Se volvió costumbre repetir que el mayor problema del país es la impunidad. Y en buena parte lo es, y no solo referida a la cantaleta que ha armado el uribismo para oponerse a los diálogos de La Habana. Claro que es verdad además que la columna vertebral de la vida en comunidad se basa en que la administración de justicia opere.
Pero las fallas de la justicia no solo son cuando deja de castigar a los culpables sino también cuando por una u otra razón sus fallos no sirven o no son confiables.
Por eso se dice que una justicia que no es pronta y cumplida no es justicia.
Pero lo que estamos viviendo en Colombia es aún más grave.
La deformación que aparece con la mala aplicación del nuevo régimen acusatorio ha llevado a distorsiones más graves que la impunidad. Concretamente nos dedicamos a una cacería de brujas en la cual se invirtieron todos los principios universales de la justicia penal, como cuando se desconoce que no existen sino responsabilidades personales y no por el puesto que se ocupa; que la culpabilidad se debe probar porque la inocencia se presume; que esa prueba debe ser más allá de cualquier duda razonable; que la no intencionalidad es el atenuante que diferencia el delito culposo del doloso; que la favorabilidad siempre es en pro del reo; etc.
La misma ministra se escandaliza de que casi el 40% de los reos en las cárceles (40.000) lo estén sin sentencia cuando eso solo debe suceder en casos excepcionales y por motivos taxativamente establecidos (peligro para la sociedad, posibilidad de alterar el proceso, riesgo de que huya evadiendo el juicio, etc.). Más grave aún, la escasez de sitios de reclusión hace que las condiciones de tales detenidos sean violatorias de los derechos humanos por el hacinamiento y la falta de mínimas condiciones de salubridad, alimentación, etc., y lo que es peor es que el deterioro del orden en nuestra sociedad multiplica la delincuencia sin que se busque una solución diferente de más policía, más delitos y más penas; todo esto sucede cuando un país se ordena al ritmo de la justicia mediática que tiene más interés en el rating, y por lo tanto en los escándalos, que en la propuesta de soluciones.
Es lo que vemos ahora con el linchamiento y la nueva onda que tomaron los medios alrededor de los ‘conductores ebrios’ o lo que llaman la mezcla de alcohol y gasolina.
El diario La República publicó un comparativo en el que se muestra que Colombia es uno de los países donde menos alcohol per cápita se consume. Al mismo tiempo, las muertes por accidentes de tránsito como porcentaje de la población están en un punto intermedio entre los países estudiados. La conclusión es que en esos términos de comparación sí tenemos un porcentaje alto de muertes a causa del alcohol, pero que no es enviando a la cárcel a los conductores ebrios que se da la solución sino corrigiendo, como la falta de reglamentación adecuada que existe en otros países, la cultura ‘machista’ de no entregar el timón, la ausencia de educación a los conductores (llama la atención que en este cambio universal de pases no hay examen de conocimiento de las reglas de tránsito). Como dijo el fiscal Montealegre, atacando esos aspectos es que se debe buscar la corrección y no con el ‘populismo punitivo’.
Populismo punitivo que no solo consiste en sacar más leyes y más penas que poco sirven, sino también en buscar chivos expiatorios para dar gusto a la truculencia de los medios. Por eso, y aunque ni somos un país excepcional en cuanto al problema de conductores borrachos ni ha cambiado en ninguna forma ese flagelo (porque sí puede ser visto como flagelo), se volvió hoy la obsesión nacional y tema que de los noticieros sale a los proyectos de ley del Congreso y a los linchamientos populares en los sitios de los accidentes.
Agotada la explotación del ‘caso Colmenares’ los medios han impuesto o encontrado otra vena para captar audiencia con el tema del joven que causó un accidente con dos muertos y un herido. Es en parte lo que sucede en el caso de una actuación correcta como la de la jueza que no ordenó detención preventiva contra él. Como juez de garantía su función es diferente de la de enjuiciar al presunto culpable —lo que corresponde es al juez de conocimiento— y solo debe establecer si cumple alguna de las condiciones que obligarían a ordenar la detención preventiva; al no darse ellas cumple su deber al ordenar su liberación, eventualmente con una caución y en todo caso tomando las medidas para que se presente al juicio. Sin embargo hoy aparece enjuiciada y amenazada a nombre de los ‘enemigos de la impunidad’.
La racha de errores judiciales que se empiezan a reconocer y que fueron alimento para las ventas de la prensa (abusos propiciados por ella en contra de toda clase de actores como los casos recientes de Bernardo Moreno, Yidis Medina, Dilia Francisca Toro, Sigifredo López, y posiblemente otros aún no reconocidos como Alberto Santofimio) no solo causa males paralelos a la impunidad y costos para el Estado mayores —por las demandas que se vienen—, sino aumenta la desconfianza de la ciudadanía respecto a su Administración de Justicia. Solo puede volver a hablar de Justicia (así, con mayúscula) con jueces que sean capaces de entender la ley y defenderla por encima de cualquier presión, sea la de quienes pretenden poner por encima la religión, la de quienes buscan con favores o amenazas ponerlos de su lado, la que puede venir por la amistad o animosidad respecto al enjuiciado, o sobre todo la que ejercen los medios a través de lo que venden a la ‘opinión pública’.
