Pradera es un municipio del Valle del Cauca enrocado sobre la cordillera central, al sur del departamento, con un potencial electoral de 41.408 electores (EleReg2019) botín nada despreciable para la casa política Nueva Generación que dirige Dilian Francisca Toro y que lleva a la cuenta 2 administraciones seguidas hasta hoy.
Administraciones desastrosas, envueltas en constantes velos de corrupción, ignominia social y electoral generalizada, escándalos por abusos del poder, falsedad en documentos públicos, entre otros que han sido evidenciados y denunciados por veedores sociales y veeduría ciudadanas.
La comunidad está cansada de tantos atropellos administrativos, sin resultados de los entes de control que al parecer con su silencio operan como cómplices del absurdo carrusel de corrupción enquistados en la alcaldía y entes descentralizados.
Esto ha llevado a que se convocara el legítimo derecho de la revocatoria del mandato del señor alcalde Justino Sinisterra (Partido de la U) por un grupo de ciudadanos, con el ánimo de devolverle al pueblo su poder electoral y la confianza en las instituciones del estado.
Revocatoria que fue reconocida por la Registraduría Nacional el 23 de marzo del 2021 mediante resolución 001; dado que aún era vigente la declaratoria por emergencia sanitaria, el grupo de ciudadanos debió acogerse a múltiples procesos más de lo que lleva una revocatoria de mandato normal, entre ellos el hecho de que el alcalde debía declararse impedido para ejercer control y vigilancia en los protocolos de bioseguridad para la recolección de apoyos que sustentaran la invocación a elecciones atípicas.
Esta declaratoria se enviaba a la Procuraduría Regional para que se pronunciara sobre el asunto y posteriormente se le informara al Ministerio del Interior quien es el encargado de nombrar los alcaldes y gobernadores ad hoc para casos particulares como este.
Debieron pasar casi 100 días hábiles para que la Procuraduría Regional del Valle del Cauca se pronunciara no sin antes el comité se hubiese quejado por el presunto engavetamiento del proceso en este ente de control, ahora mediante sendos oficios por parte del comité al Ministerio del Interior se ha solicitado celeridad en el proceso, pues la Gobernación del Valle del Cauca debe enviar la hoja de vida del funcionario designado como alcalde ad hoc para tal fin.
De esta situación surgen varias preguntas: ¿porque en otras ciudades con altos intereses políticos especialmente del ala centro izquierda, estos procesos de revocatoria han avanzado significativamente? ¿porque en municipios como Pradera (Valle) los cuales son cobijados bajo el seno protector del Partido de la U, no avanzan y se debe llegar a oficiar constantemente para avanzar? ¿Se envía un mal mensaje al electorado al no dejarlo ejercer su legítimo derecho a la revocatoria?
Si en el momento coyuntural que está pasando Colombia con la declaración de emergencia y con el paro nacional se formó un caldo de cultivo de animadversión hacia administraciones paupérrimas e indolentes, con altísimo grado de corrupción, pasará esta revocatoria, abriría la puerta al envalentonamiento del electorado para revocar a sus mandatarios y por qué no al presidente.
