En editoriales de diferentes medios de orden nacional se plantea una idea imperativa donde en cada carácter se deja subsumida la necesidad de hacerle frente a los perjuicios ocasionados a EMGESA, presentándola como la principal víctima de todo este mal ejecutado proyecto denominado El Quimbo, siendo válido anotar que ellos son los ejecutores, pero no deja de preocupar que se usen verdades acomodadas por diferentes medios de comunicación para favorecer una empresa extranjera en detrimento de los intereses del Estado, su sociedad y su ambiente, no se puede estar en contra del desarrollo, pero no se puede permitir el abuso de poder.
Desde el año 1993 las licencias ambientales buscan materializar la responsabilidad, que tiene el Estado y los ciudadanos, emana de la Constitución Política consistente en proteger nuestras riquezas naturales, ya que somos el segundo país más megadiverso del mundo, pero durante 22 años se ha implementado un desmonte gradual de las exigencias ambientales, anteponiendo la inversión, en especial la extranjera, frente a la planeación y protección ambiental.
Con la puesta en marcha, de los últimos gobiernos, de creer que el crecimiento económico, con base en la inversión extranjera, representa la oportunidad más clara para el mejoramiento de calidad de vida de los colombianos, se han desarrollado políticas para que importantes inversiones lleguen al país, con lo que se evidenció la incapacidad de Ministerio de Ambiente para atender en los términos de ley las solicitudes de licencias ambientales para proyectos de gran envergadura, y en la apuesta de subsanar este error del sistema, se crea el ANLA en el 2011. A los ojos de muchos no ha sido la solución porque continúa con la práctica de volver laxos los requisitos ambientales mediante la promulgación de nuevas regulaciones, sin tener en cuenta la verdadera solución que parte del fortalecimiento de la institucionalidad en el Sistema Nacional Ambiental SINA, aunque muchos de los que critican ni saben qué es este sistema.
Esto ha llevado a la primacía de las directrices del Estado central frente a las realidades e impactos locales, donde las Corporaciones Autónomas Regionales, a pesar de sus pecados, se convierten en el eslabón que logra entender y evidenciar las problemáticas ocasionadas por estos proyectos; es de allí que el desconocimiento inicial de las medidas cautelares sobre El Quimbo por parte del Estado central, impuestas por un órgano judicial regional que habita y conoce de cerca el territorio, bifurca la concepción de Estado en el modelo jurídico Colombiano, ya que no hay un interés más colectivo y general que la preservación del ambiente y más aún cuando tiene que ver con el río donde se ubica el 80% de la población y donde se genera el 85% del PIB de Colombia.
El Niño se convierte en la humareda perfecta para seguir justificando acciones desproporcionadas como aumento del precio de la energía, o descalificar el sistema energético nacional cuando hacía unos pocos meses el gobierno se vanagloriaba de los avances que se han hecho frente al apagón de la década de los 90`s.
El gobierno central, encabezada por el ANLA, concede beneficios más allá de la ley para EMGESA que ha violado a su antojo la licencia ambiental, violando también la seguridad jurídica de los colombianos ya que desconoce las decisiones de un órgano judicial y de la autoridad ambiental regional, y pone en tela de juicio el principio de igualdad para otros inversionistas extranjeros y nacionales ya que estos se acogen a las regulaciones colombianas y en El Quimbo simplemente se amañan las disposiciones arbitrariamente, lo que nos obliga a preguntar ¿qué es más importante, el “interés general” creado por una empresa, o el interés general otorgado por la Constituyendo de 1991 para todos los colombianos?
@BioBriam
