En vísperas de las elecciones de 2019, el entonces senador Antonio Sanguino, una de las figuras más destacadas del Partido Verde, anunció en sus redes que votaría para el concejo de Bogotá por su amigo y colaborador Carlos Quintana Astro. Lo definió como un joven valioso para la ciudad, que se hacía merecedor de la confianza del electorado por su formación profesional y por su trayectoria.
El futuro de Quintana no sería tan promisorio como lo auguraba su mentor. Recientemente dejó su cargo de director jurídico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (UAESP), en medio de un escándalo por pago de coimas en la adjudicación de un contrato para la administración de los cementerios públicos de la ciudad.
Los medios difundieron una grabación en la que los dos interlocutores hablaban de las particularidades del negocio y uno de ellos afirmaba que el “doctor Carlos” (refiriéndose al parecer a Quintana) ya estaba enterado.
Según participantes en un debate sobre la crisis de la entidad, con el que el Concejo cerró su ejercicio de control político en la última semana de diciembre de 2022, Sanguino -actual jefe de gabinete de la alcaldesa Claudia López- volvió a tenderle la mano a Quintana, integrante de sus unidades de trabajo a su paso por el propio Concejo y por el Senado de la República.
Los documentos estaban ya listos para que el saliente subdirector jurídico de la entidad se enganchara, por medio de Sanguino, como asesor del gobierno distrital a través de un contrato de prestación de servicios. Un debate promovido por la concejal Lucía Bastidas, que desnudó la realidad de la UAESP, lo habría convencido de declinar en su intención por continuar siendo visible en las esferas del gobierno.
La concejal Lucía Bastidas ha sido una de las principales piedras en el zapato del pupilo de Sanguino
La lupa de los órganos de control no tardaría en posarse mucho sobre el propio Sanguino. ¿Cuál era el interés de Sanguino por jugarse a fondo por su ahijado política? La Procuraduría General de la Nación maneja la hipótesis, basada en evidencias, de que el poderoso jefe de gabinete de la alcaldesa tendría un interés personal de lucro con las comisiones cobradas sobre los contratos.
Antes de llegar a las responsabilidades que el Ministerio Público presume de Sanguino, es necesario volver al debate donde comenzó a caerse su estructura. De acuerdo con la información revelada en aquella sesión, Quintana era el principal cedazo de la contratación y no pocas veces se encargó personalmente de supervisar los contratos de mayor monto. Así ocurrió, por ejemplo, con el contrato 207 de 2020, celebrado precisamente para estructurar jurídica y financieramente los servicios funerarios en el Distrito.
El hoy exsubdirector jurídico, que permanece atento a los resultados de las indagaciones preliminares de la Personería Distrital y la Contraloría, tuvo desde su cargo una relación contractual con personas que en el pasado reciente también estuvieron bajo escrutinio en la administración de justicia.
La salida de Carlos Quintana Astro significaba la quema de un fusible con la que la entonces directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, pretendía acallar los ecos de un escándalo. Pero habría de fallar en el intento. El sábado 14 de enero, durante la primera de sus sesiones extras, el Concejo tenía mucha más información sobre sus actuaciones y por eso no le quedaban dudas de que Quintaba debía desvincularse por completo de la administración.
Un bloque de concejales encabezados por la propia Lucía Bastidas y por María Victoria Vargas -beligerantes y críticas respecto a la situación de la UAESP, ya le había hecho ver que su situación en el cargo era insostenible.
El Concejo había reparado a fondo en el manejo contractual, presupuestal y en la nómina directiva de la entidad y había encontrado de todo, como en botica: asignación de contratos a dedo; anticipos a manos llenas sin ejecución y violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de carácter legal y ético, según los propios cabildantes. Todo esto ocurrió mientras Carlos Quintana Astro, el pupilo de Sanguino, ejercía como subdirector jurídico.
Centro de aprovechamiento de plásticos
Entre los contratistas, la concejal Bastidas encontró a Sandra Jeannette Forero, representante legal de la firma que tiene a cargo la interventoría en el negocio de la construcción del Centro de Aprovechamiento de Plásticos. Ella fue detenida por la Fiscalía en 2018, en desarrollo de la operación “bolsillos de cristal”, como integrante de un cartel de contratistas en el departamento del Quindío. Y aunque está libre, el proceso en su contra no ha concluido.
