La democracia participativa, establecida en la Constitución de 1991, determinó un sistema de control sobre los gobernantes locales y regionales en el caso de que se presenten graves fallas en su gestión porque no atiendan los problemas más graves de la comunidad correspondiente.
De lo que se trata es de corregir un rumbo lleno de desaciertos y errores en todos los órdenes de la vida social, como la inseguridad, el derecho a la vida, al trabajo, a la salud, al agua, a la educación y a la movilidad, por citar unos cuantos casos. Ese mecanismo es la revocatoria del mandato para apartar del cargo la cabeza de la correspondiente administración.
La revocatoria del mandato tiene su marco legal en los artículos 40, 103 y 259 de la Constitución Política, y las leyes 131 y 134 de 1994, y la Ley 1757 de 2015. El procedimiento se puede iniciar hasta cumplido un año de la posesión del alcalde, o sea, en enero de 2021, con un apoyo ciudadano en firmas equivalente al 30% de los votos obtenidos por el elegido. Y para revocarlo, un 40% de la votación que lo eligió. Se requiere entonces la conformación de un comité promotor, integrado con lo mejor de Cali: academia, empresarios, industriales, líderes comunitarios (afros, indígenas, comunales, universitarios, docentes, mujeres, jóvenes).
El trámite de la revocatoria del mandato del señor Ospina en Cali está plenamente justificada, dado el desastre de sus primeros meses de gobierno, plagados de violencia, masacres (Llano Verde), homicidios (casi 700 en los primeros seis meses del 2020), asesinato de líderes sociales ambientalistas y corrupción (en la policía, en el Programa de Alimentación escolar, en el transporte escolar y en las ayudas por el coronavirus). Además, la crisis del Mío, sumido también en la corrupción, es descomunal e implica grandes daños para la movilidad de los caleños. Y eso no es todo, el modelo de gestión del alcalde ha desinstitucionalizado el gobierno de la ciudad, pues su alianza con las mafias del concejo para construir una supuesta “gobernabilidad” devino en la repartija burocrática y contractual del gobierno municipal.
Así pues, afirmar que Ospina corresponde a una orientación progresista y sensible con los derechos sociales y ambientales de los caleños es una falacia que no se sostiene frente a los hechos de la vida cotidiana en que miles de hogares en condiciones de pobreza no encuentran respuesta a sus más apremiantes necesidades, como en el caso de los vendedores ambulantes, personas que ante la falta de empleo deben ir a las calles a buscar en el rebusque mínimos ingresos para sobrevivir y son perseguidos con atropellos por la policía del señor Ospina, su jefe en el ámbito municipal.
El proceso de recolección de firmas avanza, ya hay más de tres mil como actividad preparatoria de la revocatoria que debe ser un proceso democrático y plural de intervención de los ciudadanos comprometidos con el cambio de nuestra ciudad.
La pelea no es fácil, pero tampoco imposible. En Colombia solo ha sido exitosa la revocatoria del alcalde de Tasco (Boyacá), pero lo de Cali sería de grandes ligas.
