Durante los años 60 la Empresa de Servicios públicos de Cali –Emcali-, una junta de notables de la ciudad tuvo administración independiente que permitió que la banca multilateral realizara el desembolso de los recursos necesarios para la infraestructura adicional, requerida por el rápido crecimiento de Cali, consecuencia del proceso de urbanización acelerada que vivió Colombia en esa época. Los créditos se terminaron de pagar en 1968. Desde entonces comenzó su declive paulatino.
Desde el gran acuerdo político de 1970 se compartió su administración entre diversos grupos, y la empresa se politizó. Sin embargo, sus finanzas aguantaron hasta que el servicio de la deuda derivada del proyecto Termoemcali la asfixió, en el año 2000. La negociación de Termoemcali se hizo en 1994, pero el contrato solo se firmó en Mayo de 1995, cuando ya se sabía cómo iba a ser el marco regulatorio, tarea que se llevó a cabo durante todo el primer semestre de ese año. El marco regulatorio estableció que la tarifa de transporte dependería de la distancia del pozo al sitio de entrega; como consecuencia, las térmicas del Suroccidente, ubicadas al final del gasoducto, estarían siempre en desventaja por el elevado costo marginal del transporte de gas; además, son menos eficientes por la mayor altura sobre el nivel del mar que las ubicadas en el valle del río Magdalena. Por consiguiente, la inversión se volvió inútil, pues la planta no se despacha sino en circunstancias muy excepcionales.
Con todo, durante la fase de declive previo a la intervención, EMCALI seguía siendo un referente importante, porque el equipo técnico básico conservó un buen nivel profesional. Así, a finales de los noventa el indicador de agua potable no contabilizada bajó de 30%, como consecuencia de inversiones financiadas con crédito BID avalado por la Nación. Al terminar el período de gracia del contrato de financiación de Termoemcali por fuera del balance de EMCALI pero garantizado por ella, la empresa quedó con la obligación de pagar anualmente US$48 millones por la planta y otros US$16 para asegurar gas y transporte, así no se consumiera. Esa fue la causa de la intervención en Abril de 2000 por la Superintendencia de Servicios Públicos para evitar la aplicación de las limitaciones al servicio establecidas por las normas para los participantes en el sistema que no pagaran al Mercado de Energía Mayorista en forma oportuna. En ese momento la Superintendencia no acató la orden de la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios, que obligaba a establecer una fiducia para la administración, con una junta, y prefirió acometer la tarea de administrar la empresa.
La intervención de Emcali se ordenó en el gobierno de Andrés Pastrana y durante 13 años estuvo bajo el control de la Superintendencia
En 1999, ante la presión de las finanzas, se puso en práctica un plan de retiro voluntario, que redujo el gasto en forma perversa, porque se facilitó la salida de los equipos técnicos. Eso volvió todavía más frágil a la empresa. Durante los primeros dos años de intervención ocuparon la gerencia abogados de nivel medio del equipo de la Superintendencia, sin la experiencia y la formación adecuadas para el reto de administrar la empresa más grande de la región. Como era de esperar, las pérdidas aumentaron en forma impresionante. A finales de 2001 el agua potable no contabilizada ya excedía 40%, y las pérdidas de energía pasaron de alrededor de 18% a cerca de 25%. Además el Superintendente Diego Caicedo impulsó al final del gobierno de Andrés Pastrana la supresión de la obligatoriedad de conformar el fideicomiso que ordenaba la Ley 142 para la administración de empresas intervenidas, y así legitimar la administración por la Superintendencia.
Antes de la posesión de Alvaro Uribe Vélez, en reunión con todo el gabinete nombrado, un equipo caleño liderado por el Presidente de la Cámara de Comercio le informó al Presidente electo sobre la responsabilidad fiduciaria de la Nación como consecuencia de la intervención y le solicitó hacer la fiducia de la Ley 142 y entregar el manejo de la empresa a un consejo fiduciario de personas idóneas, comprometidas con el interés general. Consultado en ese instante el nombrado Ministro de Desarrollo, Jorge Humberto Botero, abogado connotado al servicio de la ANDI por muchos años, expresó en forma contundente estar de acuerdo con la apreciación de que la Nación asumía responsabilidad fiduciaria al haber optado la Superintendencia por el manejo directo de la empresa.
