¡Dios salve los abogados!
Queridos lectores, los abogados que han sido defensores de narcotraficantes o de mafiosos no deben ser demonizados, deshumanizados y estigmatizados o, peor aún, atacados públicamente y perseguidos por la misma sociedad a causa de su trabajo y descritos como “abogados de la mafia”, tratándolos en la práctica como a criminales. Tampoco deberíamos cometer el error de poner en tela de juicio sus competencias técnicas o la naturaleza de su contribución a la sociedad o desconfiar de su idoneidad e integridad personal (su capacidad, sus estudios, sus conocimientos). Esto es moralmente inaceptable y no puede justificarse por ningún motivo, ya que es deshonesto y deshonroso, lo que es indigno de una sociedad libre. Déjame explicaros claramente por qué en solo unas pocas palabras. No voy a sacar del bolsillo ninguna respuesta o fórmula milagrosa y sería ingenuo, estúpido e indigno de ustedes que lo esperaran. En gran medida, esto es una cuestión de principios firmemente establecida en el derecho internacional aplicable a los derechos y a la protección de los abogados —y para que se detenga la estigmatización de los abogados defensores —, en el cual la Colombia es Estado parte.
El problema, al parecer, surge cuando el abogado defiende o ha defendido los derechos y las libertades de presuntos narcotraficantes o miembros de grupos mafiosos y a personas físicas y jurídicas vinculadas a ellos y hace todo cuanto está a su alcance por afianzar el Estado de derecho y sentar las bases que permitan a todos los clientes disfrutar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Las reacciones demuestran que, para muchos ciudadanos, de hecho, defender a un acusado de mafia significa básicamente defender a la mafia en la sociedad, la delincuencia y su cultura. Y, por lo tanto, o estás aquí o allá. La disputa esencialmente plantea un punto claro: si un abogado defiende a un mafioso o a un narcotraficante (que tiene el derecho constitucional de ser defendido) no es digno de la confianza de sus ciudadanos y de la comunidad, no es creíble y fiable, y puede ser un deber difamarlo, ensuciarlo, alegar que ese abogado es "mafioso" y cosas de ese estilo. Hay críticos quienes hablan despectivamente del "abogado de la mafia" o del abogado de narcos: ¿pero también están los "abogados de la corrupción", los abogados "del fraude", los abogados de asesinos, los abogados corporativos de bancos, los abogados internos de las sociedades, etc., así como también tenemos los magistrados de asuntos o de los bienes de la mafia, de corrupción, de fraude, de asesinos, como lo llamaremos a partir de ahora? No hay ley que impida a los críticos e individuos o periodistas decir estupideces y mostrar su ignorancia.
Por ejemplo, me gustaría saber una cosa: si defiendo a un acusado de un asunto de corrupción grave, ¿estaría defendiendo la cultura de la mala gestión y el nepotismo o el mercadeo de funciones públicas?, ¿o tal vez defiendo los derechos del acusado, la legalidad procesal y sustantiva del derecho aplicable, que subyace en todo el sistema de legalidad? Y si no es así, ¿cómo podría ser llamado un magistrado que absolvió a un acusado de mafia o de narcotráfico, no podría considerarse, a su vez, como un magistrado de la mafia o del narcotráfico con responsabilidad criminal individual?, ¿debería ser excluido, echado y al mismo tiempo de alguna manera estigmatizado? Esto hace que nos obligue a inventarnos una corporación de “paria”, una “clase” de juristas “canónigos” o diabólicos, inscritos en el registro especial de “abogados del diablo y magistrados del diablo”. Por lo tanto, se puede deducir que ningún abogado defensor de asesinos o ladrones debería ser libremente elegido para el Congreso de la República, donde se discuten y aprueban las leyes que castigan el asesinato y el robo. En mi opinión deberíamos explicar, por ejemplo, cómo podríamos llamar a los periodistas que defienden con sus columnas a reconocidos genocidas, los políticos que defienden a los violadores de derechos humanos o los magistrados que los absuelven; periodistas genocidas, políticos violadores o bien magistrados asesinos. Esto es por lo que todos tenemos que luchar. Si me he tomado la libertad de explicar esto es porque pienso en el deber de advertir estos peligros y la necesidad de solucionarlos.
