Volvieron a alborotarse las barras bravas del antipetrismo con el anuncio del presidente de la Corte Constitucional sobre el carácter vinculante de las decisiones de la CIDH.
Las declaraciones dejan vislumbrar el camino que va a tomar la justicia de cierre en éste caso y sobre el cual hay no pocas presiones. Para la derecha y los sectores del estado vinculados con la violación de los derechos humanos, la separación del país de la CIDH y la expulsión de las ONG que luchan por su preservación siempre ha sido un sueño. Recuérdense los ocho años que duró Uribe diciendo que éstos eran agentes del terrorismo internacional.
La decisión de Santos al limitar las medidas cautelares al derecho a la vida abre una brecha que pone a esos sectores a frotarse las manos. Pero el tema no está fácil. Desde hace años la carrera de los magistrados colombianos no termina en la Corte Constitucional sino en la CIDH y la lista incluye entre otros a Rafael Nieto, Sierra Porto y Rodrigo Escobar, en razón al respeto y acatamiento del país a sus decisiones. Es claro ahora que ningún miembro de la CIDH va a aceptar como magistrado a un país que no la acata y con ello se perderían uno o dos asientos en la corte y en la Comisión. No creo que el poder judicial esté dispuesto a perder esas sillas, especialmente quienes tienen el apoyo político para terminar allá. Tampoco a jugársela por un cambio de jurisprudencia que los deje como bichos raros en escenarios internacionales de derechos humanos, que es el sitio adonde el país siempre es un obligatorio convidado.
Desde las decisiones contra la reelección perpetua, la justicia viene probando que es un poder, y Santos que una vez asumió el gobierno levantó la bandera blanca ofreciéndoles una reforma para que los magistrados eligieran ellos mismos sus sucesores, no parece dispuesto a jugársela temerariamente contra el poder judicial en una acción que no reporta votos. Pero aquí todo puede suceder. Lo sabremos por los gritos de las barras bravas del antipetrismo.
