Hay una misteriosa escuela donde se forman algunos colombianos excepcionales que asumen como misión en la vida convertirse en servidores públicos aplicando los sólidos principios morales, éticos y filosóficos que aprendieron de sus maestros. Viven de manera modesta, ajenos a las oportunidades de enriquecimiento, a los afanes de escalar estratos sociales, ariscos a los halagos, premios y reconocimientos, e indiferentes a los efectos de llevar sus causas hasta las últimas consecuencias. No les importa que los persigan, los ataquen, los desprestigien, les pongan trampas, los boten de los cargos, los amenacen o los exilien. Saben que hacen lo correcto, empeñados en transformar el mundo que los rodea sin bullaranga. Señalan los riesgos de permanecer en silencio convirtiéndonos en cómplices de los excesos, abusos y atropellos de las élites que impusieron la impunidad del poder para perpetuar sus beneficios.
En un reciente trabajo que realicé sobre su trayectoria y pensamiento (publicada por Penguin Random House, La impunidad del Poder) Iván Velásquez expone su pensamiento con claridad. Vale la pena citar algunas de sus ideas para ilustrar la seriedad y profundidad de este servidor público para emprender sus misiones.
Sobre el tema que lo apasiona (la impunidad del poder) Velásquez afirma que es “como si en el país existiera una súper estructura mafiosa en donde todos los que llegan al poder se someten a las mismas prácticas: tapar, esconder, limitar las instituciones sutil o abiertamente. Esto es lo que genera la impunidad en el caso colombiano y el de otros países similares. La impunidad de los políticos, de los parapolíticos, la mentalidad de controlar un Estado para garantizar la corrupción de las elites. Quieren conservar el estado como les sirve y hacen todo lo que sea necesario para lograrlo porque les garantiza no tener sobresaltos y desarrollar sus actividades económicas sin dificultades.”
Para lograr ese propósito Velásquez sostiene que es necesario “distorsionar la mente colectiva, lograr que nadie se oponga y quien lo haga sea visto como el extraño, el disidente, el enemigo. Es un trabajo de la publicidad que distorsiona la mente colectiva, y la propaganda fija unos valores que no son los de la población. Uribe dijo sobre los civiles asesinados como si fueran guerrilleros que “no estarían recogiendo café” para justificar esas ejecuciones, cuando se trataba de aumentar el body counting así fuera al costo de asesinar inocentes. Cuando matan a una persona, hacen creer que no se trataba de una buena persona.” De esa manera, las élites gobernantes consolidaron la cultura de la muerte como una práctica necesaria.
¿Para qué capturar guerrilleros, secuestradores, delincuentes o sospechosos de serlo, cuando fuerzas del estado los puede asesinar con impunidad? Si los guerrilleros aprendieron a defenderse, a esconderse mejor en las selvas, entonces hay que inventárselos para justificar la vigencia del mecanismo. Apilar cadáveres tranquilizaba a la población que creía que mientras más alta la pila en las morgues menor el peligro que los acechaba. Es el mismo mecanismo que se aplica frente a los hechos de corrupción que reducen los sagrados recursos aportados por los ciudadanos para buscar la prosperidad colectiva.
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Surgían afirmaciones expresas de abogados que justificaban las ejecuciones extrajudiciales porque consideraban que eran la única forma de acabar con ese enemigo
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Iván Velásquez recuerda discusiones que sostuvo años atrás en el Colegio Antioqueño de Abogados, entidad que presidió. “En varios de los foros que se hacían se discutieron sobre los escuadrones de la muerte. Surgían afirmaciones expresas de abogados que justificaban las ejecuciones extrajudiciales porque consideraban que eran la única forma de acabar con ese enemigo. Entonces era una realidad compleja, en la que había elementos de toda naturaleza que no necesariamente estaban relacionadas con el narcotráfico, pero que eran terreno fértil para que actividades delictivas que son muy lucrativas pudieran ser toleradas, cuando no bienvenidas. Se refiere a que, ante males que acechaban a los ciudadanos provinieran de la delincuencia común o de la guerrillera, la solución final que aplicaban a través de las operaciones de limpieza que realizaban en esencia integrantes de la policía, eran bien vistas y aprobadas por amplios sectores de la sociedad.”
