Una discusión bien “diciente” se ha suscitado con la radicación del proyecto de ley de reforma a la salud, al algunos considerar — incluidos los congresistas liberales Alejandro Chacón y Juan Carlos Losada— que esta no es una ley ordinaria sino estatutaria, y que debe tramitarse en primer debate solo en sesiones ordinarias y únicamente en comisiones primeras, lo que reduce la discusión de los grandes temas a unos pocos y sin duda en unos “arbitrarios” períodos de tiempo.
Entonces, no comparto la objeción de estos congresistas —tan destacados en el escenario legislativo— porque a la hora de verdad es una cuestión de forma y no de fondo, un cúmulo de formalismos “sin sentido” de las leyes 3 y 5 de 1993, que establecen respectivamente las funciones de las Comisiones y el reglamento del Congreso de la República.
Uno de los equívocos es limitar las sesiones extraordinarias —que convoca el Ejecutivo— al trámite de solo proyectos de ley ordinarios, prohibiendo la discusión de estatutarios o actos legislativos (reforma constitucional), simplemente porque no son sesiones ordinarias, cuando las "extras" deben ser inclusivas, no exclusivas, y por su misma condición de urgencia deben incluir todo tipo de proyectos, aún más cuando actualmente cursa un proyecto de reforma constitucional para ampliar en dos meses el segundo periodo de una legislatura (actualmente de marzo a junio).
El segundo argumento no es menos rebatible, siendo el testimonio de la enorme inequidad del Congreso —un atentado a la democracia— porque los temas constituyentes y estatutarios solo se pueden debatir en comisiones primeras de Cámara y Senado, dejando "castradas" en cada Cámara a las seis restantes comisiones constitucionales, que se deben resignar a discutir sólo proyectos de ley ordinarios, aún más cuando cada una de éstas son especializadas, se dedican a debatir un conjunto temas afines y específicos, como es el caso de la Comisión Quinta, que se encarga de estudiar los asuntos minero — energéticos del País.
Lo confieso, soy un ratón de biblioteca. A lo largo de estos años en el Congreso, me tomé el trabajo en Archivo Legislativo de transcribir o digitar —al no encontrarlos en ninguna parte— los expedientes de las leyes 3 y 5 –ponencias, articulados, proposiciones, actas— y en ninguna parte se sustenta por qué se limitan los temas legislativos en las extras, ni mucho menos porque los actos legislativos y los proyectos de ley estatutarios solo se pueden discutir en las comisiones primeras, lo que conduce a concluir –reitero— que la configuración del Congreso colombiano restringe los espacios de participación, en donde la concentración de poder está en las comisiones primeras (constitucionales) y terceras y cuartas (económicas).
Una reforma estructural al Congreso —que no se debe reducir al banal argumento de bajar el sueldo a los legisladores— implica "descentralizar" la labor constituyente y legislativa en las siete Comisiones Constitucionales Permanentes, en donde una reforma constitucional o ley estatutaria se debe discutir en primer debate en la comisión especializada, como por ejemplo discutir en la Comisión Séptima el actual proyecto de reforma a la salud –sin importar que sea ordinario o estatutario— porque al pasar a Plenarias de cada Cámara –segundo debate— prácticamente no se puede modificar en lo sustancial, porque se debe mantener lo previamente aprobado en la Comisión, incluso la Plenaria no puede “revivir” una proposición o artículo que ha sido negado antes en comisiones.
El "monopolio" de las comisiones primeras no tiene ningún sustento “técnico — legislativo”, porque de todos modos la elección de los miembros de las Comisiones —que se decide por votación en la Plenaria de cada Cámara, al iniciar cada cuatrienio legislativo— tiene un criterio eminentemente político, nunca por “méritos”, y más que hojas de vida depende de la habilidad del Congresista o el cupo de miembros en cada Comisión, que le dejen a cada bancada (De hecho, la Ley 3 o ley de Comisiones del Congreso no establece ningún tipo de requisito para pertenecer a cada Comisión).
Los proyectos de acto legislativo y los proyectos de ley estatutarios se deben discutir de acuerdo con la competencia de cada Comisión —no delegarla a las primeras— como tampoco los temas económicos y fiscales, porque su discusión es potestad actualmente de las comisiones terceras y cuartas, lo que significa que el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación –incluso el Presupuesto Bienal de Regalías— se define a la hora de la verdad en Comisiones Económicas y no en Plenarias, por lo que una reforma al Congreso debe permitir que cada Comisión discuta y apruebe estas dos iniciativas, abordando específicamente el tema de su competencia.
Coletilla: La periodista D'Arcy Quinn reveló la semana pasada en sus Secretos de La FM, que las bancadas en el Congreso se sostendrían en mantener las EPS en la reforma a la salud, y entrarían a debatir o ceder ajustes o modificaciones para el mejoramiento de las mismas, lo que estaría para alquilar balcón sobre cuál va a ser la reacción del Ejecutivo sobre la inédita y supuesta posición del legislativo, y dejando una gran incógnita sobre qué será de la suerte de esta reforma.
Lo único cierto es que al ser una iniciativa de tanto calado, que genera un sinnúmero de argumentos a favor y en contra, va a ser definitiva la discusión y concertación entre el gobierno y los ponentes del proyecto de ley, que indudablemente se convierte en una mecanismo del Congreso para mejorar una iniciativa, cono ha sucedido con la recientes reforma tributaria y la reforma política (primera vuelta), en donde temas como los discutibles impuestos a los grandes empresarios y la lista cerrada contaron con los ajustes respectivos del Congreso.
En otras palabras, se podría llegar a una solución salomónica: mantener los logros del pasado, pero sin negar cambios concretos, porque no se puede ser tan ortodoxo, como para desconocer lo construido, ni tan miope como para oponerse a unas necesarias modificaciones al actual sistema.
