendido, y desde los ghettos de las principales ciudades norteamericanas luchaban por los derechos civiles conculcados por el racismo imperante, a la par que los jipis de la Contracultura promovían el uso de la marihuana, el LSD y otros estimulantes con la consigna de Amor y Paz, mientras se negaban a prestar servicio militar para ir de carne de cañón al Vietnam, desde donde, el 15% de los jóvenes que no perdieron la vida, luchando contra las guerrillas del Vietcong, al regresar sin gloria: derrotados y marginados por sus compatriotas, la perdieron por la adicción a la heroína y otros opiáceos, que adquirieron en Indochina.
Desde entonces, al pasar a segundo plano el programa de rehabilitación, sustituyendo la heroína por la metadona, y al criminalizar la marihuana, el LSD y otras sustancias, el 22% de la población carcelaria de los Estados Unidos, se copó de jóvenes negros y latinos soportando largas condenas por el porte o tráfico de pequeñas sustancias.
Al adquirir un carácter de guerra militar y no ser enfocada como un problema de salud pública, la “Guerra contra las drogas”, después de Nixon, fue exportada junto a la DEA a sus países satélites, la misma CIA traficó con drogas para financiar a los “Contras” de Nicaragua y las guerrillas anticomunistas de Afganistán, y años más tarde fue usada, junto a la lucha “Contra el Terrorismo”, como excusa para invadir países como Panamá, imponer códigos y fuertes castigos a las mulas, mientras prosperó la venta de armas, helicópteros y en Colombia contrataron con empresas privadas de aviación, la fumigación con glifosato fabricado por la Monsanto.
Al convencerse que gracias a la prohibición los grandes precios son el principal aliciente para el tráfico de drogas, un grupo de científicos, intelectuales y políticos como los ex -presidentes Gaviria y Santos de Colombia, Cardozo del Brasil, Zedillo y Calderón de Mexico-, desde hace tiempo hacen llamados para que se legalice el cultivo y la producción, mientras el gobierno de ultraderecha de Trump, ante la posibilidad de escudar la invasión a Venezuela en la lucha contra el ‘narcoterrorismo”, continúa imponiéndole la política de la prohibición de la marihuana y la coca a gobiernos títeres como el colombiano, que insiste en el calmante temporal de la fumigación.
El departamento del Cauca desgraciadamente continúa afectado por la violencia desencadenada después que las Fuerzas Armadas se demoraron en copar los territorios abandonados por las desmovilizadas FARC, y actualmente se desarrolla en abandonadas regiones de su territorio una cruenta lucha entre bandas de las disidencias de las Farc, el ELN y otras bandas asociadas a paramilitares y carteles mexicanos, pugnando por acaparar las ganancias generadas por el cultivo ilegal de cerca de 300 hectáreas de marihuana Creppy en el nororiente (Toribio, Corinto) y más de 7000 Has de coca en el sur y costa pacífica.
Guerra inútil propiciada por la prohibición de sustancias que metrópolis, como los Estados Unidos, las legalizan o ilegalizan según sus intereses y judicializan o no a políticos y gobernantes según su afinidad al gobierno norteamericano de turno, como ha sucedido con altos dirigentes políticos, funcionarios y congresistas de nuestro país, comprometidos en la narco-para-política, a quienes les han archivado las investigaciones y procesos, por ser afines al gobierno de Trump; mientras en Colombia continúan con fachada de santurrones y metidos hasta el cuello en la cadena de corrupción generada por los miles de millones que circulan “sucios y lavados”, a la par que los campesinos y población humilde del campo obligada a cultivar la coca, sufren las nefastas consecuencias: de la fumigación, que en tiempo de coronavirus también destruye sus cultivos de subsistencia, del asesinato de sus líderes y del terror y desplazamiento, al quedar en medio de los enfrentamientos entre las bandas por controlar el territorio y la economía ilegal.