“Uno de los distintos episodios que ilustra la simbiosis estado-delincuencia, lo vivió el magistrado Velásquez con el descubrimiento en abril de 1998 de unos archivos que resultaron claves para descifrar el funcionamiento de las estructuras paramilitares de los hermanos Castaño y los empresarios que los financiaban. Fue a partir del allanamiento que realizó la Fiscalía en el Parqueadero Padilla de Medellín, donde las autoridades encontraron una gran cantidad de archivos (Marta Soto en El retador del poder hace un completo relato de este episodio). Con esa información, las autoridades de control y el estado hubieran podido actuar a tiempo para frenar el auge del paramilitarismo de los Castaño, frenar su relación con los empresarios y la fuerza pública. Pero lo que ocurrió fue lo contrario, la consolidación del poder narco paramilitar que neutralizó las investigaciones que se adelantaban. Los hallazgos que uno de los grupos más profesionales y honestos con los que haya contado la fiscalía iba haciendo se desbarataban o congelaban con la misma velocidad, pero sobre todo con el poder de intimidación tolerado por el mismo estado.”
“Los 17 integrantes de la Fiscalía que participaron en esa y otras investigaciones similares, fueron uno a uno asesinados. Los casos permanecen en total impunidad. Los paramilitares en cabeza de Don Berna (Diego Fernando Murillo) cuando hicieron un acuerdo con la justicia bajo el gobierno Uribe, reconocieron estos asesinatos con absoluta frialdad. Como si asesinar funcionarios públicos por desempeñar su tarea de combatir a la delincuencia, fuera una consecuencia obvia e hiciera parte de las normas a que deben someterse quienes se atrevieron a perseguirlos.”
El momento y la manera como Iván Velásquez descubrió, enfrentó y procesó la unión de hecho entre políticos y paramilitares, fue clave para impedir que esa alianza se tomara el estado. Los detalles fácticos los ha narrado en distintas oportunidades el mismo ministro designado y se encuentran registrados en expedientes e investigaciones judiciales. Sin embargo, al analizar el estado actual del problema, Velásquez dice que “cuarenta años después de la irrupción de los narcotraficantes como clase económica, social y violenta la situación es similar a la que se vivió en los años ochenta. En la actual década hay un rechazo formal de boca hacia afuera al narcotráfico, campañas gigantescas en contra, millonarias en dólares. El gobierno Duque anuncia que sin glifosato no hay futuro. Pero basta con citar un caso, el del Ñeñe Hernández (un narco que apoyó la elección del presidente Duque) y los recursos que se supone le pasó debajo de la mesa a la campaña del presidente, para entender la profundidad de la penetración y la distorsión de los valores sociales.”
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Hay un doble discurso en el que de palabra se rechazan los recursos de los narcotraficantes, pero en la vida real se aceptan
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“La gravedad del problema es clara cuando se entiende que quien recibe el dinero sabe de donde proviene, y aun sabiendo su origen, lo acepta. Al aceptar su dinero acepta también a quienes lo generan. Ese mismo fenómeno ocurre con la aceptación de las autoridades. Hay un doble discurso en el que de palabra se rechazan los recursos de los narcotraficantes, pero en la vida real se aceptan. Con el agravante de carecer de referentes éticos para establecer límites, aislar o impedir esa penetración en la sociedad y el estado. “Este es parte del problema de nuestra sociedad” afirma Iván Velásquez.
El talante del nuevo ministro de defensa, su trayectoria y solidez es una garantía para la transformación de la fuerza pública. Es una necesidad de la ciudadanía. Las desmovilizaciones de los paramilitares y de las Farc obliga a reformar las fuerzas militares, a crear una nueva doctrina para épocas de paz. Rediseñar la estructura y tamaño de las F.M. y de policía, crear nuevos programas de formación es indispensable. A nadie le debe inquietar que un servidor público, con valores y principios inquebrantables, justo y consistente, lidere ese proceso. Menos aún a la derecha que dejará de tener el peso de la doble moral que ejerce para renegar de los excesos pero estimularlos por debajo de la mesa como cómplice principal de la impunidad del poder. Pasan de estimular, impulsar y felicitar a los asesinos a rezar para que los perdone el todopoderoso que no los ilumina. Ahora tratarán de promover una actitud de brazos caídos de las fuerzas oficiales para dar al traste con la transformación. Van a fracasar en este propósito porque al interior de las fuerzas militares y de policía hay plena conciencia de la necesidad de ajustarse a las nuevas realidades. Los cambios tomarán algún tiempo y muchas discusiones. Pero son esenciales para la convivencia nacional.
