Colombia, con su privilegiada ubicación geográfica que le permite acceso tanto al océano Pacífico como al océano Atlántico, se ha convertido en un punto estratégico para múltiples organizaciones criminales que utilizan el país como base para la realización de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas y personas.
Estas organizaciones, a su vez, ven en Estados Unidos un mercado idóneo para sus productos ilegales, debido a su vasta economía y gran población. Gracias a esto, alrededor de 1,738 toneladas de cocaína son producidas en Colombia cada año, y gran parte de esta cantidad tiene como objetivo llegar a Estados Unidos. Lo que ha ocasionado que la lucha contra dichos grupos delictivos sea un objetivo en común para ambos países.
Sin embargo, en los últimos años, las relaciones entre el gobierno colombiano y el estadounidense se han deteriorado paulatinamente, afectando el apoyo que Colombia recibía de su aliado en la lucha contra el narcotráfico. Este distanciamiento ha permitido que las organizaciones criminales se fortalezcan y expandan su alcance, resultando en un incremento de cultivos ilícitos y de la producción de cocaína.
Sumado a esto, el debilitamiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional bajo la administración actual ha facilitado que estos grupos operen con mayor libertad, lo que ha generado disputas territoriales entre ellos y expone constantemente a la población civil a mayores niveles de violencia, pobreza y desigualdad. Es entonces cuando la “ley del delincuente” se impone: si no estás con ellos, eres su enemigo, y si eres su enemigo, tu vida corre peligro.
Como consecuencia de todo lo mencionado anteriormente, los grupos armados insurgentes y los grupos delincuenciales han logrado diversificar sus actividades criminales, ampliando sus rutas hacia el norte y logrando transgredir las fronteras estadounidenses para introducir exitosamente algunas drogas y traficar tanto armas como personas.
Esto no solo representa un desafío económico, sino también una amenaza directa a la seguridad de los Estados Unidos, deshaciendo años de esfuerzo conjunto, inversión de recursos y sacrificios de fuerzas de seguridad que han luchado y, en algunos casos, entregado sus vidas para contener estas redes de crimen organizado y los grupos insurgentes narcoterroristas.
Por lo anterior, es cada vez más urgente que el gobierno colombiano revise su postura y tome acciones contundentes contra estas organizaciones narcoterroristas, dejando de debilitar las Fuerzas Militares y Policiales del país y reforzando a su vez las relaciones diplomáticas y de cooperación con Estados Unidos. La colaboración entre ambos países es fundamental para poder enfrentar una lucha que diariamente cobra vidas tanto en Colombia como en Estados Unidos.
La seguridad y el desarrollo económico de la región no deben depender de la ideología política del gobierno de turno, sino de una visión compartida que promueva estabilidad y crecimiento para ambos países. Este enfoque no solo permitiría preservar la seguridad regional, sino que también ofrecería a ambos países, y a los que se han visto afectados directa e indirectamente en ese mercado, una esperanza de paz, seguridad y progreso para la población civil que ha sufrido durante tantos años las consecuencias de una guerra sin tregua.
