Desde el día de ayer los campesinos de la zona rural de la localidad de “Ciudad Bolívar” en la capital, junto con organizaciones sociales y comunidad en general, han venido desarrollando acciones de protesta pacífica frente a los perjuicios que para sus comunidades y toda la ciudad vienen generándose por el indebido manejo de los residuos que son depositados en el relleno sanitario “Doña Juana”.
No es nueva esta situación, ya en reiteradas ocasiones organizaciones sociales, comunales, campesinas y sectores académicos han advertido la grave situación que el inadecuado manejo de los residuos constituye para las comunidades de entorno y el medio ambiente. La posible explosión de los gases acumulados, la constante proliferación de insectos y roedores, la contaminación del agua y el aire, la afectación a los cultivos junto con los problemas de movilidad y de seguridad integral; se convierten solo en la punta del iceberg de una problemática que afecta a todos y cuyos únicos beneficiados son los empresarios privados que hacen parte del concesionario y que han venido convirtiendo los territorios y las comunidades en elementos sacrificables, en pos de la adquisición de ganancias exorbitantes.
La respuesta institucional ante las constantes exigencias de las comunidades se ha caracterizado por la ausencia del dialogo como elemento de respuesta; por el contrario la UESP, la CAR, la Secretaria de Gobierno y el Despacho del Alcalde Mayor han gastado más en campañas publicitarias para generar imaginarios erróneos de gestión que en la inversión real para al menos mitigar los efectos negativos de este tipo de intervención frente al relleno sanitario, el cual además se encuentra operando con un modelo y tecnologías obsoletas que constituyen un riesgo para todos los habitantes de la Capital.
En las ultimas semana la crisis sanitaria llego a su cúspide y las nubes de insectos y los procesos de contaminación desbordados; se convirtieron en una condición insostenible para las comunidades campesinas que vieron impotentes como el supuesto “desarrollo”, se constituía en una nueva arma de los poderosos para generar su desplazamiento de los territorios ancestrales. Esta fue la gota que reboso la copa, llevando a las comunidades a sentar su protesta de manera efectiva ante el silencio cómplice de las autoridades, incluyendo los organismos de control, en favor de los concesionarios y el capital privado.
Tan madrugadores como siempre, la comunidad sentó su voz de protesta tomando acciones preventivas para evitar que la llegada de los residuos sólidos aumentara la gravedad del problema y no como lo ha querido hacer ver la institucionalidad con la intención de sabotaje a través de un “bloqueo”; ante las acciones pacificas de los sectores campesinos y sociales, la incapacidad de una administración indolente y cerrada al dialogo se materializo con el envió del ESMAD, quienes con el argumento de restablecer el orden público, procedieron a agredir en nombre del Alcalde Mayor a quienes adelantaban la protesta sin importar que hubieran en el lugar, niños, mujeres, ancianos y otras poblaciones vulnerables.
Como resultado de estos procesos de agresión, responsabilidad directa de la administración y su brazo armado, hay más de 30 personas lesionadas y otras cuantas retenidas sin que exista justificación para estas acciones por parte de quienes deberían garantizar “la vida, honra y bienes de los ciudadanos”; pero por el contrario bajo las ordenes de una administración que no cuenta con la legitimidad requerida para garantizar la gobernabilidad, se impone por la fuerza negando cualquier opción de dialogo y de materialización efectiva de los derechos de los ciudadanos.
Como si no fueran suficientes las agresiones de las tonfas y los gases; se ha iniciado una campaña de desprestigio contra los campesinos y organizaciones sociales, aduciendo que sus acciones se encuentran enmarcadas en el “terrorismo”, cuando los hechos han demostrado que las acciones adelantadas son pacíficas y que no es cierto que se halla interferido con la actuación de las instituciones de salud, todo lo contrario se solicita su presencia permanente y no solo ante la presión mediática y las situaciones incidentales. Tampoco es cierto que las personas participantes en la protesta hubiesen participado en la quema de vehículos y maquinaria, los cuales supuestamente fueron objeto de un “incendio” del cual no se ha establecido sus orígenes.
Esta campaña de desinformación busca que los demás capitalinos nos separemos de la defensa de los territorios, del medio ambiente y de la vida, que no constituyamos lazos de fraternidad y solidaridad con quienes tradicionalmente nos han alimentado y han protegido nuestro derecho al agua y a un ambiente sano entre otros. Cuando los medios que, obligados por la pauta del distrito, centren su información en los atrasados a la recolección de basuras en la zona, pensemos que vale más tener que soportar las incomodidades de la basura en las calles, que tener por el accionar o por el silencio cómplice en nuestra conciencia la pérdida de calidad de vida de las nuevas generaciones y la extinción de nuestra identidad, porque campesinos somos todos.
Por ende, rechazamos las agresiones contra las comunidades que pacíficamente han venido ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, solicitamos la solidaridad de toda la ciudadanía y exigimos el inicio del dialogo de manera efectiva y pública, frente a las problemáticas expuestas por las comunidades. Esperamos finalmente que ante las acciones represivas y de desinformación de la administración junto con el silencio cómplice de los organismos de control, todos levantemos nuestra voz al unisonó, para decir #MochueloSomosTodos.
