El equipo de ocho personas que conforma Océano, el arma contra la corrupción es multidisciplinario. Lo lidera la abogada Liliana Jaramillo y la acompañan un economista, dos ingenieros industriales, dos ingenieros electrónicos, un relacionista internacional y un ingeniero de sistemas. Su trabajo consiste en organizar una base de datos centralizada para cruzar toda la información disponible sobre contratación pública. El que esté bajo la dirección del despacho del Contralor Felipe Córdoba, le permite contar con el apoyo de otras áreas al interior de la entidad, disponer de los recursos necesarios y realizar los acuerdos interinstitucionales requeridos.
El equipo trabaja con bases de datos públicas y aquellas sujetas de control por parte de la Contraloría: el Secop I y II, el SIA Observa de la Auditoria General de la Republica donde reside información de las contralorías territoriales, el SIVICOP con información de la contratación del distrito capital, el SIRECI con datos correspondientes a los fondos o bienes de la Nación objeto de control fiscal por parte de la Contraloría General, el boletín de responsabilidad fiscal, Confecamaras, entes Sancionatorios (Supersociedades, Procuraduría, Contaduría), Colombia Compra Eficiente, y la DIAN para identificar los integrantes de los consorcios.
El problema tecnológico no ha sido sencillo y comienza por tener que organizar las bases de datos con diferentes estructuras y formatos, con información deficiente e incompleta. Solo en el Secop, el 35 % de la información presenta problemas y cae en el rango de errónea. Océano realiza un proceso de depuración en varias etapas para lograr verificar cédulas y nits, cifras, comparar nombres, validar fechas, direcciones, etc. Un proceso semiautomático que redujo la base de datos de 13 millones de contratos a 7,1 millones viables de cruzar, lo cual demuestra el poco control sobre la calidad de la información que se ha manejado en el país.
El proceso está apoyado por compañías multinacionales y gobiernos de otros países para sofisticar la herramienta, mientras la directora del Proyecto avanza para lograr la firma de convenios con otras entidades en busca de nuevos datos de información públicas y privadas, que incluyen hasta la data de familias en acción y la Fiscalía.
Un equipo trabaja de cerca con la abogada Liliana Jaramillo para poder hacer el rastreo de la corrupción.
El resultado más relevante hasta el momento, son las mallas empresariales. Estructuras identificadas dentro de los 7,1 millones de contratos analizados entre el 2014 y el primer trimestre de 2019, que demuestran que el 27,9 %, por valor de $ 171,7 billones han sido asignados a contratistas que se repiten, actúan camuflados detrás de Consorcios, Uniones temporales, o tienen una “llamativa” multiplicidad de objetos contractuales. Posibles contratos de colusión de entidades jurídicas o personas naturales que no cuentan con la experticia o la capacidad financiera para llevar a cabo estos múltiples y diversos contratos. Casos como un mismo revisor fiscal para 27 compañías, o personas fallecidas o sancionadas que siguen contratando con el estado, han comenzado a aparecer objeto de estos cruces.
El futuro es prometedor. La Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF ha realizado cruces a manera de prueba entre SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) y Océano, que le agrega al análisis los movimientos de dineros en el sector financiero. Informalmente varias entidades del Estado le solicitan permanentemente a Océano se le analice empresas o personas naturales en procesos de contratación, algo que Víctor Muñoz, el Consejero de Transformación Digital de la Presidencia ha identificado como un mecanismo fundamental para disminuir riesgos en la adjudicación de contratos por parte del Ejecutivo.
Por lo pronto, el Contralor Felipe Córdoba ha definido que los controles realizados en los diferentes sectores por sus equipos auditores, ya no se harán sobre contratos al azar o dirigidos.
A partir del segundo semestre de este año, Océano será de obligatoria consulta para la elaboración del Plan General de Auditoria. La herramienta proveerá a los equipos auditores una identificación de mallas empresariales activas en las entidades y el listado de los contratos que deben ser auditados ya sea por su valor, objeto, impacto o denuncias. En los próximos meses, la Contraloría creará un Gran Centro Integrado de Información para analizar ejecución de presupuesto y la contratación, con Océano como base. Además, el control preventivo para la ejecución de recursos públicos que se encuentra en discusión en el Congreso, permitirá a la Contraloría realizar unos procesos de advertencias y controles sobre la contratación, previo al desembolso de los recursos públicos.
Océano, ha pasado a ser de una herramienta de la Contraloría a la base de datos centralizada para la lucha contra la corrupción. Un mal que según datos de la Contraloría le cuesta al país $ 50 billones al año, es decir, casí un billón de pesos por semana y que constituye el arma más fuerte contra la corrupción.