Creo que está claro que no podemos obviar que el sentimiento antimafioso y antinarcotráfico es de por sí justo y su efecto discriminatorio está tan generalizado, eso seguro, pero también lo es para los ciudadanos y las autoridades públicas por la presión que las actividades mafiosas ejercen sobre la sociedad. Sin embargo, creemos que es indigno de un país civilizado demonizar, condenar y vilipendiar sistemáticamente a los letrados que están defendiendo los derechos de personas acusadas de cometer los crímenes más graves. “Debemos tener mucho cuidado: porque de una idea justa, sin respeto por la ley y la constitución, también puede surgir una dictadura”. La verdad es que la posición sorprendente que han asumido algunos moralistas del "pensamiento correcto" cosmopolita parece provenir de un prejuicio social: es decir, que el abogado técnico del acusado, este último presunto mafioso o presunto narco, conspira con su cliente para desviarnos de lo que es correcto y verdadero, de los derechos humanos, de la justicia y el principio de legalidad. Pero la mayor parte de la historia humana y la tradición de servicio que caracteriza los letrados del mundo sugiere que no es así.
Los abogados, como los demás magistrados y fiscales, usan la misma toga —cooperan de manera productiva en una serie de ámbitos, tienen una individualidad jurídica propia y la misma cualificación jurídica y profesional en el curso del proceso judicial y usan la misma herramienta procesal, con el mismo código y el respaldo de la constitución— y trabajan todos los días para ayudar a determinar, cada uno por su parte, si alguien debe ser castigado y cómo, de acuerdo con un sistema regulador en el que los jueces tienen el monopolio de los instrumentos para la decisión. Nos preguntamos: ¿cómo puede alguien dudar de que el defensor técnico, un protagonista a la par del fiscal, en un juicio de partes, sea incapaz de contribuir eficazmente a las deliberaciones del tribunal para promover un esfuerzo conjunto en la lucha contra el crimen? Es una posición conservadora e inaceptable y que se sitúa al margen de la realidad, lo cual es sorprendente, pues todos conocemos su contribución a la lucha contra el crimen organizado, así como la protección de las víctimas de crímenes; los abogados son los garantes de los derechos de los acusados, a través de los cuales se hace justicia. Las palabras del magistrado italiano Domenico Gozzo son totalmente compartidas: el abogado no es cliente del cliente.
Nuestros abogados todos los días (pero sabemos que en todo lugar hay manzanas podridas) luchan ante los tribunales nacionales por afianzar la justicia, por el respeto a los derechos humanos, por las leyes y tradiciones nacionales, por el respeto de las garantías procesales, por la responsabilidad y las libertades de los ciudadanos establecidos en la Constitución. A los abogados se nos obliga a asistir a las audiencias judiciales programadas, respetar las reglas, proteger las garantías y participar en procedimientos complejos para llegar a un primer juicio de mérito, luego un segundo juicio y finalmente un juicio de legitimidad. Pero, para el buen resultado de la actividad son indispensables, de parte de todos los letrados, dedicación, disciplina, estudio y constancia, en particular estar dispuestos a gastar mucho tiempo y dinero, hacer un esfuerzo extraordinario desarrollado con energía y orientado específicamente hacia la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos. De hecho, es precisamente en lo que radica la diferencia entre "nosotros", todos, la comunidad de ciudadanos honestos y con las manos limpias, y "ellos", los delincuentes, que resuelven todo con una pistola.
