La economía colombiana en sus doscientos años de antigüedad se ha basado principalmente en el sector informal de la economía, el comercio al por menor de bienes y servicios; siendo la economía formal un sector poblacional minoritario en la participación macroeconómica del país. La crisis sanitaria por COVID-19 demostró esta realidad incómoda, pero que se insiste en negar.
La economía colombiana se basa en su mayoría en economía informal. Salomón Kalmanovitz (2015, p 14) tipifica la economía informal como “aquella que no está regulada por la ley; sus trabajadores no reciben el salario mínimo, no cotizan a la seguridad social, no están organizados sindicalmente y laboran en establecimientos de menos de 10 trabajadores”. En Colombia, asegura la Organización Internacional del Trabajo, el porcentaje de trabajadores en empleos vulnerables se ubica en el 60 por ciento y se espera que aumente sustancialmente. Este fenómeno global de la economía informal tiene un peso del 61% en toda la economía planetaria; a todas luces es una cifra preocupante, ya que este tipo de empleo por su naturaleza es ajeno al pago de impuestos progresivos, los cuales están basados en la capacidad de pago del contribuyente. También escapa a la bancarización del sector económico; así mismo, al acceso a créditos, servicios de salud y demás. Adicionalmente el sector informal de la economía es difícilmente cuantificable por el gobierno, ya sea por su naturaleza o por movimiento de dinero circulante en efectivo.
En contraste, las decisiones macroeconómicas de los gobiernos se basan en las estadísticas oficiales. En nuestro país, estas son presentadas por el departamento administrativo nacional de estadística Dane, el cual de manera mensual presenta cifras de empleo, subempleo y desempleo; la cual se deduce como tasa de desempleo. Esta se calcula como el número de personas desocupadas, dividido la población económicamente activa (PEA), siendo esta la población en edad de trabajar medida en el período de referencia o bien tienen una ocupación en la que producen bienes o servicios económicos (ocupados), o sin tenerla la buscan activamente (desocupados). En esto radica fundamentalmente la confiabilidad de la medición, la cual considera que si una persona realiza una actividad más de una hora a la semana y recibe una remuneración cualquiera por la prestación de este servicio es considerada empleada, lo cual afirmó Mauricio Perfeti, exdirector del Dane (Revista Dinero, 2014). Según esto, una persona que mendiga en un semáforo por más de una hora a la semana es considerada por el Dane como empleada.
Teniendo en cuenta lo anterior se suma la tragedia mundial provocada por la pandemia del COVID-19, la cual destruyó sectores completos de la economía colombiana, como el hotelero, entretenimiento, deportivo, eventos, transporte aéreo y por carretera, y muchos otros más. Los ciudadanos dedicados a estos sectores formales de la economía inmediatamente y en la práctica pasan a ser desempleados; aunque en realidad y para la estadística colombiana simplemente cambian de sector formal al informal. Para estos colombianos lo que queda es el “rebusque” en el mencionado sector informal, sea vendiendo tapabocas a domicilio, haciendo mandados en bicicleta, etc. Aunque para el Dane continúan siendo empleados, en la práctica no lo son. Tal como lo informa la mencionada entidad en su último informe donde nos presenta una estadística de desempleo cercana al 20%, lo cual genera bastante duda si se tiene en cuenta el contexto anteriormente descrito.
Lo anterior nos lleva a pensar que una política macroeconómica basada en supuestos estadísticos distorsionados o irreales, inducen al gobierno al resultado inequívoco de una política pública mal enfocada. Si a esto le sumamos intereses políticos y la presión de los sectores económicos de peso en la economía, estamos ante una hecatombe económica de proporciones inimaginables. Claro ejemplo de ello es el día sin IVA, una medida creativa y empeñada al fomento del comercio formal, que en épocas “normales” sería perfectamente entendible; pero teniendo en cuenta el momento de emergencia sanitaria y la realidad económica está absolutamente mal enfocada. Dado que el beneficio de esta iniciativa tenía ciertos requisitos, los cuales dejan por fuera al sector informal y gran parte del sector formal de la economía; ya que para acceder al beneficio, el pago debía ser por medios electrónicos, lo cual excluye a los pequeños establecimientos que solo reciben pagos en efectivo. Adicionalmente, los grandes beneficiarios fueron la banca, ya que la gran parte de los beneficiarios de esta medida no poseían el ahorro suficiente para la compra de los elementos de la rebaja del IVA y para acceder a ellos les fue necesario recurrir al crédito bancario. No contentos con esto, si le sumamos el contexto mundial de pandemia y la falta de protocolos de bioseguridad, el contagio para esa ocasión fue incalculable como vimos reflejados 20 días después del primer día sin IVA, donde se empezó a registrar el pico efectivo de la pandemia por COVID-19.
