Nuevos vientos recorren Colombia. Apenas, han transcurrido casi dos meses y desde ya se empiezan a ver las bases de lo que a futuro podría ser un país mucho más próspero, equitativo y pacífico.
Existe un interés profundo en brindar oportunidades, generar posibilidades y dar alivios a quienes históricamente han sido excluidos. No es una apuesta menor.
Sin embargo, el proyecto va mucho más allá, pues empezó el gobierno de una plataforma ideológica que con un ánimo político renovado busca doblegar divisiones y confrontaciones con diálogo. Además, propone una respuesta vigorosa y contundente a la delincuencia, a la corrupción y a los violentos.
Bajo esta idea se formuló el proyecto de Ley de Paz total, radicado hace unos días en el congreso de la república. A través de esta propuesta, el Gobierno Nacional pretende consolidar la paz como una política de Estado que brinde herramientas para garantizar el respeto por la implementación de acuerdos y a su vez, promueva nuevos escenarios de diálogo y promoción de la convivencia.
Los cuales son esfuerzos que sin duda alguna dependen de la posibilidad de construir paz, bienestar e igualdad. De igual forma, están condicionados al respeto de derechos y libertades que se fundamenta en la administración de una justicia eficiente en todo el país.
Las ciudades y municipios son los epicentros llamados a ser el instrumento que permita materializar esta nueva vocación de servicio a la paz que se busca instaurar desde el Estado.
El cual desde su institucionalidad nacional ha proyectado caminos para tejer diálogos más directos con las periferias y sus administraciones.
Lo que se menciona ha sido contemplado bajo el enfoque de Seguridad Humana, entendido en sus términos más sencillos como la obligación de superar las dificultades de las poblaciones y las necesidades que al estar irresueltas amenazan su supervivencia y dignidad.
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Por lo que se menciona, es trascendental que las administraciones de nuestras ciudades y municipios respondan al desafío histórico que se les está imponiendo y contribuyen al noble propósito que se ha trazado.
Esto implica reconocer que el desarrollo de todo plan, programa y proyecto que se contemple debe centrarse en dar respuesta concreta a las comunidades; lo cual a su vez, se logra a través de la construcción de acuerdos respecto a los requerimientos que se presenten y la capacidad institucional existente.
Para lograr la añorada paz, los territorios deben abordar varios desafíos que están al alcance de las atribuciones y funciones políticas, administrativas, culturales y económicas que les pertenecen.
Entre los asuntos que tienen un máximo de prioridad está la necesidad de fortalecer los vínculos existentes entre lo urbano y lo rural.
Los gobiernos locales aún son muy tímidos y casi inoperantes a la hora de disponer acciones que permitan que la agricultura tome un peso más protagónico en la economía.
Sumado a esto, poco es lo que se hace con relación a la migración rural a las ciudades y a los niveles de pobreza en los que sucumben quienes permanecen habitando el campo. Coberturas precarias en materia de redes eléctricas y acueductos agudizan una crisis que es totalmente silenciosa.
Las zonas urbanas presentan otro tipo de desafíos que reclaman con urgencia ser tratados. Por ejemplo, es vital promover una consciencia ciudadana a favor de demandar una transición energética, desde el gobierno nacional se habla de la creación de un Instituto Nacional de Energías Limpias.
Ante esta posibilidad se deben explorar acciones para proveer a los centros urbanos con energías solares y eólicas.
También, se reitera que se tiene que dar un viraje hacia los barrios y desde ahí reconocer las problemáticas que existen. Por eso, hay que generar oportunidades para los jóvenes desempleados, para las personas de la tercera edad que carecen de ingresos y pensión; para las mujeres o personas que se dedican al cuidado del hogar, que trabajan más de 8 horas diarias y no reciben ningún tipo de remuneración por ello.
Igualmente, es transcendental que se edifique una sensibilidad social y voluntad política que levante las banderas de un país mucho más inclusivo y abierto a todos los grupos poblacionales que son elevados normativamente como sujetos de especial protección.
Ellos son los mismos que diariamente son discriminados, juzgados y victimizados por una sociedad que suele darles la espalda por su condición física, económica, sexual, cultural o etaria.
Frente a los retos que se han enunciado y otros más, el mismo presidente y su gabinete han empezado a llamar la atención de asuntos que deben ser prioritarios en la definición de la agenda pública nacional.
Uno de ellos, de máxima importancia global, es la justicia socio-ambiental, muy necesaria para dirimir conflictos en torno al uso de los recursos naturales y a la urgencia de gestionar un uso responsable y democrático de ellos.
Sin duda, el cuidado de los animales es otra de las grandes apuestas que debe ser transversal al desarrollo que se proyecta para el país en los próximos años.
También, el acceso a las nuevas tecnologías de información y las virtudes que brinda el mundo de las comunicaciones que está hiper desarrollado, requiere ser democratizado.
Es necesario pensar en las preocupaciones de la población y en lograr que las ciudades y municipios se conviertan en territorios que consoliden el cambio por la vida.
Si ya se derrotó el continuismo es necesario mostrar al país que un futuro y realidad mejor sí se puede construir para nuestra Colombia hermosa.
