Hace unos cuantos años atrás, escuchamos por todos lados una palabra mágica: “inclusión”. Según dicen los expertos, se trata de incluir a todas las personas en la sociedad, por lo que los grupos minoritarios son llamados a participar en las diferentes dinámicas sociales de manera activa con la garantía de la protección de sus derechos. Ahora bien, esta propuesta es holística y plantea que la sociedad debe estar preparada para garantizar una vida plena de derechos a todos sus ciudadanos sin importar su condición social, económica, étnica, política, religiosa o características físicas.
En este artículo nos centraremos en uno de esos grupos minoritarios, las personas con discapacidad (pcd), y veremos desde diferentes ámbitos que tan cierto ha sido el dicho. Por lo tanto, empezaremos realizando un breve viaje por el mundo de la educación.
En la década de los noventa el gobierno cierra todas las escuelas públicas dedicadas a la formación de las personas con discapacidad, bajo el argumento de la inclusión, que plantea que estas personas deben estar dentro del sistema educativo regular ya que este debe garantizar las condiciones adecuadas para que las pcd tengan un desarrollo íntegro de su personalidad. Los defensores de esta propuesta mostraron por todas partes las bondades que tiene la inclusión, y le dijeron a la comunidad con discapacidad, a sus familiares y cuidadores que con este modelo se disminuía la discriminación y se garantizaban sus derechos.
Demos un salto en el tiempo, hoy día ya no existen colegios públicos con las características mencionadas arriba, felizmente todas las personas con discapacidad se encuentran incluidas en el sistema educativo regular. ¿Pero qué ha ocurrido?
En la actualidad las pcd se han convertido en una carga para los colegios, las promesas que había hecho el gobierno y los expertos, no se han cumplido en su totalidad o se hacen a medias. Bajo este modelo, se supone que los derechos de las personas con discapacidad serían garantizados porque la escuela tendría las adecuaciones pertinentes para formarlas. No obstante la realidad es otra, el derecho a la educación está siendo vulnerado, puesto que por el gran número de estudiantes dentro de las aulas, los profesores descuidan a quienes necesitan mayor apoyo. A su vez, cuando hay capacitaciones, son pocos los que muestran interés, muchos asisten desmotivados y solo están en estas reuniones porque es una obligación. Además, el estado que había prometido capacitar a los docentes se ha olvidado de ello y lo deja a conciencia de las directivas de los establecimientos.
En cuanto las TIC educativas también se encuentran barreras, los docentes del área de tecnología no están preparados en el manejo de softwares especializados para las pcd y, los portales educativos no se preocupan por garantizar la accesibilidad para todas las poblaciones con discapacidad. Por ejemplo, para las personas ciegas es muy difícil participar en estos sitios web, ya que los contenidos no cumplen con las normas internacionales de accesibilidad.
Por otro lado, cuando hay jornadas de reflexión nacional sobre cómo mejorar la educación del país, la inclusión queda por fuera. Pues el gobierno solo se preocupa por mirar cómo avanzar en el mejoramiento de los resultados de las pruebas nacionales como las ICFES e internacionales como las PISA.
En el aspecto laboral también hallamos una lucha incansable, la sociedad considera que las PCD no son una fuerza laboral confiable para emplear, por lo que ponen miles de excusas o barreras para contratar a las personas con las características mencionadas. Por tal motivo, para incentivar la contratación de esta población, el estado ofrece subvenciones a los empresarios, pero aun así, es difícil que lo hagan. Lo anterior, no está cumpliendo con la verdadera filosofía de la inclusión, de valorar las capacidades de las personas y aprovechar al máximo sus potencialidades.
Finalizamos este artículo invitando al lector a reflexionar sobre los planteamientos ofrecidos y a realizarse el siguiente interrogante: y en la inclusión, ¿en qué trecho estamos?
