A raíz del establecimiento de múltiples y dinámicas relaciones con otras zonas del país, el Bajo Cauca se ha construido históricamente como un territorio abierto, lo que ha hecho que se convierta en una región rica social y culturalmente. El proceso de urbanización se ha dado por diferentes fenómenos como los generados por los procesos migratorios externos que hacen al Bajo Cauca receptora de población al ofrecer desarrollo de actividades económicas, ventajas geográficas y estratégicas de comunicación e interacción; además de los factores de expulsión internos como la crisis minera, el bajo desarrollo rural, inundaciones, pobreza, desempleo y conflicto armado.
Particularmente, el fenómeno del conflicto armado presente en la región ha reconfigurado diversos escenarios de violencia con la presencia de numerosos actores armados al margen de la ley (grupos paramilitares, bandas criminales y disidencias de organizaciones insurgentes), quienes han incrementado su accionar y presencia territorial en torno a la expansión de actividades emergentes asociadas a la economía cocalera y minera. Esto evidencia el escalamiento de las confrontaciones en torno al posicionamiento y dominio de economías ilegales altamente rentables, especialmente el narcotráfico, la extracción ilegal de minerales y corredores estratégicos para el transporte y distribución de drogas ilícitas.
La intensificación reciente de la guerra y con ella las diferentes modalidades delictivas (extorsiones, secuestros, homicidios, entre otros), han agudizado la condición de crisis humanitaria de buena parte de la población de la región del Bajo Cauca, debido a que las zonas que anteriormente dejó la organización insurgente de las Farc, fueron inmediatamente copadas por el Clan del Golfo mediante la venta de franquicias, lo que precipitó la presencia de ejércitos del narcotráfico, como los Pachelly y los Zorros.
Un indicador que refleja la degradación producida por la confrontación entre las diferentes organizaciones criminales es la tasa de homicidios que ha afectado con suma gravedad a los municipios de Caucasia, Cáceres, Tarazá y Valdivia, configurándose una violencia selectiva mediante la utilización sistemática del sicariato.
En el contexto de la territorialidad, el municipio de Caucasia es el que presenta la más alta tasa de homicidios en la zona urbana, con una participación del 77% en el 2018, la cual prácticamente se duplicó desde el 2015 cuando fue del 35%. Por su parte, los municipios de Tarazá y Cáceres en la zona rural representan el 100% de la tasa de homicidios, la cual se ha disparado significativamente en el municipio de Ituango que en el 2018 se ubicó en un 48% frente al 12% de 2015, arrojando un incremento de 36 puntos.
El fenómeno de las múltiples violencias en la región del Bajo Cauca Antioqueño está tipificando lo que se denomina el “vaciamiento de la población residente” por parte de los actores armados desde el ‘Clan del Golfo’; un grupo armado liderado por antiguos lugartenientes de los exjefes paramilitares ‘Cuco Vanoy’ y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, que han sobrevivido a guerras y persecuciones oficiales y que se autodenominan ‘Los Caparrapos’; una fortalecida guerrilla del Eln hasta una estructura conocida como ‘Los Paisas’ se estarían disputando cada rincón de una región rica en oro y en cultivos de hoja de coca para uso ilícito.
Desafortunadamente, y en medio de todo esto, quedan numerosas comunidades indígenas, afros y campesinas, víctimas de una crisis humanitaria que tiende a agudizarse. La presencia de narcotraficantes mexicanos y chilenos enrarece la crítica situación.
