En días recientes, Odebrecht expresó su interés en construir el metro de Bogotá, un proyecto estructurado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que avanza lentamente en medio de serias irregularidades y con cuestionada legalidad. Con eso en mente, vale la pena repasar el historial de la multinacional brasilera y el BID, y la relación entre ambas.
A finales de 2016 se conocieron las prácticas profundamente corruptas de Odebrecht. Según testimonio de uno de sus exejecutivos, la multinacional pagaba los gastos de marketing político de los candidatos, daba coimas a parlamentarios y hacía presión con la cancillería brasileña, gestionando votos a favor de los intereses de los países en el BID y otros organismos multilaterales, a cambio de que los políticos devolvieran el "favor" con obras. Como cereza del pastel, Odebrecht asesoraba a los países sobre cómo conseguir financiación a través de organismos como el BID.
En Colombia, Odebrecht aportó en total 3 millones de dólares a las campañas presidenciales de Santos (2010 y 2014) y a la de Zuluaga (2014). Al parecer, también trabajaba con un grupo de senadores conocidos como "Los Buldócer", para hacerse con jugosos contratos como los de la Ruta del Sol. Llama la atención que el millón de dólares que entró a la campaña de Santos en 2014 se recibió a través de Roberto Prieto, que fue representante de Colombia ante el BID los años anteriores, y que este haya intentado acudir a la inmunidad diplomática de la que gozan los directores ejecutivos del organismo multilateral. A pesar de todo lo anterior, en el país la empresa no tiene ningún impedimento para operar y tampoco ha pagado por sus delitos, incluso participó en un foro anticorrupción en Bogotá, mientras en el resto del mundo la han obligado a resarcirse o ha sido bloqueada.
El modelo con el que empresas privadas como Odebrecht terminan construyendo y concesionando obras se conoce como Alianzas Público Privadas (APP). A pesar de su cuestionada eficiencia y problemas de transparencia, su principal promotor en el continente y Colombia ha sido el BID. Esta actividad llevó al banco a tener una estrecha relación con Odebrecht, que se remonta al menos a 2007, cuando le entregó una garantía para proyectos de construcción en Panamá. La cacareada alianza se fortaleció en 2014, al tiempo que el banco anunciaba su interés de apoyar todos los proyectos para las vías de cuarta generación (4G) en Colombia. El apoyo se materializó con la inyección inicial de capital a la recién creada Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), encargada de flexibilizar la contratación pública aplicando reglas privadas y de gestionar la financiación de las APP. Luego de más de 4 años, además de los escándalos de corrupción protagonizados por Odebrecht, solo 14 de los 45 proyectos cuentan con cierre financiero.
La relación del BID y Odebrecht es incluso más estrecha en otros países como Perú, donde proyectos conseguidos con corrupción como la Hidroeléctrica Chaglla, la Carretera Interoceánica o el metro tenían a la dupla detrás. En Ecuador y Venezuela también hay ejemplos.
Los lineamientos licitatorios del BID son más flexibles que la ley colombiana, permitiendo saltarse el paso de tener estudios completos (determinante para el descalabro de Reficar), ocultar la información utilizada para escoger al contratista y las evaluaciones de las ofertas que presenten las compañías interesadas en quedarse con la obra, todo un caldo de cultivo para la corrupción. La flexibilidad, en estos casos, es como cuando Carrasquilla ofrecía sus bonos de agua y les decía a los alcaldes y concejales que optaran por una tasa mucho más alta que la de Findeter pero que les permitiría libertad en el gasto; como resultado, la mayoría de municipios se quedó endeudado y sin la palata para las obras. Los casos de fracaso del BID en el país no son pocos ni de poca importancia, el SITP de Bogotá, el Mio de Cali, los Sistemas estratégicos de transporte público en ciudades intermedias e Hidroituango dan cuenta de ello.
A lo que se enfrenta Bogotá hoy es a que una empresa corrupta termine participando en un proyecto, cuya estructura, bajo las normas del BID, es un incentivo para la corrupción. Para "ganar puntos", Odebrecht habla de una mísera reparación de 30 millones de dólares a Colombia, pensando en ganarse la principal obra de infraestructura del país con un costo de más de 4 mil millones de dólares y en la que se esperan cuantiosos sobrecostos. Mientras tanto, el BID insiste en que, a pesar de la corrupción, las alianzas público privadas que lleva años defendiendo son necesarias, y con terquedad dice que es el único modelo posible para suplir las necesidades de infraestructura del continente. Sobre la posibilidad ya Peñalosa dijo "si la empresa no tiene ningún impedimento legal puede participar". ¿Significará todo esto en Colombia que su otrora alianza con Odebrecht volverá?