Ante esta realidad innegable, ¿qué ha planteado el gobierno para mitigar el impacto del coronavirus en la economía colombiana?
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional para apoyar la economía han estado encaminadas a subsidiar al empresario, pues el subsidio a la nómina y a la prima de junio para los salarios mínimos va en la dirección correcta para la protección del empleo formal. Sin embargo estas aún resultan insuficientes, tímidas y tardías ante el desafío que enfrenta el país. Como si fuera poco, la reglamentación dejó por fuera algunas de las empresas y sectores más afectados. Teniendo en cuenta que el sector informal de la economía es cercano al 60%, es inequívoco inferir que la mayoría de los colombianos están por su cuenta en esta crisis económica
El presidente Iván Duque ha dicho que los apoyos del gobierno en esta crisis alcanzan el 11 por ciento del PIB (más de 110 billones de pesos), aunque en sus cuentas suma subsidios, ayudas y créditos. Pero no todos son recursos fiscales nuevos, del cupo total de 15,7 billones de pesos en créditos garantizados, por ejemplo, han reservado 8,32 billones y solo han desembolsado 2,43 billones, pues la gente no desea endeudarse mientras haya incertidumbre sobre su capacidad de generar ingresos. Incluso cuando el Banco de la República rebajó las tasas de interés, el sector bancario insiste en no disminuir las tasas de interés a sus clientes. Así mismo, la ciudadanía tampoco quiere simples aplazamientos de impuestos, sino verdaderos alivios a su flujo de caja. De hecho, los desembolsos del subsidio a la nómina no alcanzaron siquiera los 200.000 millones de pesos en mayo, por tanto se requieren medidas más ambiciosas, que generen un impacto real en la economía colombiana.
Existen diferentes propuestas del gobierno, una de ellas es el ingreso solidario, el cual consiste en entregar una renta básica a los núcleos familiares. En mi opinión esta propuesta ayuda a cubrir las necesidades básicas, pero que a la postre no generaría un impacto en el combate de la pandemia. Pues la naturaleza ambiciosa del ser humano impulsaría a las personas a complementar su ingreso mediante el acceso a la economía informal, saliendo a contagiarse y a contagiar a otros ciudadanos. Inicialmente la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López habló de apagar la economía, lo cual es completamente descabellado pues la economía surge de la interacción de los seres humanos como sociedad. Lo cual no se puede abandonar de tajo. Otro enfoque que se propuso por parte de la izquierda fue la exención del pago de servicios públicos y de impuestos, mientras duraba la emergencia económica, la cual sin dejar de ser bienintencionado y reflejar un verdadero alivio en la economía de los hogares colombianos, resultaría a mediano y largo plazo insostenible para las finanzas del estado.
Conclusión, ante el rosario de problemas estructurales de la economía colombiana, agravados de forma inconmensurable por la pandemia del coronavirus, analizando las diferentes propuestas realizadas por los mandatarios y actores políticos colombianos, se cierne un manto de incertidumbre y desesperanza que cubre a toda la economía nacional. Pues al parecer nadie sabe qué hacer, ni cómo hacerlo.
Por mi parte planteo como solución la implementación del modelo keynesiano, el cual probó su valía al ser aplicado exitosamente en la reconstrucción de la Europa posterior a la segunda guerra mundial mediante el Plan Marshall. Este plan fomentó la intensiva inversión pública, empleada en vías de comunicación, infraestructura básica, fomento de la industria nacional, energía, investigación y tecnología, bajas tasas de interés, acceso a crédito y bancarización masiva de la ciudadanía a bajos costos financieros y demás elementos que fortalecieron la producción y consumo nacional; llevando a los países europeos, otrora destruidos, al conocido estado de bienestar Welfare State. Esto permitiría un crecimiento económico del estado, generando a largo plazo un mayor recaudo de impuesto y haciendo el sistema sostenible en el tiempo. Pero el éxito de este comprobado modelo depende de la banca nacional e internacional y de la buena voluntad de los corruptos gobernantes colombianos.
