No es rara para la ciudadanía la ocurrencia de atrasos e incrementos en las inversiones de dineros públicos para los megaproyectos, y más grave aún, sin generar reacción en las sociedades de ingenieros y cámaras asociadas con la infraestructura nacional.
Diversas justificaciones son expuestas en los medios, informando causas inadmisibles para una dirección de proyectos idónea, entre las que hoy se cuentan la falta de contratación de obras complementarias o anexas, mala calidad en construcciones realizadas, facilidades electromecánicas en espera de cumplimiento de hitos, caracterizaciones inesperadas en subsuelo, curvas de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera.
Sorpresivamente escuchamos de los ingenieros directores que las condiciones detectadas en las estructuras terminadas como falta de alienación y fisuras son normales, cuando las causas podrían ser fallas de topografía y descuidos en el control de calidad de los concretos durante su colocación.
Entendemos que las funciones y responsabilidades del equipo de interventoría o supervisión serían entre otras, garantizar calidad, detectar previamente los posibles atrasos y tomar las medidas correctivas para solucionarlos y ejercer un control de presupuestos y costos para identificar y subsanar el incremento de las inversiones programadas.
La prestación de servicios profesionales para supervisar proyectos es pagada por tarifas mensuales mientras duren las obras para las cuales fueron contratados. Si la duración de los proyectos se extiende, como resultado, la suma total de la tarifa se incrementa.
Entonces cuál sería el interés de la supervisión por terminar a tiempo si entre más se extienda la duración más se aumenta su facturación al cliente.
Esta ecuación debería ser revisada ya que la metodología de contratación entraría en conflicto con los resultados esperados por las entidades contratantes.
Globalmente esto ha sido corregido desarrollando esquemas de contratación llave en mano (EPC).
