Con Biden no cambiará significativamente la fuerte dependencia de Colombia y sus gobiernos con los Estados Unidos; pero sí el ímpetu con que el uribismo, a través del presidente Duque y con el apoyo de su colega Trump, cimentaba una dictadura de ultraderecha con careta democrática.
Debido al conocimiento que tiene de Latinoamérica y Colombia desde el Senado y la vicepresidencia de Obama, el presidente Biden, para mantener los intereses estratégicos de los Estados Unidos en la región con un vecino incomodo como Venezuela, no será tan drástico con el gobierno Duque por la abierta toma de partido a favor de la reelección de Trump; pero sí le apretará las clavijas, sobre todo en el taimado empeño de hacer trizas el acuerdo de paz.
Y no hay que olvidar que Obama delegó en su vice Biden lo relacionado con la planificación del Plan Colombia, ejecutado a plenitud en los dos periodos de Uribe y Santos, diseñado para fortalecer a las fuerzas armadas en su lucha contra las guerrillas y el narcotráfico y en varias ocasiones visitó al país.
Y además del éxito en golpear a las Farc, también conoció denuncias sobre masacres, reiteradas violaciones a los derechos humanos, vínculos de altos mandos y tropas de las fuerzas militares con los paramilitares y el narcotráfico, del asesinato de jóvenes civiles engañados con promesas de trabajo para asesinarlos y "disfrazarlos" de guerrilleros ("falsos positivos") y de investigaciones a importantes funcionarios del gobierno y la política colombiana con la corrupción administrativa, economía ilegal y grupos violentos, algunas de las cuáles, por conveniencia "geopolítica", fueron engavetadas en los Estados Unidos.
Tampoco hay que desconocer que el gobierno de Obama respaldó institucionalmente y con recursos administrados por la Usaid, al proceso de paz iniciado por Santos, el acuerdo firmado y los programas para implementarlo con los reinsertados y comunidades directamente afectadas por el conflicto y que el recién electo presidente norteamericano también conoce del freno a programas como la Reforma Agraria Integral, la Restitución de Tierras y otros puntos estructurales del acuerdo, que el gobierno Duque, para no perder aportes internacionales, ha enfocado en programas secundarios y accesorios; sin ignorar la pandemia del asesinato sistemático de reinsertados, líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos y ambientales; mientras torpedean el funcionamiento de la JEP, a la que merman presupuesto y quieren acabar, al igual que las Cortes, para instalar una manejable, como abiertamente lo propone Uribe, en su referendo lanzado cuando confiaba en la reelección de su mentor Trump.
Con las "recomendaciones" de Uribe a Biden sobre cómo gobernar en todo el planeta y la felicitación de Duque al presidente, los dirigentes del Centro Democrático entienden que es hora de "lamber" y no tendrán vía libre para desarrollar su agenda encaminada a apoderarse de todos los poderes del Estado para a las buenas o malas imponer su autoritaria política neoliberal.
Para el 2022, un amplio espectro de grupos y dirigentes políticos de la "centroizquierda" o "progresismo" han entendido la imperiosa necesidad de unirse para acordar un programa mínimo de reformas económicas, sociales y políticas que por lo menos garanticen la reforma agraria integral, restitución de tierras, reformas a la justicia, política, registraduría y sistema electoral, la salud, educación, laboral, etcétera, que fortalezcan el proceso democrático real y así impedir que se consolide con cuatro años más, el proceso de “refundación de la patria”, lanzado por el presidente Uribe y las AUC de los paramilitares desde finales del siglo XX, para convertirnos en una dictadura de ultraderecha disimulada y muy parecida a la que a nombre de la “izquierda” ha construido Maduro en Venezuela.
Del que fructifique la unidad y haya consenso y mecanismos prácticos sobre cómo elegir a un candidato único y listas fuertes para Congreso depende que para el 2022 triunfe un gobierno progresista o se consolide la dictadura de ultraderecha con fachada democrática.
