Cuando en 1982 llegó al oído del expresidente Betancur que cinco mil millones de dólares descansaban en lo profundo del mar Caribe colombiano, entre los restos del abatido galeón San José, el Gobierno empezó a trabajar en una ley que hiciera posible rescatar el patrimonio cultural sumergido. Todo apuntaba a encontrar esta nave con bandera española que hundió el ejército inglés hace más de trescientos años con un botín que hoy la convierte en la de mayor valor en el mundo.
Empecinado en el hallazgo, en 1983 Betancur le otorgó un permiso de exploración a la Sea Search Armada, una empresa estadounidense rescatista de tesoros, con la esperanza de encontrar el gran botín. Después de un año, los cazatesoros entregaron al Estado las coordenadas donde decían estaba hundido el San José, y ahí el expresidente creó la Comisión de Antigüedades (conformada por el secretario jurídico y general de la Presidencia, el director de la Dimar y tres delegados presidenciales: los historiadores Mauricio Obregón y Rodolfo Segovia y Diego Pizano); Betancur necesitaba tener un respaldo para enfrentar una situación de esa magnitud en la que se jugaba la búsqueda del San José y la suerte de otros millonarios navíos como el San Roque.
Aunque el tesoro se iba dividir por partes iguales entre el Estado y el rescatista, en 1986 se creó un decreto ley que compensaba a los rescatistas solo con el cinco por ciento del valor de lo rescatado. Fue ahí cuando la Sea Search Armada impuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, y frente a un litigio que duró desde 1989 hasta el 2011, la Corte falló a favor de la Sea Search Armada, dándole el derecho de quedarse con el 50 por ciento de lo que se rescatara que no fuera considerado patrimonio.
En el gobierno de César Gaviria (1990-1994), mientras Colombia se enfrentaba a la SSA para defender el San José, el expresidente contrató al Consorcio Roberto Ávila Garavito (compuesto por la Columbus Exploration Limited Parthership y Columbus America Discovery Group Inc), cuyo representante en Colombia era Fabio Echeverri, gran lobista miembro de la Comisión de Antigüedades Náufragas, para verificar que el galeón estuviera en las coordenadas que entregó la SSA. La misión la dirigió Thomas Thompson, un conocido estafador apasionado por el rescate de naufragios que cayó preso en enero de 2015 por quedarse con una fortuna que no le correspondía, y quien concluyó que en esa zona investigada no había nada. Sobre Thompson, el historiador Rodolfo Segovia, miembro de la Comisión desde su fundación, y muy cercano a Betancur, alcanzó a decir que se trataba de un prestigioso investigador que merecía la mayor credibilidad.
Fueron tres las ministras de Cultura (Paula Marcela Moreno, María Consuelo Araújo y Elvira Cuervo) quienes rechazaron un proyecto de ley para el rescate de especies náufragas por no ver un marco juicioso que garantizara la protección del patrimonio. De hecho, cuando Cuervo recibió el cargo estaba advertida que venía empapado de intereses desde el Congreso y por eso decidió abandonarlo. Por esa época, sonaba el nombre del vicepresidente Vargas Lleras, quien, además de no hacer parte de la Comisión, cuentan que siempre mostró interés en el rescate y quiso asistir a reuniones por el conocimiento sobre el tema que decía tener.
Pero siempre fue un interés del Ejecutivo. Uribe lo dejó escrito en varias reuniones de la Comisión de Antigüedades Náufragas porque el papel de sus miembros era determinante: ellos eran los encargados de oír las ofertas de rescatistas para descartar o darle luz verde a las propuestas de búsqueda, y así algunos miembros se vinculaban al negocio. Por esa comisión pasó el exalcalde Jaime Castro, como experto delegado de presidencia, pero abandonó su participación en 2011 cuando se dio cuenta que veían con malos ojos su rechazo a las propuestas desde el Ejecutivo de vender el patrimonio.
El rescate del galeón alcanzó a congelarse hasta que Juan Manuel Santos, con su espíritu de cadete de la Armada Nacional, se embarcó en la búsqueda del San José. En el 2013, con un equipo de Gobierno más dispuesto y una dirigencia en el Icanh (el instituto encargado de vigilar el patrimonio) que no es enferma de la protección, como lo reconocen algunos miembros de la Comisión de Antigüedades Náufragas, se sancionó la Ley 1675. Un acuerdo legal bastante cuestionado entre los antropólogos y académicos que advirtieron el destino fatal en el que terminaría el patrimonio de la Nación, luego de que se estableciera que piezas únicas podrían servir como parte de pago a los rescatistas, quienes recibirían el 50 por ciento del tesoro.
Hace tres meses la ministra de Cultura, Mariana Garcés, llamó a Danilo Devis, apoderado de la Sea Search Armada, para contarle que el Gobierno iba a volver a buscar el San José a partir de las coordenadas que él entregó hace más de 30 años. Como si ya tuviera las monedas en sus manos, Santos anunció el 4 de diciembre haber encontrado el galeón y agradeció a su comisión, aunque es posible que al país no le quede ni una vela para poner en el Museo Naval de Cartagena. Llegar hasta el San José y extraer su carga puede costar unos 20 o 30 millones de dólares, y el 50 por ciento de su riqueza ya podría estar embargada por la sentencia que ganó la Sea Search Armada, pues es suficiente que el galeón se encuentre en las coordenadas adyacentes a las entregadas por ellos para que la mitad ya sea suya.
Ahora Colombia se tendría que conformar con lo que quede después de darle la mitad de su 50 al nuevo rescatista, y esperar que España no quiera entrar a pelear por una nave que viajaba atestada de oro peruano (otro posible reclamante) para llevar a la Corona.
