El presidente Richard Nixon declaró en 1971 la “guerra contra las drogas” con el argumento de que las mismas eran “una amenaza para la seguridad nacional” que debía ser “combatida enérgicamente”. Y nuestros gobiernos de buena o de mala fe o simplemente por acatamiento y reverencia consuetudinarias al sedicente “líder del mundo libre” se sumaron a la misma, iniciando así uno de los capítulos más violentos de nuestra violenta historia. El mismo que el presidente Petro ha decidido en buena hora clausurar, pese a la oposición soterrada de quienes se empeñan en perpetuar con argumentos que difícilmente encubren los turbios intereses que realmente defiende. Pero si entre los defensores de la guerra contra las drogas hay gente honrada que aún cree en la nobleza de dichos argumentos, les recomiendo leer el siguiente pasaje de una entrevista concedida hace medio siglo por John Ehrlichmann, destacado miembro del equipo de gobierno de Nixon, implicado hasta tal punto en la conspiración del Watergate, que terminó en la cárcel por ello. El veterano periodista Patrick Cockburn la cita en The Age of Hypocrisies -La edad de la hipocresía – un artículo que publicó el 23 de agosto pasado en Counterpunch.
“¿Quieres saber de qué se trata realmente esta guerra?” preguntó Ehrlichmann. Y él mismo respondió: “La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después, tenían dos enemigos: la izquierda contra la guerra y los negros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos hacer que fuera ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero al hacer que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizarlos severamente, podríamos perturbar esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, asaltar sus casas, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que lo hicimos”.
Más claro no canta un gallo: la declaración de la guerra contra las drogas obedeció a intereses y propósitos políticos partidistas y hasta sectarios enmascarados justificados públicamente con el manido argumento de la “seguridad nacional”.
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En el medio siglo que nos separa de su hipócrita declaración se han generado, unas formidables estructuras de poder mafioso que han infiltrado hasta extremos inauditos a los tres poderes de la república
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Obviamente el reconocimiento de esta verdad no basta para poner fin a dicha guerra. En el medio siglo que nos separa de su hipócrita declaración se han generado, para nuestra desgracia y la de tantos de nuestros hermanos latinoamericanos, unas formidables estructuras de poder mafioso que han infiltrado hasta extremos inauditos a los tres poderes de la república y que no se podrán derrotar a menos que consigamos desmantelar dos de las condiciones fundamentales que hacen posible su existencia. La primera es material: el crecimiento exponencial de los cultivos de marihuana, coca y amapola está asociado a la devastación de nuestra agricultura. Hace cincuenta años producíamos más de las dos terceras partes de los alimentos que consumíamos, hoy no producimos ni la mitad. La ruina de la agricultura, promovida por los leoninos tratados de libre comercio, ha sido la de los agricultores, muchos de los cuales no han tenido más alternativa que cultivar nuestros únicos productos rentables gracias a la prohibición de su cultivo, procesamiento y consumo.
La segunda condición decisiva es legal. En todos estos años los diplomáticos de Washington se han aplicado diligentemente a la tarea de generar a escala internacional una punitiva legislación antidroga fiel reflejo de la impuesta en su país. La legislación que legaliza y justifica esa guerra y que tarde o temprano tendrá que ser modificada. Como lo demuestra el hecho de que 16 estados de los Estados Unidos ya hayan legalizado la marihuana y de que en estos momentos haya una vigorosa campaña de recogida de firmas para solicitar al Congreso de dicho país la expedición de una ley federal que la legalice en todo el territorio nacional. Este si que es un objetivo importante de este gobierno y desde luego de nuestro servicio diplomático: promover una declaración conjunta de los gobiernos latinoamericanos, o por lo menos de los más afectados por las secuelas de esta guerra, en favor de la legalización internacional de la marihuana y de la coca. No puede ser que hoy a California se le permita montar una potente y muy lucrativa industria del cannabis, mientras que una absurda legislación punitiva nos prohíbe hasta cultivarla.