Durante los dos períodos presidenciales de Alvaro Uribe la Superintendencia, en cabeza de Evamaría Uribe, se orientó a renegociar la deuda contraída con los bancos y con Termoemcali, y asegurar los recursos para el pago de las pensiones; no se asignó la necesaria prioridad a mejorar los procesos de gestión y la operación. Además, no se liberaron los recursos necesarios para inversión. Como consecuencia, las pérdidas de energía y la proporción de agua potable no contabilizada subieron aún más. Además se desaprovecharon oportunidades, primero de venta y después de transformación en negocio de entretenimiento, del componente de telecomunicaciones, y se permitió la dramática pérdida de valor por la sustitución tecnológica de la red de telefonía fija. No se revisó la estructura de la organización, de suerte que se mantuvo la unidad central con mucho personal, a pesar de la falta de sinergias entre las unidades y el escaso beneficio de tener una sola unidad comercial, pues no hay productos adecuados ni marketing en telecomunicaciones, y los negocios de distribución de energía y acueducto y alcantarillado son monopolios naturales. En cambio, se hicieron negocios de energía con grandes consumidores, sin tener fuente firme con precio apropiado ni, en general, ventajas comparativas en ese mercado. Tampoco hubo gestión humana apropiada, con orientación a apoyar el liderazgo de jefes capaces de orientar a su equipo, atender sus necesidades de la base y promover su desarrollo. Eso ha impedido la construcción de un sistema de gerencia adecuado para lograr los resultados necesarios. Por supuesto, no hubo iniciativas para dotar a la empresa de herramientas de gobierno corporativo apropiados para la tarea de administrarla, con una junta directiva empoderada, con facultad para nombrar y remover al gerente.
Las decisiones en el gobierno de Alvaro Uribe con Jorge Humberto Botero como Ministro de desarrollo empeoraron las cosas.
El Presidente Uribe ofreció en su momento asignar para inversión en infraestructura en Cali los recursos debidos a la Nación como consecuencia del préstamo del BID avalado y atendido por ella, pero no cumplió. Esa circunstancia tiene hoy a la empresa en situación de caja muy apretada, pues se pagó a los demás acreedores a expensas de la operación, y ahora se pretende que la empresa, deficitaria en mantenimiento, genere el efectivo necesario para pagar la deuda en 10 años. La administración municipal de Cali debería asumir una posición muy radical, para que la Nación admita sus responsabilidades y permita hacer bien el trabajo de reconstruir la empresa, en vez de perturbarla con planes de desempeño, a concertar con la misma Superintendencia que la tuvo en sus manos y acabó de destruir lo que había quedado después de la gestión por los políticos.
El análisis de los hechos obliga a evaluar el desempeño de la empresa desde la intervención y comparar los flujos de caja que resultaron de esa gestión y su proyección con los que habrían resultado de una gestión acertada durante la intervención. Basta mirar el aumento en las pérdidas de agua y energía, la posición financiera hoy, establecer las necesidades de dinero y conocimiento para regresar las pérdidas a niveles razonables, y compara en el tiempo el desempeño de la empresa con el de otras de esos sectores. A ello se le puede sumar una estimación gruesa de la pérdida de valor en el negocio de telecomunicaciones.
La nueva gerente, Cristina Arango, nombrada por el alcalde Maurice Armitage, encuentra una empresa en francas dificultades. Se requieren medidas urgentes. Es preciso diseñar un plan de acción con revisión del gobierno mismo de la empresa, las relaciones contractuales con sus trabajadores, la situación financiera y los requerimientos para el rescate de la operación. No se trata de perjudicar a nadie, sino de defender los intereses de una entidad pública, propiedad del municipio de Cali, frente a los propósitos políticos del gobierno y las aspiraciones desmedidas de remuneración sin esfuerzo de quienes lideran la organización sindical, a expensas de la estabilidad futura de los puestos de trabajo: si no se logra el éxito en el proyecto de reconstrucción de empresa será inevitable su liquidación.
