La Audiencia Nacional de España acaba de tomar la decisión de no capturar a Carlos Mattos, el empresario colombiano a quien un juez en Bogotá le dictó la semana pasada orden de captura con circular roja de la Interpol. La medida fue tomada por alto tribunal español por cuanto a su juicio el famoso importador de los carros Hyundai no representa peligro social y se debe proteger como ciudadano español con arraigo en ese país.
Mattos goza de ciudadanía española desde 1999 aunque ha sido residente desde 1994, tiene propiedades y negocios desde el 2001 y pertenece hace más de 20 años a los principales clubes sociales de la élite ibérica, razones por las que se considera con suficiente arraigo en ese país. Sus hijos fueron educados en colegios de Madrid y su trayectoria en Madrid es considerada como de buen comportamiento. Cumple con la seguridad social, paga puntualmente sus impuestos y cuenta también con una destacada presencia empresarial en el sector de la construcción. Su arraigo incluye una importante historia clínica en el país donde ha sido tratado de los ojos, las rodillas e incluso recientemente de un cáncer de próstata.
Las consideraciones de la Audiencia Nacional para mantenerlo en libertad provisional tienen que ver además con la percepción diferente de la justicia española sobre los delitos imputados ya que para los magistrados de este tribunal son de más carácter civil que criminal por lo que no le ven mucho sentido jurídico a la solicitud de extradición hecha por Colombia. La decisión de no aprobar la orden de captura a la Interpol va acompañada de una visión de la proporcionalidad toda vez que algunos delitos que se le imputan para esa jurisdicción son vistos como de bajo calibre o inclusive no existen como el de la manipulación informática.
Esta decisión jurídica va acompañada de medidas cautelares como la de aportar la dirección donde pueda ser ubicado, el numero de su teléfono y la obligatoriedad de presentación personal cuando se requiera. Así mismo para la salida del país ha de contar con un permiso especial solicitado a la Audiencia Nacional. Este tipo de sentencias de la Audiencia Nacional Española ponderan el hecho de que se pueda tratar de una persecución en Colombia ya que la proporcionalidad y el peligro social que representa para la justicia colombiana no es bien visto por la justicia española, la cual asocia estos términos a delitos como narcotráfico, terrorismo o crímenes con violencia o sangre.
El magistrado que firma la sentencia es Fernando Andreu Merelles, un juez de la Audiencia Nacional de España que desempeña un papel de liderazgo, especialmente en el derecho humanitario y en la persecución de crímenes de guerra y asuntos similares. Fue compañero de sala del Juez Baltazar Garzón con quien ha compartido innumerables fallos. Este tipo de investigaciones son posibles gracias al principio de jurisdicción universal de España en los casos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo. Andreu es juez de la Audiencia Nacional desde hace diez años y su fama dentro del órgano judicial es intachable. Para la prensa española es un juez trabajador, pulcro, respetuoso tanto con sus compañeros como con los funcionarios, escrupuloso con sus investigaciones y muy legalista.
Entres los casos mas sonados en que ha participado Andreu están las investigaciones preliminares sobre las denuncias de que un ataque con bomba contra Gaza en 2002 donde justificó el enjuiciamiento del exministro de defensa israelí Binyamin Ben-Eliezer, el exjefe de personal de defensa Moshe Ya'alon, exjefe de la fuerza aérea Dan Halutz, y otros cuatro, por crímenes de lesa humanidad. Ha investigado la muerte de 15 supuestos terroristas palestinos cuando la fuerza aérea israelí bombardeó una casa en Gaza. En ese ataque murió un líder del ala militar del movimiento islamista Hamas, Salah Shehade y 14 civiles, entre ellos algunos niños, e hirió a decenas de civiles.
También ha investigado el genocidio de Ruanda y denuncias de crímenes de guerra cometidos por el Ejército Patriótico de Ruanda (RPA) y las figuras del Frente Patriótico Ruandés en Ruanda y la República Democrática del Congo entre 1994 y 2000.
El abogado de Carlos Mattos en España es Javier Gómez de Liaño, el mismo penalista que logró que Gilberto Rodríguez Orejuela y Jorge Luis Ochoa no hubieran sido extraditados a los Estados Unidos y en cambio fueran regresados a Colombia. El bufete de abogados de Mattos considera desproporcionado y en posible extralimitación de funciones al juez colombiano que argumentó su pedido de extradición con la afirmación según la cual “Si se da ese peligro para la sociedad, a una persona que no respeta límites con tal de mantener su riqueza”. Para los círculos jurídicos españoles existe una tendencia a castigar la riqueza cuando el juez asegura durante la audiencia que Mattos “Tiene un poder económico inmenso en un país pobre como Colombia. Por un lado, corrompe la justicia y por otro la obstruye”.
Este abogado español fue el que le sugirió a Mattos que se presentara tanto a la interpol como a la Audiencia Nacional, lo que originó el trino de Carlos Mattos que decía “Me encuentro en España, país del que soy ciudadano, trabajando en mi defensa con mis abogados para demostrar mi inocencia y que todo esto ha sido una persecución orquestada por gente muy poderosa. Ya me presenté a la Interpol voluntariamente por si tienen algún requerimiento”. Este trino tenía toda la intención de mostrar que Mattos vive en España y no que se encuentra prófugo en ese país.
*Periodista independiente