Según la concejal, otra persona que se mueve en ese mismo entorno de dudas es Elkin Darío Villamil Suárez, director de Infraestructura Ambiental de la CAR, que sería al propio tiempo el representante legal de EIS Constructores S.A.S, también contratista de la UAESP.
Todo ello sin incluir la presencia en cargos de decisión de personas que dirigieron la empresa de servicios de aguas y alcantarillado de Yopal y que salieron de allí cuando la Procuraduría y los órganos de control tuvieron razones para acercar su lámpara a actuaciones que lucían oscuras.
El escándalo tiende a crecer y ya suscitó la reacción de la propia alcaldesa, Claudia López. Fiel a su estilo reactivo, la primera autoridad de la ciudad anunció este lunes 16 de enero que denunciaría penalmente a un contratista que roció gasolina sobre el fuego del escándalo al decir que hornos crematorios de los cementerios habrían sido utilizados para borrar todo rastro de personas desaparecidas durante las marchas, protestas y episodios vandálicos de 2021.
Hornos crematorios manejados por la UAESP
Ese contratista, que se llama Sergio Vanegas, le aseguró al periodista Iván Serrano que la historia de los cementerios a cargo de la UAESP era más tétrica de lo que se creía. Además de mencionar lo de los hornos -aseveración que no ha sido confirmada por ninguna autoridad competente, ni por familiares de supuestos desaparecidos, ni por organizaciones de derechos humanos- Vanegas dijo que él le entregó a la saliente directora de la UAESP $15.000 millones a cambio de un consorcio del que hacía parte se hiciera a un contrato.
Según la alcaldesa, le aceptó la renuncia la directora de la UAESP, no porque tenga dudas sobre su idoneidad, sino para permitirle que se defienda sin las limitaciones que le impone su condición de servidora pública. Para Claudia López el contratista que echó rodar la versión sobre los hornos crematorios que ha cambiado tres veces su versión sobre las responsabilidades en el cobro de comisiones por los contratos para la administración de los cementerios.
A su juicio, esas versiones hacen parte de un pretendido contrataque con el que contratistas corruptos quieren tomar represalias contra su administración por las denuncias sobre irregularidades en la ampliación del Relleno Sanitario Doña Juana y otras obras claves. “Los corruptos irán a donde tienen que ir: la cárcel”, sentenció.
Las versiones de Vanegas, según fuentes de la Fiscalía, estarían dirigidas a crear un escenario de colaboración en busca de beneficios judiciales. De otra manera no se justificaría que alguien quisiera incriminarse de esa manera. Lo que tendrá que tener en cuenta es que los beneficios solo son otorgables ante una verdad probada y la suya está, por ahora, lejos de serlo.
Como quiera que sea, esas afirmaciones podrían poner a dar explicaciones al secretario de seguridad, general (r.) Óscar Gómez Heredia, que viene precisamente de comandar la policía de la ciudad.
La UAESP ha sido fuente de graves problemas desde los tiempos de la alcaldía de Samuel Moreno, cuando los políticos parecieron descubrir la importancia como cuota por el manejo de un presupuesto de más de 700.000 millones en solo gastos de funcionamiento e inversión.
Se creyó que en la Alcaldía de Claudia López las cosas serían distintas pero el escándalo que apenas comienza demostraría que se trata de una entidad que sigue contaminada y que sus directivos con Antonio Sanguino, con la saliente directora Luz Amanda Camacho y el subdirector jurídico Quintana tendrán que responder por una gran telaraña de contratos que empiezan a ser cuestionados, con el de los cementerios a la cabeza.
Existen grabaciones que están siendo verificadas que revelarían que Sanguino tiene un interés directo en los cobros de las comisiones. Eso ha generado sorpresa en los círculos políticos de la ciudad porque en su época como concejal él fue uno de los más activos en el campo del control político y denuncias sobre corrupción.
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