Nosotros los abogados podemos contar con una brillante historia de compromiso civil, porque siempre hemos buscado, a través de la afirmación del estado de derecho y la protección del "derecho a tener derechos" (¿cómo no podemos recordar la enseñanza de StefanoRodotà?), fuera y dentro del proceso, esperando fortalecer la débil identidad nacional de nuestro país, en el que, desafortunadamente, se ha abierto un amplio margen de maniobra para las mafias, que en su caso proviene de un profundo enraizamiento, que ha contribuido al desarrollo de una cultura criminal mafiosa o política ( véase al respecto, Beniamino y Migliucci Francesco Petrelli, L'Avvocato e l'Antimafia). Sin embargo, impertérritos, continuamos diciendo que los abogados defensores de los acusados de mafia u otros delitos graves no merecen estar del lado de la legalidad en el juicio penal y la lucha contra la mafia.
Me complace leer las palabras de un muy valioso y experimentado magistrado italiano Domenico Gozzo cuando afirma: me parece obvio que la lucha contra la mafia no es y no puede ser solo una cuestión de magistrados, familiares de las víctimas y abogados de los colaboradores de justicia o partes civiles... la antimafia necesita de todos, de todas las profesionales legales, en primer lugar de los abogados, y debe ser una "precondición" política: porque una fuerza política que no tiene la antimafia en su ADN no puede ni debe existir”. El papel del abogado es esencial para lograr la verdad del caso: no puede haber verdad en ausencia de una defensa buena, plena y oportuna.
Por este motivo creo que el término “abogado de la mafia” o “abogado de los narcos”, de uso frecuente y que ha sido impuesto en una época, resulta poco apropiado y debería abolirse completamente con efectos inmediatos, ya se ha quedado obsoleto y está fuera de la realidad; son términos tendenciosos que se prestan a ser manipulados sin ninguna consideración por los medios de comunicación en cualquier circunstancia y que no esconde otra cosa que sus intereses estratégicos. Esto carece de sentido porque la defensa es un derecho inviolable en todo tipo de proceso y en todas las fases de este y porque la defensa de la dignidad humana es un derecho inviolable, asimismo porque existe y existirá siempre un contacto personal y directo entre el abogado y el cliente, así como la obligación de informar al detenido de su derecho a reunirse con un abogado y la de un abogado que defiende a los acusados individuales de la mafia como ciudadanos inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Y es importante que la lucha contra la mafia y contra el narcotráfico no se convierta en un pretexto para renunciar o subestimar los conceptos y derechos fundamentales. Entre estos principios también están los del Estado de derecho: el derecho a la defensa de todas las partes interesadas, a un juicio justo, y otras cuestiones similares etc.
El defensor siempre es el arquitrabe del Estado de derecho. Antes de que Cristo fuera a la cruz, los juristas romanos ya nos habían enseñado de que el juicio es un hecho o procedimiento de tres personas (accusatorum atque iudicum consociati greges), juez, actor y acusado, a saber, en el juicio penal, juez, fiscal y abogado defensor. Las condiciones que tienen que soportar los abogados defensores de las libertades civiles en cuestiones de criminalidad y narcotráfico, pueden ilustrarse con las palabras del magistrado Gozzo cuando dice lo siguiente: “Es muy difícil ser un abogado de mafiosos. Los mafiosos están acostumbrados a usar la violencia y también les gustaría usarla contra el abogado. Le gustaría que el abogado se inclinara ante sus aspiraciones y deseos. Si al abogado lo hace bien, y la gran mayoría de los defensores, le aseguro por ser fiscal, lo hace, se arriesga personalmente. Esto lo sabe cualquiera que asista a las aulas de justicia. Si, por otro lado, uno cede a las demandas de la mafia, ya no se trata de ser parte o no: conduce a una posible responsabilidad penal. Y esto se aplica a todos, no solo a los abogados. Por esta razón no puedo compartir la campaña contra un abogado, quien, claro está, no es abogado de la "mafia", pero "solo" un abogado. Y con su experiencia como defensor, en mi opinión, puede traer más armas para comprender el fenómeno de la mafia, lo que realmente puede enriquecer una comisión antimafia”. Amén.
