A mediados del siglo pasado se hablaba mucho de la ideología como un conjunto de ideas que buscan encubrir la realidad y que no dejan acceder a la verdad. Por tal motivo se acostumbraba oponer lo ideológico a lo científico. Esta discusión finalizó con los planteamientos de Michael Foucault, quien demostró que toda forma de conocimiento está ligada a unos intereses grupales, donde no hay una verdad establecida sino que hay saberes ligados a las maneras en que se maneja el poder. El problema ya no era separar lo verdadero de lo falso sino develar el régimen de producción de la verdad o el régimen de mantenimiento de la validez de ciertas interpretaciones de la realidad. Entramos al siglo XXI reflexionando sobre el tipo de realidades que estamos construyendo y cómo estas realidades dependen de nuestra participación en ella.
Cuando un conjunto de profesores, educadores y directivas escolares reacciona frente a la propuesta de educación sexual con perspectiva de género que el Ministerio de Educación Nacional promueve en las instituciones educativas del país, en el momento de discusión sobre la pertinencia o no de aprobar un plebiscito frente a la paz en Colombia, señalando a esta propuesta como ideología del género y defendiendo tesis sobre lo que es natural en la familia, en la biología y en la identidad de género, necesariamente tenemos que desenterrar la viejas discusiones sobre lo que es lo ideológico y lo científico, y necesitamos develar los intereses que se esconden detrás de cada argumentación, así como reconocer de qué manera estos acontecimientos nos permiten reconocer lo que está ocurriendo en la dinámica psicosocial colombiana.
Recogiendo la propuesta de lectura psicosocial de Fina Sanz en su texto sobre el Psicoerotismo femenino y masculino (Sanz, 1991), toda experiencia o acontecimiento debe ser comprendido en tres niveles: el personal o interior, el relacional y el social.
Partiendo del nivel social, que correspondería a la estructura social, nos encontramos con acciones institucionales adoptadas por la Corte Constitucional cuando le ordena al Ministerio de Educación Nacional, a través de una sentencia, hacer "una revisión extensiva e integral de todos los manuales de convivencia en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y de la identidad de género de los estudiantes”. Esta determinación busca dar una respuesta consecuente con la situación del suicidio (nivel personal) de un estudiante de secundaria que, debido a su orientación homosexual, fue acosado (nivel relacional) por el personal administrativo de la institución educativa privada en la que se encontraba matriculado.
Evidentemente, la Corte Constitucional está tratando de transformar desde las normas institucionales y a la luz del estado actual de conocimiento sobre la problemática de la sexualidad y el género, las condiciones valorativas, sociales y culturales que llevan a una persona a experimentar discriminación, hostigamiento y conflicto frente a su experiencia de su sexualidad y su orientación sexual, donde podemos reconocer el nivel personal o interior. Lo que la Corte Constitucional no ha tenido en cuenta, es que para poder decretar u ordenar la aplicación de una norma, es necesario crear las condiciones que garanticen el cambio cultural y relacional necesario para que esto se haga efectivo sin traumatismos.
En pocas palabras, la Corte Constitucional está ordenando a unos docentes que se han educado en el contexto de una cultura patriarcal, intolerante, autoritaria y antidemocrática, que formen a los niños y jóvenes en unos valores que los docentes no comprenden, y que por el contrario les cuestionan su modo de entender la realidad, y que, al tener un desconocimiento de su propia sexualidad, de sus derechos y posibilidades, hacen que entren en angustia, y bajo la presión institucional en estado de pánico dando lugar a las expresiones de agresividad e intolerancia que hemos visto en los medios, hacia los diferentes y hacia la misma ministra de educación por su orientación sexual.
Imagínense un maestro que ha sido formado en una religión, que le dice que toda forma de sexualidad por fuera del matrimonio heterosexual es pecado, que vive su sexualidad de todas maneras, pero sintiéndose culpable y avergonzado de ella, que no maneja un pensamiento crítico sobre su realidad, que no ha recibido clases de educación sexual, que no sabe responder a las preguntas ingenuas de sus estudiantes y que en estos casos prefiere remitir a esos estudiantes al psicólogo. Imagínese a ese docente teniendo que hablar a sus estudiantes de que existen formas diversas de ser en el mundo y que todos tienen derecho a la libre expresión de su personalidad.
