Carpetas secretas de inteligencia, de igual manera que seguimientos e interceptaciones ilegales, no son de ahora. Tampoco son exclusivas de inteligencia militar. En antaño, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contaba con carpetas alimentadas por sus agentes y fuentes humanas al servicio del organismo (para ello tenían el grupo G-3). Hoy, se recurre al uso de tecnologías aplicadas para seguimientos, persecuciones e incluso violación de los derechos humanos de periodistas, políticos o integrantes del movimiento social (Contagio Radio, 2020).
Sindicalistas, maestros, estudiantes, periodistas, escritores, pensadores y líderes sociales, entre otros, señalados de ser enemigos del Estado tenían un expediente en el DAS. Un centenar de personas relacionadas en las carpetas perdieron la vida en ejecuciones extrajudiciales, entre ellas el sociólogo Alfredo Correa (Ocampo, 2019). Existen investigaciones judiciales en las que se ha comprobado la participación de escoltas del desaparecido DAS en el asesinato de líderes y personalidades como Rodrigo Lara, José Antequera, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Diana Stella Cardona, Jaime Santamaría Montoya, entre otros (El Tiempo, 2018). Todos tuvieron carpetas secretas.
Al terminarse la policía al servicio del Palacio de Nariño las funciones no se desecharon, otros organismos, no solamente del sector oficial, se encargaron de la tarea. Empresas privadas, asesoras del Ministerio de Defensa Nacional en aspectos de inteligencia y seguridad, ahora alimentan expedientes. La Dirección de Inteligencia, de igual manera que inteligencia policial, acompañan la labor.
Alimentar las carpetas de inteligencia requiere tanto de actuaciones lícitas como ilícitas, desarrolladas por el personal de la entidad responsable de su creación. Cuando existen evidencias para seguimientos e interceptaciones, mediante solicitud, la autoridad judicial los autoriza. No obstante, para que se realicen actividades ilegales de interceptaciones y seguimientos se requieren órdenes directas de altos cargos del gobierno o de generales directores de fuerzas.
Ahora bien, la explicación dada por el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, por interceptaciones ilegales y el perfilamiento de líderes políticos, periodistas, sindicalistas y funcionarios públicos no tiene validez alguna al momento de asegurar que desconoce quiénes están detrás de las actividades y quiénes dieron las órdenes (La FM, 2020). Él parece falsear la verdad abiertamente del mismo modo en el que lo hacían los generales comandantes de unidades en el periodo de la seguridad democrática al momento de conocerse los falsos positivos.
En declaración rendida ante La FM, el general Navarro enfatizó que “no hay ruedas sueltas, hay gente que actúa en clandestinidad”. En este sentido dice la verdad, puesto que el trabajo sucio de inteligencia es sistemático y generalizado en la medida que responde a criterios de la guerra sucia, psicológica y política desarrollada no solamente en época de guerra. Dentro de las agencias de inteligencia las actuaciones ilegales responden a órdenes directas de los jefes de dependencia. El personal militar involucrado obedece al adoctrinamiento al que ha sido sometido desde el momento de ser reclutado, en el que saltarse los postulados constitucionales, la ley y las normas es normal.
Además, responde ciegamente al criterio del enemigo interno, el cual no es solamente el que se alza en armas. La doctrina militar juega un papel relevante en el actuar criminal de hombres de inteligencia que se desvían de su razón de ser, tal como lo evidencia el coronel Hernán Mejía. En su cuenta @CoronelHMejía, el 2 de mayo de 2020, escribió: “Traición a la patria es lo que cometieron los miserables que entregaron información a la infame Revista Semana. Algún día sabremos quiénes son y qué recibieron a cambio. Dios salve a Colombia”.
La afirmación simplemente justifica su actuar frente a la Jurisdicción Especial para la Paz alrededor de la verdad, al manifiestar desconocer los falsos positivos cometidos por su unidad Zarpazo en el Batallón La Popa (Akerman, 2019). Compañeros, escoltas y conductores del referido oficial han declarado no solamente que al frente de la unidad se cometieron alrededor de 180 falsos positivos, sino la alianza que estableció con grupos paramilitares de la región.
Interceptaciones ilegales, chuzadas, seguimientos y anotaciones realizadas con información producto de entrevistas e informes de fuentes humanas son base para cada registro en las carpetas secretas. Personal de inteligencia ha declarado que algunas carpetas han sido destruidas. Al momento de percatarse de que organismos judiciales o de control se encuentran realizando pesquisas se da la orden de desaparecer toda evidencia.
A fin de desviar y obstaculizar investigaciones sobre los actos delictivos se deja información falsa. No es gratuito que aparezcan carpetas referenciando el seguimiento a altos funcionarios del gobierno, de igual manera de periodistas y personalidades allegados. Sobre ello también se falta a la verdad al asegurarse que no se sabe cuál sería la intención de seguir personalidades del gobierno.
No es cierto de que los actos no se volverán a repetir. Desde que se han descubierto dependencias oficiales y organizaciones criminales dedicadas a chuzadas ilegales, los responsables de las fuerzas han manifiestado públicamente que no ocurriría de nuevo En el periodo 1977-1998, el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier Ricardo Charry Solano y la Brigada 20 del Ejército Nacional fueron cuestionados y denunciados por prácticas ilícitas de chuzadas y seguimientos (Contagio Radio).
Para convencer a la opinión pública de que se realizan acciones para evitar este tipo de actuaciones, descabezan una decena de agentes de inteligencia, quienes simplemente pasan a la clandestinidad y a engrosar empresas privadas asesoras de inteligencia y seguridad del Ministerio de Defensa. Quienes no alcanzan a ello se vinculan a organizaciones delictivas que requieren de sus conocimientos, habilidades y destrezas. Para convencer más a la opinión pública crean protocolos de seguridad o simplemente realizan ajustes en el organigrama.
Referencias:
Akerman, Yohir (2019). La JEP funcionando. El Espectador, 5 de mayo 2019.
Contagio Radio (2020). Las peores prácticas de inteligencia militar nunca se fueron. 15 de enero.
El Espectador (2020) "Actuaciones individuales no pueden definir la institución": general Zapateiro. 2 May 2020.
El Tiempo (2018). Los otros crímenes de la mafia en los que también participó el DAS. 19 de marzo de 2018.
La FM (2020). No sabemos quiénes las ordenaron: comandante de FF.MM sobre interceptaciones. 4 de mayo 2020.
Ocampo Madrid, Sergio (2019). Alfredo Correa: un perfecto crimen de Estado. El Heraldo. 18 de septiembre de 2019.
Semana (2020). ¿Por qué perseguían al periodista de The New York Times? 2 de mayo de 2020.
