Transcurrido el tragicómico período de Pastrana (1998-2002) –considerado como el “peor” presidente de Colombia pero superado con creces por Duque (2018-22) el Estado estaba doblegado ante la arremetida de la insurgencia armada, el narcotráfico y la delincuencia.
La situación exigía un redentor para “salvar” el país y los profetas ultraderechistas designaron a Uribe (2002-10), “el mesías”, quien, para “refundar” el orden, implementó la política de Seguridad Democrática, diseñada por el Pentágono/FF.MM. colombianas, encaminada a exterminar definitivamente los grupos subversivos existentes y a combatir “terroristas, secuestradores, extorsionistas, sicarios, narcotraficantes y finanzas ilícitas.
Los resultados de tal política –“cerco/aniquilamiento” de agrupaciones de izquierda, “neutralización” de sus cabecillas, “recuperación” territorial, etc. intensificaron la aprobación de Uribe y, simultáneamente, arreciaron las críticas internas y externas de organizaciones de DD.HH./DIH, por los abusos en el ejercicio de la violencia estatal.
Fortalecer las fuerzas armadas, seguridad e inteligencia; recobrar el territorio; “perseguir” narco/finanzas; fomentar la “cooperación voluntaria”, las recompensas y el apoyo internacional, fueron las praxis significativas de la PSD.
Sus “éxitos” eran tan contundentes -primer gobierno-, que Uribe “modificó” la Constitución y prorrogó tramposamente su período otros 4 años. El “mesías” siempre negó la existencia de un “conflicto armado” en Colombia. El subfondo de la Seguridad Democrática fue idéntico al de la doctrina de Seguridad Nacional –“enemigos internos”-, impulsada desde la Casa Blanca.
Las 6402 “ejecuciones extrajudiciales” o asesinato de civiles inermes –exhibidos como “guerrilleros” caídos en combate-, cometidos durante su administración (2002-08, documentados por la CEV/2022), sintetizan la perversidad de dicha política, homicidios ejecutados por el Ejército Nacional en su afán de mostrar “victorias”.
El cinismo de Uribe es ilimitado: su gobierno obtuvo logros contra la insurgencia –NO contra el narcoparamilitarismo, ¡su músculo financiero!, pero oculta infructuosamente los “falsos positivos”; su táctica de Justicia y Paz favoreció los “narcoparacos” –sin sanción alguna, por crímenes de lesa humanidad-, pero despotrica contra la JEP por “amparar delincuentes”; asevera mendazmente que la JEP –aclamada internacionalmente- fue impuesta por las FARC-EP y, por ello, rechazada en el plebiscito. ¡Falacias inauditas de quien posa como paladín de la democracia!
En las audiencias de reconocimiento adelantadas por la JEP –costa Atlántica, Antioquia, Norte de Santander, Casanare-, altos oficiales, suboficiales y soldados CONFESARON su responsabilidad criminal; los estándares de las ejecuciones; su despliegue en el espacio/tiempo; las presiones/beneficios otorgadas por el Ejército; los asesinatos selectivos/masacres.
El “mesías” impugnó con alaridos su responsabilidad personal. ¡AFIRMÓ QUE FUE ENGAÑADO! En su doble condición de presidente/comandante supremo de las Fuerzas Armadas, INCURRIÓ en Responsabilidad del Superior, porque tenía mando efectivo, información suficiente y omitió dar directrices para evitar las matanzas.
Además, le cabría Responsabilidad Moral y Política, porque las muertes “extrajudiciales” fueron producto de la Seguridad Democrática. Lo antedicho está plenamente probado por las revelaciones de los propios militares, los testimonios de familiares de las víctimas, la JEP, la CEV, la UBPD, distinguidos juristas, plurales ONG, etc.
El nefasto gobierno del “mesías”, puede caracterizarse como el más cruento del último siglo. Ocho años desbordados de atropellos contra personas indefensas; decalitros de sangre inocente derramada; desplazamientos forzados de siete millones de campesinos; despojamiento/concentración/titulación fraudulenta de la tierra; masacres, homicidios, desapariciones, violaciones, saqueos a granel; miseria/corrupción generalizada, etc., ¡SIN QUE PUDIERA DERROTAR LA INSURGENCIA!
Sus críticos han sido denostados, perseguidos, encarcelados y/o desvanecidos. Recientemente, se despachó contra Rodrigo Uprimny -destacado defensor de DD.HH., quien lo sindica como posible responsable por las infracciones atrás mencionadas-, a quien Uribe acusa temerariamente de “ser responsable moral y político del terrorismo” y le endilga “defectos de carácter”, sin contradecir sus argumentos fácticos, exponiéndolo deliberadamente a las retaliaciones de sus compinches.
Categóricamente, ¡Uribe pretende liberarse de los crímenes atroces que ordenó directa o indirectamente, procura la impunidad de sus delitos! Pero el sitio continúa estrechándose. La Justicia Especial para la Paz y la Justicia Ordinaria emitirán pronto sus sentencias condenatorias contra el recalcitrante “mesías”.
