Frente a una guerra de exterminio, en donde una masacre se sucede a otra, enviar más tropas sin tener una coordinación con la población, no significa nada. Y para las comunidades indígenas, campesinos negros y mestizos, no representa nada nuevo sino más de lo mismo. Es una guerra ajena en donde ellos colocan los muertos.
Situaciones extremas requieren soluciones extremas. La paz —está más que demostrado en todo el mundo y en todos los tiempos— solo se hace y se defiende con armas. Frente a una guerra irregular impuesta por grupos armados bajo la dirección del Cartel de Sinaloa, que aplica nuevas estrategias de exterminio y/o de sometimiento forzado, los indígenas con bastones y actos de buena fe (movilizaciones, comunicados, llamamientos a la paz) no lograrán ninguna solución.
De acuerdo a la forma como actúan estos grupos ex-Farc, se constata que hay una nueva orientación, que es una práctica de los carteles mexicanos. Se trata de aterrorizar al conjunto de la población, impedir su desplazamiento, comprar y cooptar gente con dinero, declararse narcotraficantes sin ningún rubor, y mostrarse como otro poder frente al Estado pero sin ninguna connotación política. Es decir, puro y sucio negocio armado y sanguinario.
Y para las comunidades de la región, especialmente para el movimiento indígena, un ejército oficial, dirigido por terratenientes e infiltrado por narcos, no es ninguna garantía para su supervivencia y para resolver el problema de los cultivos de uso ilícito y de la violencia que está aparejada a esa realidad económica-productiva (coca, marihuana).
Por ello me atrevo a plantear las siguientes propuestas para enfrentar una situación tan extrema y crítica, que a corto plazo no tiene salida sin el concurso general de la población.
Se requiere que el pueblo nasa y campesino de la región, establezcan una alianza pública con el Estado y el ejército, bajo las siguientes condiciones:
a) Militarización de la región con presencia activa de cuerpos armados de paz de la ONU, para supervisar la acción del Estado y de la Guardia Indígena, Campesina y Negra;
b) Armamento general, provisional y temporal, de las Guardias Indígenas, Campesinas y Negras, y entrega de logística de comunicaciones y transporte a amplios sectores de la población a manera de una milicia de base;
c) Financiación de un programa urgente de erradicación de cultivos de uso ilícito (que debe ser obligatoria) y de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, incluyendo paquetes de compensación a las familias cocaleras. Ello debe incluir financiación de proyectos productivos de transformación y procesamiento de las materias primas y acceso a mercados internacionales para vender nuestros productos (única garantía de rentabilidad).
d) Y en todo evento, en todos los escenarios, plantear lo que se dice en el último párrafo de mi anterior artículo: “Está visto y comprobado que mientras exista la política de prohibición de la droga (cocaína, heroína, opio, marihuana, etc.), es decir, mientras no se acabe el incentivo artificial que hace que ese negocio sea tan rentable, nuestros pueblos se van a ver sometidos por más altos niveles de violencia, corrupción, delincuencia organizada, y connivencia estatal, que es utilizada a la vez, como estrategia política y económica para mantener a la población atemorizada y controlada” [1].
El principal argumento que se presenta contra el punto b), o sea, el de armar a las “Guardias Populares”, consiste en decir que es un gran peligro, que se puede repetir y generalizar el fenómeno de las “autodefensas” que fueron la base del paramilitarismo. A dicha prevención habría que responder con los siguientes argumentos:
- En realidad los grupos paramilitares nunca fueron “autodefensas” de verdad. Las Convivir, base inicial del paramilitarismo, fueron grupos armados privados, mercenarios pagados por las mafias y por los parapolíticos, y apoyados por sectores del ejército. Solo se apropiaron del nombre de “autodefensas” pero siempre fueron grupos privados y mercenarios.
- Es necesario que la población indígena y campesina de la región sea armada a través de sus Guardias Indígena, Campesina y Negra, en forma temporal y provisional, para impedir que la gente se arme en forma espontánea y desordenada (como ya seguramente está ocurriendo), y también, es una forma de presión al gobierno y a la ONU. De lo contrario, el Estado no cumplirá nada, la ocupación militar se quedará por siempre en el territorio, los pueblos entregarán y perderán su autonomía, y los cultivos ilícitos nunca serán erradicados ni sustituidos.
[1] ¿Santander de Quilichao y el Cauca se convertirán en el Culiacán y el Sinaloa colombianos?