Nos encontramos con una situación, donde el pensamiento racional, progresista, emancipatorio, que no se ha consolidado en Colombia por el fracaso sistemático del movimiento liberal, y de los movimientos de izquierda, no ha logrado realizar una crítica clara y radical de la ideología patriarcal, ni mucho menos instaurar prácticas democráticas en la gestión de lo público. En estas condiciones la orden de la Corte Constitucional, se constituye en un salto cuántico, que pasa por encima del reconocimiento de los procesos psicosociales de socialización primaria y secundaria, así como de los procesos de participación comunitaria en la construcción de la convivencia y la paz.
No deja de ser significativo que esta confrontación se haya iniciado a través del Ministerio de Educación y que este conflicto esté siendo capitalizado por los sectores más conservadores de la sociedad para oponerse a este gobierno, como una estrategia servida en bandeja de plata para generar confusión y rechazo a las negociaciones de paz.
Muy claramente lo dice Plinio Apuleyo Mendoza uno de los ideólogos de la extrema derecha en este país en el editorial de El Tiempo del 14 de julio de 2016 titulado “Todos por un nuevo país”:
“Los tradicionales actores políticos no tienen clara su hoja de ruta. O, como dice Jaime Castro, no ven la salida del túnel. Hay un gran riesgo de que sus viejas y hasta ahora exitosas prácticas clientelistas (compra de votos, cuotas burocráticas y la ‘mermelada’ como pago de su apoyo al Gobierno) encuentren un inesperado rival más efectivo: una izquierda militante enrumbada por las Farc hacia el poder. Y es que este proceso de paz es la estrategia perfecta para lograrlo”…. “La Jurisdicción Especial de Paz se ajusta –y no de manera casual– a este propósito. El punto siete del acuerdo ofrece reparación y protección a los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, los discapacitados, los desplazados, los refugiados, el colectivo LGTB y a las personas de la tercera edad”. Y aquí también es significativo que no incluye a las mujeres.
Como podemos ver, nos encontramos con una sociedad en guerra, maltratante, que solamente tiene discursos para hablar de violencia y de lucha contra la violencia, pero que no tiene experiencia de vivir en convivencia, en el reconocimiento de lo diferente, y no posee discursos para tematizar la convivencia, e impulsar procesos educativos hacia la convivencia. Para que los docentes, en el nivel relacional entre ellos mismos y con sus estudiantes, puedan reproducir unos valores de tolerancia, de aceptación de la sexualidad y sus diferencias, tienen que haber vivido en su experiencia personal la educación de la sexualidad, y eso todavía no existe en Colombia. Los nuevos valores sobre la sexualidad y la convivencia no se han interiorizado. Las instituciones educativas no saben cómo se construye la sexualidad y mucho menos la convivencia. No hemos tenido formación en los colegios sobre el pensamiento crítico y la gestión dialogada y democrática de los asuntos de la vida cotidiana.
Esto mismo puede extrapolarse en el análisis de la discusión sobre el plebiscito y la importancia de que se avance en las negociaciones de paz. Existe un conflicto en el corazón de la sociedad colombiana que empieza a vislumbrarse cuando vemos que puede acercarse el momento en que en vez de armas utilicemos los argumentos para dirimir nuestras diferencias. Y ese momento es visto con angustia por los sectores que se han beneficiado de la ideología de la cultura patriarcal y del uso de la fuerza para mantener sus privilegios. En el nivel relacional, estos actores solamente tienen el recurso del conflicto y la manipulación ideológica para sacar adelante sus mecanismos de defensa, que se expresan en agresión física o simbólica.
Necesitamos construir una cultura de la convivencia, y no tenemos tradición sobre esto en Colombia. Los únicos que pueden enseñarnos como vivir en convivencia en Colombia son las comunidades que han sabido mantener su cultura local y regional, a pesar de los embates de los actores armados. Sin embargo no tenemos políticas estatales orientadas a reconocer las riquezas culturales y comunitarias de nuestras regiones. Por estas razones, necesitamos no solamente una revolución educativa en Colombia, sino también una revolución política que permita a los sectores que señala Plinio Apuleyo Mendoza como desprotegidos por el sistema: a los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, los discapacitados, los desplazados, los refugiados, el colectivo LGTB y a las personas de la tercera edad y además a las mujeres, ser incluidos en el proyecto de convivencia que necesita Colombia.
