La II Misión de la ONU en Colombia promovió el proyecto Promotores de Derechos Humanos, en el que firmantes de la paz ubicados en varias de las regiones más asoladas por la violencia en el país, intentan conseguir que se detengan las violaciones a los derechos humanos de los excombatientes y sus familias. Enlaces directos con la Defensoría del Pueblo y la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación procuran conseguirlo.
Desde luego que el asunto de la seguridad personal y política de los reincorporados fue materia de amplio tratamiento en los Acuerdos de Paz de La Habana, y en una lógica elemental no sería necesaria la creación de mecanismos de colaboración o presión hacia las autoridades. Lo obvio sería que el gobierno nacional dedicara sus esfuerzos al cumplimiento de los compromisos adoptados por el Estado colombiano ante el país y la comunidad internacional.
Resulta escandalosa la falta de voluntad política del gobierno de Iván Duque, que piensa, habla y actúa en representación de un partido político enemigo de la paz, y no del conjunto de los colombianos como debiera ser. Sus altos consejeros y funcionarios, en contraste con la realidad, han repetido tantas veces en todas las instancias posibles, que el gobierno se empeña a fondo en cumplir con lo acordado, que su credibilidad se ha vuelto nula.
Sólo quiero presentar algunos de los informes enviados desde región por los promotores del proyecto ONU que mencioné arriba, para que pueda contrastarse la realidad con los discursos oficiales. Así, ayer jueves terminaron confirmando el caso del compañero Adolfo Rodríguez, fue asesinado en el municipio de Fortul, en Arauca. Dos sujetos armados se lo habían llevado de la casa de su residencia con rumbo desconocido.
Antier ocurrió un atentado en Cali, Valle, contra Andrés Felipe Cuero Duque, reincorporado que llevó durante el conflicto el seudónimo de Simón Cepeda y quien resultó herido de gravedad. Pertenece al ETCR de La Elvira, en el Valle. El 17 de abril, en una finca de la vereda La Llanerita de Villavicencio, Meta, cayó víctima de criminales John Sebastián Ávila Romero, excombatiente de las FARC firmante del Acuerdo. En la zona operan disidencias de Gentil Duarte.
A las nueve de la mañana del mismo día, promotores reportaron la novedad de que fue asesinado el firmante de paz y reincorporado Luis Fernando Córdoba Hurtado en el corregimiento de Guadalupe, en el punto conocido como San Antonio, jurisdicción del municipio de Quibdó, Chocó. Su riesgo, debido a denuncia anterior, venía siendo evaluado por instancias de seguimiento oficiales, sin que a la fecha se hubiera definido una medida de protección.
El lunes pasado se reportó igualmente que tres hombres armados acabaron con la vida del compañero Yeison Ayala, un reincorporado que en las filas del Bloque Oriental de las FARC usó el seudónimo de Eber Castro. Su asesinato ocurrió en el corregimiento de San Juan de Lozada, jurisdicción de San Vicente del Caguán, Caquetá. El domingo, desde el Chocó, informaron de un enfrentamiento entre la Policía y la banda de los mexicanos en el sector de Kennedy, Quibdó.
El saldo al parecer fue un agente de la policía muerto y otro herido. Sus numerosos contrincantes vestían ropa de civil, pero portaban fusiles y amenazaban con utilizar bombas. El 14 de abril fue asesinado en la vereda La Cristalina, de Macarena, Meta, Faiber Camilo Cufiño. En las FARC usó el nombre de Camilo, y su padre también fue combatiente y firmante de la paz. Podría seguir haciendo el recuento de los reportes de hechos sangrientos, pero sería de no acabar.
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Duque se esmera por saquear aún más el bolsillo de los colombianos, fumigar con glifosato, mentir sobre las vacunas, criticar a Venezuela y Cuba
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Habría que trasladarse a muchas otras zonas del país en donde los asesinos campean a sus anchas, levantando las más variadas banderas y consignas. Nuestra amada Colombia se halla herida de muerte, mientras Duque y sus funcionarios balbucean necedades. Una cosa es completamente clara, el agravamiento de la situación, el deterioro de la seguridad, la reproducción de las bandas criminales de todos los pelambres es consecuencia de la indiferencia gubernamental.
La dimensión de la violencia estremece otras instancias estatales. Recién se conoció por parte del Comité Interinstitucional integrado por la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, un llamado a la Defensoría del Pueblo para que intervenga en favor de los defensores de derechos humanos y los firmantes de paz, en riesgo inminente por cuenta de amenazas, asesinatos, desplazamientos y otros crímenes.
Igual conmueve el anuncio de que la Corte Constitucional estudia una posible declaratoria de estado de cosas inconstitucional, por cuenta de los mismos hechos. Duque, sin embargo, se esmera por saquear aún más el bolsillo de los colombianos, fumigar con glifosato, mentir sobre las vacunas, criticar a Venezuela y Cuba. Por todo eso el paro del 28, pese a cuarentenas y toques de queda.
Posdata: luego de escrita esta nota se conoció ayer otro crimen, el de Wilmer Enrique Álvarez Medina, excombatiente de las Farc, quien se encontraba en proceso de reincorporación en el Caquetá y fue asesinado en la masacre de la vereda El Águila del municipio de Cartagena del Chairá.
