La DEA en representación de los Estados Unidos dirige la última implosión de las estructuras mafiosas que se enquistaron en las tres ramas del poder público colombiano. La noticia de que existe una red de extorsionistas profesionales que doblega a las más exitosas empresas de clientelismo de los últimos años es la gota que tiene que rebosar la copa de una sociedad que padece la inequidad de un estado botín objeto de la más apurada disputa por parte de todos los sectores políticos.
Las declaraciones del senador Musa Besaile en el espacio radial de Vicky Dávila de la W, que avergüenzan a todo el que las escuche, son la nueva etapa de un proceso que se inició con el reclutamiento de Alejandro Lyons por la DEA, y que destapó la verdadera naturaleza de uno de los jóvenes abogados más exitosos del mundo del litigio penal, que además, valga decirlo, posaba de académico en los diferentes círculos sociales, sirviendo tal vez de ejemplo llamativo para muchos estudiantes de Derecho en el país. Esto da cuenta del espejismo de dicho ejemplo que consiste en que sus estrategias corresponden presuntamente más al proceder de un experimentado delincuente que a un estudiado y juicioso abogado penalista.
A quiénes terminará favoreciendo en la lucha electoral que ya empezó esta crisis política y judicial es la pregunta que ronda la cabeza de quienes actúan como espectadores ante esta situación. Detrás de quién va la DEA, y cuáles candidatos presidenciales pueden explotar esta crisis para subir en las encuestas es lo que debe inquietar, porque es un hecho que quienes parecían fuertes de cara a las presidenciales, hoy buscan como sea deslindarse de la malgastada y desprestigiada unidad nacional que apostó todo su capital político en un plebiscito innecesario que selló su próxima derrota electoral.
El ejercicio profesional del Derecho no se puede seguir guiando bajo las absurdas tarifas impuestas por la banda de turno que se hace con el poder de alguna alta corte, no se sabe en que pueda terminar esta crisis y quién aproveche para agitar una vez más en la sociedad colombiana, el viejo mito de que una constituyente es la salvación de un país, cuya historia constitucional está marcada por su volatilidad y poca efectividad de las leyes a la vida práctica.
Esta crisis en la rama judicial no solamente puede arreciar con la institucionalidad del país, también destruye el poco prestigio del que gozaban los abogados. Sobre todo esas altas cortes que representaban el más alto logro para un jurista, una investidura que inspiraba el respeto de quienes optaron por la carrera del Derecho en sus vidas. Si el litigio depende exclusivamente de saber explotar las relaciones sociales, presionar de manera abusiva clientes o personas que tienen problemas con la justicia, quiere decir que el código de disciplinario de los abogados es un simple material de relleno en las Facultades de Derecho, y que dicho código más que ser abolido, debe ser complementado con abiertas y sinceras discusiones sobre la práctica del ejercicio profesional, no basado en ideales poco realizables sino más bien en la comprensión de que todas las trampas y el desmedro de la profesión del abogado se ve reflejado en la desigualdad entre profesionales. En últimas, bajo estas circunstancias, no es mejor abogado quien mejor esté preparado, sino quien sea más habilidoso para tender puentes entre la corrupción y la práctica profesional, y eso es grave, doloroso y decepcionante para quienes dedican su vida a esta profesión.
