La vergüenza, que puede ser propia o ajena, es la turbación del ánimo, que nos hace poner el rostro colorado por una acción humillante o deshonrosa. Sentimos vergüenza, propia o ajena, porque estamos en presencia de un acto inaudito, o insultante, o descabellado, que nos llena de “pena”.
El Informe final de la Comisión de la Verdad, nos hizo también echar una mirada atrás y pensar en las mayores vergüenzas que nos ha tocado vivir en los últimos cuarenta años.
Menciono las cinco que considero llevan la batuta en esta historia reciente nuestra, aunque es sabido que son muchas las vergüenzas que hemos soportado, como por ejemplo el exterminio de la UP.
La primera, como no podía ser de otra manera, tiene que ver con lo que se ha conocido como “falsos positivos”.
En resumen, un falso positivo se entiende como un muerto ilegítimamente presentado como baja en combate por agentes del Estado. Pero no fue uno, sino 6.402 muertos, el 78 por ciento según la Comisión de la Verdad durante los gobiernos de Uribe Vélez.
Es decir que, miembros de las Fuerzas Armadas, asesinaron a 6.402 ciudadanos inermes, muchos de ellos campesinos, otros obreros, algunos hasta desquiciados mentales y los hicieron aparecer como guerrilleros muertos en combate.
¿Por qué lo hacían? Porque para respaldar la política de “seguridad democrática” pregonada por Uribe, en el año 2005, el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, firmó la Directiva Ministerial 029 donde se oficializaron los lineamientos para pagos de recompensas por cada homicidio presentado como baja en combate por miembros de la fuerza pública.
Se exigían muertes de guerrilleros como prueba de efectividad y se les incentivaba con recompensas monetarias. Bastó con eso para que comenzaran a matar civiles y a disfrazarlos de guerrilleros. Una barbarie que produce vergüenza ajena y dolor de patria.
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La segunda vergüenza tiene que ver con los muertos de la Universidad Libre de Barranquilla, a quienes comenzaron a llamar “Unitrancas”. Sucedió hace treinta años y consistió en que desde la Facultad de Medicina de la Universidad Libre se auspiciaba la “recepción” de cadáveres para las prácticas de los estudiantes.
Vigilantes confesaron su participación reconociendo que les pagaban $130.000 pesos por cada cuerpo que entregaban a la morgue. Uno de ellos se atrevió a decir que “garroteó como a 50”.
¿Qué hacían estos vigilantes ?: se la dedicaron a los cartoneros o recicladores que habitualmente circundaban la universidad buscando cartones para sobrevivir y a sangre fría los levantaban a trancazos.
De allí salió el apelativo callejero de “unitranca”. Suponían los vigilantes que los recicladores no tenían dolientes y nadie los buscaría. Pero se cayeron los planes porque algún cartonero se hizo el muerto y pudo llegar hasta un CAI cercano a contar su odisea.
Tan triste como el indeterminado número de muertes sin razón fue la impunidad que rodeó el caso. Sólo algunos vigilantes fueron condenados por intento de homicidio, pero los responsables institucionales no aparecieron por ninguna parte, con lo que se incrementa la vergüenza.
La tercera vergüenza tiene que ver con lo conocido como “El Cartel de la Toga”, que no es mas que un entramado de corrupción, dentro de la mismísima Corte Suprema de Justicia en la que participaban expresidentes, magistrados, funcionarios de la Fiscalía generales y abogados particulares que a cambio de pagos millonarios, le torcían el pescuezo a procesos pendientes de decisiones judiciales.
Es decir, desde la misma Corte Suprema, el mas alto órgano del poder judicial en Colombia, se negociaba por altísimas sumas de dinero las culpabilidades de excongresistas, exgobernadores y políticos que estaban en la mira por parapolítica, mal manejo de los recursos públicos y, en general, por tramas corruptas.
Como los pagos eran de alto calibre, el “Cartel de la Toga” sólo tenía por clientes a encumbrados personajes de la política nacional enriquecidos con sus fechorías desde el mismo Estado. Que sean integrantes de la Corte Suprema de Justicia los líderes de este entramado corrupto, es lo que le da el calificativo de vergüenza nacional.
La cuarta vergüenza tiene que ver con la cooptación que sufrió el Estado por la infiltración que hicieran grupos económicos e irregulares a muchas instituciones nacionales y regionales. Fue la época explosiva del narcotráfico, pero también en el paramilitarismo que se tomó el país.
Daba vergüenza que el 35 % del parlamento hubiese sido elegido por influencia paramilitar y también que desde el DAS, como se demostró después, se asesinaran ciudadanos de bien.
Daba vergüenza que el Congreso hubiera expedido leyes explícitas para favorecer al comercio de narcóticos y daba vergüenza también que desde las Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos con la connivencia de notarías, se le diera visto bueno al despojo de tierras.
La cooptación es ante todo una forma de corrupción en donde el Estado se puso a disposición de grupos criminales organizados con lo que se distorsionó el andamiaje institucional. Una cooptación que produjo muertos, desplazados, hambre y miseria. Por eso es una gran vergüenza nacional.
La quinta vergüenza tiene que ver con La Guajira. El día 30 de octubre de 2011, los guajiros consignamos a favor de Juan Francisco Gómez Cerchar 125.067 votos y lo elegimos gobernador.
Pocos años después, nos cayó la vergüenza encima y nos pusimos colorados porque el ya entonces exgobernador, recibió condena judicial (sumados dos procesos diferentes) de 95 años de reclusión por asesinato de ciudadanos guajiros.
La vergüenza también llegó a los miembros del Consejo Superior de la Universidad de la Guajira quienes se vieron precisados a retirar el título Honoris Causa que se le había concedido a Gómez Cerchar. La vergüenza mayúscula a la que fuimos sometidos los guajiros no ha desaparecido aún. Seguimos colorados.
